Despilfarro y graves irregularidades en la Xunta de Galicia

"Aquí pasó lo que pasó". El portavoz de AP en el Parlamento de Galicia explicó de tal guisa la grave crisis de la Xunta por los enfrentamientos del presidente Gerardo Fernández Albor y el entonces vicepresidente José Luis Barreiro. Y tenía razón. En la Xunta pasan cosas absurdas o se toman decisiones que pudieran parecer corruptas "porque pasan", sin un mayor esfuerzo en explicarlas o en aclarar su limpieza. Hay edificios que se adjudican después de ser construidos y funcionarios que obtienen plaza en concursos de libre concurrencia cuyos nombres constaban previamente ante notario como seguros usufructuarios de las mismas. Se conceden juegos de azar a empresas donde figuran personas vinculadas a AP o se crean saunas y peluquerías con dineros destinados al paro. "Y sólo pasa", como decía el portavoz de AP, "lo que pasa".La Xunta se ha gastado en los últimos cinco años varias decenas de miles de millones de pesetas en obras públicas, edificios administrativos y centros de enseñanza. Los nombres de media docena de empresas (Dragados y Construcciones, MZOV, Entre canales, San José, Malvar y Martínez Núñez) aparecen una y otra vez en las distintas relaciones que la Xunta envía al Parlamento regional, a regañadientes y tras numerosas preguntas e interpelaciones del Grupo Socialista, como beneficiarias de las adjudicaciones de buena parte de las obras públicas que se han realizado en los últimos años en Galicia. En estas relaciones figuran muchas otras empresas, pero el grueso de los proyectos, tanto por número, de adjudicaciones como por la cuantía económica de las obras a realizar, recae siempre sobre las firmas citadas.

Esta reiteración de concesiones a unas pocas empresas, junto a la utilización exhaustiva del procedimiento de adjudicación directa por parte de la Xunta, han levantado todo tipo de suspicacias. Ceferino Díaz, uno de los principales portavoces del Grupo Socialista en el Parlamento autónomo, no ha dudado en denunciar estos hechos en la prensa regional: "Las obras de la Xunta se están adjudicando siempre a las mismas empresas", "esto es una acción planificada y negociada que tiene mucho que ver con la financiación electoral de Alianza Popular". Algunos empresarios de la construcción, que se sienten discriminados, hablan de que se paga actualmente un premio del 6% de la cuantía de la obra adjudicada, pero no aportan pruebas (quien paga estaría sobornando a un funcionario) y tanto la Xunta como los constructores beneficiados por las contratas niegan estos donativos. El año pasado Anxel Mario Carreño, polémico personaje que desempeñaba entonces la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas y hoy se encarga del deporte en la sede estatal de AP, se hizo famoso con el apelativo de "mister cuatro por ciento". El apodo, que estaba en la calle, saltó a las páginas del diario de sesiones del Parlamento regional merced a una intervención del diputado de Coalición Galega Santos Otijo y posteriormente fue recogido por varios periódicos regionales y nacionales. Los socialistas, en este punto, han presentado enmiendas a los presupuestos de Galicia para que se disminuyan en un 4% las dotaciones destinadas a contratación de obras públicas. La Xunta, y eso se ve claramente en las relaciones de obras requeridas por el Parlamento, fragmenta los grandes proyectos en varias licitaciones parciales para saltarse a la torera los topes legales (25 millones de pesetas para las consellerías y 50 millones de pesetas para el Gobierno regional) requeridos para las adjudicaciones directas. De hecho, incluso, es tal la rutina e impunidad de estas prácticas que alguna de las consellerías, la de Educación concretamente, ha metido la pata de forma flagrante al informar al Parlamento. Fernando Martínez, diputado del PSOE de Galicia, denunció graves irregularidades en una relación de 122 apartados de adjudicaciones de la citada consellería, por un importe global de varios miles de millones de pesetas, que apareció publicada en el número 74 del Diario Oficial de Galicia. "Con unas pequeñas averiguaciones hemos podido constatar que algunas de las obras referidas fue iniciada por el contratista, ahora adjudicatario, en fecha muy anterior no sólo a la de la adjudicación, sino a la de la propia convocatoria del concurso, lo que puede representar un hecho muy grave, ilegal y que echa por tierra cualquier presunción de limpieza y neutralidad administrativa en la libre concurrencia empresarial".

