Siete años de estatuto de autonomía

La aprobación y puesta en práctica del estatuto de Guernica es, por un lado, el reconocimiento de una realidad que sería grave error ignorar, y , por otro, un paso decisivo para la superación de los problemas de la crisis social vasca. Y es que, en efecto, la autonomía vasca (no excluyo a otras, sino que hoy hablo de ésta) no tiene el más mínimo parecido con algo otorgado o concedido, sino, por el contrario, consecuencia de una reivindicación natural y hondamente sentida en el pueblo vasco de forma mayoritaria, y no solamente en sectores nacionalistas, aunque, desde luego, con planteamientos diversos. Conviene no olvidar, no obstante, que más de los dos tercios de los votos se inclinan, de una manera estable, por partidos del espectro nacionalista. Quiere ello decir que, si se pretende aproximarse al problema vasco con pretensiones de generalidad meramente homogeneizadora, o si sé analiza desde simples perspectivas de establecimiento de sistemas más operativos de funcionamiento de la Administración pública, se está hurtando un componente esencial al discurso.Por eso mismo, antes afirmaba que su aprobación fue un paso decisivo para encauzar el problema vasco. Tal vez, no obstante, el ímpetu inicial cedió más tarde y hubo quien pensó que se trataba de una simple operación de cirugía estética y que, como en las malas películas, bastaba con simular una escena con cartón piedra y maquetas.

Los problemas del camino estatutario hasta la fecha han sido internos o propios de la sociedad vasca y exteriores a la misma. En alguna otra ocasión he afirmado que, con frecuencia, los vascos no solamente nos consideramos el ombligo del mundo, sino que además pensamos que el mundo sólo tiene un ombligo, o sea, nosotros. Es necesario hacer una autocrítica importante del comportamiento y situación vascos. Hay que empezar por reconocer que la democracia es en Euskadi una flor que ha crecido menos y es más débil que en otros lugares. Por eso es frecuente que opciones minoritarias (considerables, pero minoritarias) descalifiquen olímpicamente las reiteradas manifestaciones del conjunto del pueblo vasco a través de las sucesivas consultas electorales.

Y estamos acostumbrados a que el 12% de los votos hable en nombre del pueblo vasco, sin importar lo más mínimo que no sea esa opinión la mayoritaria, produciéndose con singular desparpajo una especie de inhabilitación (no sabemos si por minoría de edad o demencia) de la opinión mayoritaria. De esta suerte volvemos a una situación que parecería superada, ya que es sencillamente franquista: se sustituye la voluntad popular por la del salvador de turno, empeñado en llevarnos al cielo aunque no queramos. Habría un grupo de escogidos con licencia para hacer caso omiso de lo que manifestemos mayoritariamente.

Coraje

En otras ocasiones, los sectores que han aceptado la vía estatutaria no han sabido desprenderse con coraje de los prejuicios. Y, sin más solución de continuidad que los intereses políticos de cada momento, un mismo responsable (o no) político pasa de afirmar que el estatuto confiere el mayor autogobierno de Europa a manifestar que hay que revisar la opción elegida; o de proclamar (sin base alguna) que ya estaba desarrollado en su integridad prácticamente a señalar que está vacío de contenido, por decirlo irónicamente.

En ningún lugar del mundo son tan importantes los ordenadores como en Euskadi: es el único modo de conocer en tiempo real el posicionamiento de algunos políticos sobre estos temas.

Por no citar la violencia y el terrorismo, que han sido el acompañante estable de Euskadi en estos años de estatuto (fortaleciendo, por cierto, la posición de quienes pretenden la inutilidad de las medidas políticas). No sólo el acto terrorista directo y espectacular, sino la violencia, que produce falta de libertad de opinión, de manifestación.

Pero si es verdad que los vascos necesitamos acometer con valor y decisión ese análisis hacia dentro, no menos cierto y urgente es afirmar que el proyecto que nació con grandes dosis de generosidad ha perdido vigor, y aquella generosidad se ha trocado en avaricia, recelo y marcha atrás. Son los factores externos que antes mencionaba.

Cualquier observador imparcial tiene que reconocer que des de el verano de 1981 (los pactos autonómicos, la LOAPA) se produjo un cambio decisivo. No es lo más importante, con serlo mucho, el ritmo de las transferencias. Es la filosofía política que emana del comportamiento de los diversos Gobiernos desde ese momento: continuas leyes de bases que, en el más favorable de los casos, contienen la interpretración constitucional menos favorable a la autonomía; decisiones de impugnación ante el Tribunal Constitucional de cuestiones que, tras no pocos meses, hasta años, se advierten sin fundamento; presentación de proyectos de ley contrarios al estatuto que, no obstante, no pueden modificarse, sino, en el mejor de los casos, en el último minuto en el Senado, generando en el intermedio confrontación y desprestigio para el estatuto y las opciones políticas que lo han asumido; por no citar casos como el de la LOAPA, que se prolongan y enconan por virtud del doble defecto de no contar en su elaboración con las nacionalidades históricas y el sostenella y no enmendalla tras dar a luz un bodrio jurídico y político. Aunque la verdad es que no confío mucho en lo que voy a decir, creo que la nueva situación política que va a establecerse en Euskadi después de las elecciones del 30-N debiera permitir abrir un amplio debate sobre la experiencia de estos años del estatuto. Desde el reconocimiento de que se ha avanzado extraordinariamente, sería excelente que, por encima de la refriega concreta de las transferencias, los vascos y los no vascos discurramos con fuerte sentido crítico sobre los siete años de Estatuto de Gernica.