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Tribuna:SECTOR PÚBLICO Y PRESIÓN FISCAL
Tribuna
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¿Qué Hacienda pública queremos?

Comienza Martín Seco indicando que la desconfianza hacia los titulares del poder público y el miedo hacia el Estado provienen en España de una sensación colectiva generada por el período de la dictadura. Como una sensación colectiva no puede objetivarse, no es posible cuestionar su afirmación, pero sí pueden sugerirse otras interpretaciones de esa desconfianza o miedo; entre ellas, la propia tradición del combate liberal en el siglo XIX por acotar el poder del Estado y defender el albedrío individual. Puede igualmente decirse que esa sensación procede directamente del desacuerdo con la gestión del Gobierno actual, que está frustrando buena parte de las ilusiones que le llevaron al poder. Puede también recordarse que, desde la periferia, esa desconfianza afecta a todos los Gobiernos, variando únicamente en grado; así, habría menos desconfianza frente al Gobierno con el que se aprueba el estatuto de autonomía que frente al Gobierno que trata de aprobar la ley orgánica de Armonización del Proceso Autónomico.Continúa Martín Seco afirmando que, en base a esa sensación, se realiza cierta demagogia antiestatal entrecomillando la estrategia que atribuye a quienes buscan un menor peso del Estado. No dice cuál es el origen de ese entrecomillado ni si es aplicable a todos los que propugnan acotar la intervención del sector público, pero su intento de atribuir intereses personales a los críticos para desautorizar su postura puede aplicársele.

Su tesis es que estos críticos usan el Estado en beneficio propio y procuran su reducción cuando ya no disponen de poder. Cabe recordar que socialiftas relevantes de principios de siglo afirmaban que la explotación fiscal es la peor de todas y, en cambio, ahora que están en el poder, otros socialistas piensan lo contrario; más aún, puede incluso, con su metodología, recordarse que él es un alto funcionario y, por tanto, tiene un interés personal en aumentar los recursos y ámbito de influencia del Estado en que tiene una posición relevante.

Lo más importante, sin embargo, es que el padre dé la corriente de opinión a favor de la reducción del peso del sector público es, en la actualidad, F. AHayek, quien propugna esto desde hace más de 40 años y en momentos en que los Gobiernos de derechas eran dominantes en el mundo occidental; más aún, Hayek ha señalado enfáticamente por qué él no es un conservador, y sus postulados, que son ampliamente aceptados por corrientes libertarias, están en consonancia con la izquierda antiautoritaria. Hay, pues, una crítica de izquierda a los excesos del sector público plenamente legítima y a la que no da cabida.

El siguiente punto en su argumentación es la exigencia de coherencia en el sentido de que menos impuestos implican menos pensiones, menos seguro de desempleo, menos escuelas y carreteras, peores servicios públicos o una disminución de gastos militares o de fuerzas de orden público. Aceptaría la reducción de impuestos si se dice dónde reducir los gastos, y, según parece, la lista que da debe ser una, prioridad de los gastos que él reduciría si hubiera menores ingresos públicos.

Empresas con pérdidas

Alternativamente le sugerimos un descenso en las transferencias a las empresas con pérdidas (públicas o privadas), el cese de nacionalización de pérdidas (como lo que se hizo con Rumasa), la reducción de gastos consuntivos no necesarios (y sobre todo los más ostentosos, como aviones Mystére, yates Azor, etcétera), subvenciones a ciertas actividades culturales de cuestionable sentido social, etcétera.

Cierto que, como dice Martín Seco, la situación social influye en lo que se dice tanto a la hora de pagar impuestos como a la de recibir servicios públicos. Y entonces pasa a plantear que las mayores rentas han de pagar más a poco progresivo que sea el sistema fiscal (cuando basta que sea proporcional), y que para esas rentas poco importa la insuficiencia de la enseñanza o la sanidad pública, en lo que tiene parte de razón, pero donde omite que quienes pagamos, principalmente los perceptores de rentas sujetas a retención en origen, nos preocupamos además de la relación entre el coste de esos servicios públicos y la cantidad y calidad de prestaciones recibidas a cambio, y esto deja mucho que desear. En su línea de argumentación pasa seguidamente a tratar de explicar que las modificaciones en materia fiscal de los últimos años muy posiblemente podrían sorprendemos. Según él, "la imposición a nivel global ha descendido, o al menos no se ha incrementado al mismo ritmo de los años anteriores". ¿En qué quedamos?, ¿ha descendido o ha subido, pero poco? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que en la década de los ochenta, España es el país de su ámbito con mayor aumento de la presión fiscal.

De otro lado, la reducción fiscal es formal si no contempla adecuadamente la incidencia de la inflación en las rentas nominales, y el rechazo que atribuye a quienes nos quejamos de lo contrario, esto es, de la incapacidad gubernamental para acabar con el incumplimiento fiscal, ahí, las comisiones para la evaluación del fraude fiscal están lejos de mostrar una realidad que el Gobierno pueda exhibir de forma triunfalista.

La úItima parte del artículo de Martín Seco es una afirmación de que los críticos a la actual Hacienda pública son en realidad benévolos para con el fraude, cuando no fomentadores. En nuestra opinión, el fraude es originado por normas que hacen costoso trabajar en la legalidad y que no penalizan adecuadamente la conducta irregular. El Gobierno debiera actuar en ambos lados, previniendo y combatiendo, mientras que culpar a los que se oponen a sus criterios es una forma más de eludir responsabilidades.

También acusa a los críticos de ciertas medidas inspectoras de crear una opinión de amenaza por parte de Hacienda cuando los ciudadanos no tienen por qué sentirse amenazados por una Administración tributaria más eficaz, lo que debiera ser cierto; pero, entonces, ¿por qué se acabaron los peinados fiscales tras conatos de manifestación pública y masiva repulsa en ciertos lugares (como Manresa, por ejemplo)?

Crecimiento como virtud

Es posible que a algunos no les guste que Hacienda seamos todos. A nosotros sí nos gusta; sin embargo, no estamos a favor de una Hacienda que considera su crecimiento como una virtud. No es mejor el Estado por ser mayor, sino por ser más eficaz, y para ello, el abandono de actividades sin interés social, de empresas generadoras de pérdidas sin aportar una contrapartida, del derroche consuntivo, etcétera, puede ser muy deseable. Tampoco es nuestra Hacienda la que mistifica las cosas: no entra en los problemas reales y realiza la apología de una situación en la qu,e el descontento ciudadano respecto a la carga fiscal y la calidad de la aportación del sector público han sido puestos de relieve reiteradamente.

Nuestro desacuerdo con el tipo de Hacienda pública que quiere Martín Seco no le faculta para dudar de nuestra honestidad, como tampoco nosotros dudamos de la suya, ya que si le hemos imputado implicaciones personales ha sido meramente a título de ejemplo de adónde puede llevar el tipo de razonamiento que él utiliza para evitar entrar en problemas concretos, sustituyendo el tratamiento de opiniones por la descalificación de actitudes que atribuye a quien no comparte sus criterios. En cuanto a los calificativos que utiliza, entendemos que el ejercicio del poder no otorga el derecho a dar patentes de honestidad o progresismo; mucho menos el monopolio de las buenas intenciones.

Jacint Ros i Hombravella es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y Joaquim Trigo i Portela es profesor titular de Teoría Económica en la Universidad Central de Barcelona.

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