Los detenidos en Madrid fueron preguntados por su relación con otros centros intervenidos

El juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que sigue las diligencias por presuntas prácticas abortivas en dos centros de planificación familiar, preguntó ayer a varios de los detenidos sobre su posible relación con otros centros de Málaga, Valencia y Salamanca, donde también han sido detenidas algunas personas por los mismos motivos. Ayer prestaron declaración algunos de los 16 médicos y sanitarios que fueron detenidos junto con las pacientes de dichos centros.

Catorce de estos sanitarios permanecían a última hora de ayer en los calabozos de los juzgados de la plaza de Castilla, pero se esperaba una decisión inmediata del juez que permitiera o bien su puesta en libertad o el ingreso en prisión.Supuestamente, el juez busca entre estos detenidos a alguna persona que guarde algún tipo de relación con el aborto practicado a principios de este año en Madrid a Consuelo Esteban Pedriza, que falleció a los pocos días en el hospital de Valdecilla de Santander.

El primer detenido que comparació ayer ante el juez fue Guillermo Alfonso Sánchez, presidente del centro médico Dator que respondió durante tres horas a las preguntas del juez. Algunas de estas preguntas se refirieron según explicó la abogada Cristina Almelda, a la posible relación de este médico con otros centros que presuntamente tenían actividades abortivas en Málaga, Valencia y Salamanca. Preguntas similares planteó el juez a otros detenidos que declararon ayer.

A otra de las detenidas, Victoria Virtudes, que declaró que no trabajaba en el centro Duratón el juez le leyó el contenido de una cinta grabada procedente de una operación de pinchado de teléfono y le preguntó si reconocía su voz. Ella dijo que no era su voz y que fue detenida cuando se dirigía al centro para esperar a una de las ginecólogas, según explicaciones de Inmaculada González de Lara, abogada de la detenida. Con las últimas detenciones de Madrid y Valencia, la práctica totalidad de los colectivos que se reunieron en la última ciudad el pasado 13 de septiembre para diseñar una campaña en pro de la legalización del aborto han sufrido detenciones, procesamientos y encarcelamientos. Los grupos participantes -centros oficiales de planificación familiar de Madrid, Cataluña y el País Valencia no; Los Naranjos, de Sevilla; Comisión pro Derecho al Aborto, de Barcelona y Madrid; Asociación Ocho de Marzo y Acuario, de Valencia, entre otros- apenas han tenido tiempo de poner en práctica las medidas de presión que aprobaron entonces en apoyo de la intención manifestada por el Gobierno de liberalizar las interrupciones voluntarias del embarazo.

'Contracampaña'

En círculos feministas y de la abogacía se mantiene la opinión de que existe una contracampaña desatada desde algunos ámbitos judiciales. Consideran que esa contracampaña ha precipitado los acontecimientos e hizo que el grupo de Salamanca no pudiera asistir a la reunión de Valencia porque ya habían comenzado sus problemas con la Justicia.En este sentido, altas fuentes policiales han descartado que haya existido una maniobra policial en la detención de los acusados de delitos de abortos. Argumentan que existe desde hace tiempo un grupo adscrito directamente al juez instructor que dirige este caso y con dependencia exclusiva del magistrado. Las mencionadas fuentes han precisado que desde hacía un mes se tenía conocimiento de importantes datos sobre el caso, y añaden que desconocen por qué la operación se ha llevado a cabo justamente horas antes de que el Gobierno aprobara el decreto que ampliaba la anterior legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El juez y diversos miembros del colectivo sanitario Acuario detenidos y puestos en libertad sin fianza el jueves a raíz de una investigación sobre la muerte de una joven de 19 años que había abortado, han descartado de plano que esta actuación esté relacionada con las acometidas en estos días por otros juzgados españoles, informa desde Valencia Juli Esteve.

Fuentes cercanas al caso dijeron que la clínica que Acuario tiene en Valencia fue implicada en este asunto por un joven de 17 años, conocido de la fallecida, que declaró ante el juez que su novia, de 15, había abortado recientemente en dicho centro y que era posible que la difunta también lo hubiera hecho. El colectivo Acuario lo ha desmentido rotundamente.

El fiscal Francisco Muñoz Zataraín anunció ayer que el procedimiento sumarial de los nueve miembros de la clínica Canalejas de Salamanca, cuyo director, Jesús Fiel, continúa en prisión, está concluido y que él formulará en estos días las peticiones que estime oportunas "en aclaración de los hechos y posible participación" de las mujeres que presuntamente acudieron a interrumpir su embarazo, de las que se encuentran 250 identificadas, informa María del Mar Rosell.

Huelga de hambre

En Málaga continúan la huelga de hambre los tres médicos y el estudiante encarcelados por supuesto delito de aborto, informa José A. Frías En este sumario se encuentran procesadas 19 persónas: 11 mujeres, en libertad provisional bajo fianza de 25.000 pesetas cada una; cuatro enfermeras, en la misma situación con una fianza de 50.000 pesetas cada una, además de los tres médicos y el estudiante de medicina, en prisión incondicional desde el pasado día 7.El sumario del aborto en Málaga se inició por una denuncia anónima que, despachada por el ministerio fiscal llegó al titular del juzgado de instrucción número 10, Guillermo Falguera. El teléfono de la clínica del doctor Germán Sáenz de Santamaría fue intervenido y el pasado día 5 se lleva a cabo la redada policial. Las mujeres fueron detenidas una vez que abandonaban la clínica, en lugar de cuando entraban a pesar de que la policía disponía de una lista con nombres, apellidos y hora fijada para la intervención.

No está claro quién decidió esta manera de actuar y otros detalles del proceso, ya que el juez Falguera decretó el secreto sumarial durante 30 días.