Un carísimo 'botafumeiro'

En la citada relación, según puede comprobarse en el citado diario oficial, aparece también una adjudicación a la empresa Fontela, para obras en un colegio de EGB de La Coruña, por importe de 39,8 millones de pesetas. Importe que supera en 14,8 millones el límite legal para una adjudicación directa por una consellería. "Hay una picaresca generalizada en las actuaciones de la Xunta", denuncian los socialistas; "los constructores, en épocas bajas de trabajo, realizan obras para la Xunta aunque no se hayan convocado los concursos pertinentes y no las puedan cobrar hasta varios meses después. En 1985 se hicieron 24 obras de reparación de centros de enseñanza, por ejemplo las del grupo escolar Celso Emilio Ferreiro de Asilva, con cargo a los presupuestos de 1986". En los últimos días ha salido a concurso un grupo escolar en Cambre que, según Ceferino Díaz, está ya construido y funcionando.Galicia se ha gastado 10.236 millones en los últimos tres años (4.000 millones en 1984, 2.570 millones en 1985 y 3.666 millones en 1986) en una televisión regional que cuenta con una escasísima audiencia, pero que ha servido a los responsables de la Xunta, y muy especialmente al ex vicepresidente José Luis Barreiro, de botafumeiro, de arma política y electoral, y de instrumento preciso y precioso para conseguir indirectamente unas excelentes relaciones con los medios de comunicación regionales. Los ingresos por publicidad de la televisión gallega desde su puesta en marcha, el 25 de julio de 1985, apenas alcanzan los 800 millones.

El escándalo de la televisión gallega -coinciden todos los partidos de la oposición- se inició con la adjudicación de las obras del edificio y sus instalaciones correspondientes. El Diario Oficial de Galicia publicó el 7 de agosto de 1984, en pleno período vacacional, el concurso de las obras de la televisión gallega con un límite máximo de adjudicación de 980 millones de pesetas y un período de 10 días hábiles para presentar los proyectos.

Urgencias del proyecto

La cacicada era de tal magnitud, sólo 10 días y del mes de agosto para redactar y presentar un proyecto de obras e instalaciones de cerca de 1.000 millones de pesetas, que tras una interpelación parlamentaria del diputado de Coalición Galega Santos Oujo los responsables de la Xunta decidieron ampliar en otros 10 días el período de presentación de proyectos. En cualquier caso, un plazo sorprendentemente pequeño para una obra de las dimensiones y coste reseñados. El contrato, en 950 millones de pesetas se lo llevó el consorcio formado por Dragados y Construcciones y Pesa (Piher Electrónica, SA).Los responsables de la Xunta, con el argumento de reducir costes, nombraron corresponsales de la televisión gallega en sus respectivas provincias a los distintos diarios gallegos, que montaron sus propias productoras: La Región (que actúa como corresponsal en Orense y Madrid), La Voz de Galicia, El Faro de Vigo y El Progreso de Lugo. Reciben mensualmente por este cometido más de un millón de pesetas cada uno. La Voz de Galicia, además, percibe otros tres millones de pesetas semanales por un espacio de debate, Encontros, según los parlamentarios socialistas. Este programa, que se transmite en directo, consiste en reunir a tres o cuatro invitados, que no cobran por su comparecencia, en torno a un periodista de La Voz de Galicia, Alvarez Pousa, que fue anteriormente director general de Cultura de la Xurita. Esta empresa se beneficia también de la edición en sus talleres del Diario Oficial de Galicia (80 millones destinó la Xunta a este fin en 1985) y de algunos contratos menores relacionados con distintas publicaciones y con el idioma gallego.

Existe también un personaje árabe, Jaberlbrahim, que es dueño de medio Santiago de Compostela y que posee dos productoras de televisión que trabajan fundamentalmente para la televisión gallega: Productora CTVVídeo y Galaxia Comunicación. Jaber Ibrahim es también propietario del edificio Araguaney, en Santiago.

En unos locales de este edificio estuvo hasta hace unas semanas la Consellería de Ordenación del Territorio, por cuyo alquiler la Xunta pagaba dos millones de pesetas al mes, y en el mismo edificio se ha comprado un magnífico piso (en realidad son dos unidos) el ex vicepresidente Barreiro.