La Casa Blanca intenta limitar los daños causados por la 'conexión iraní'

El presidente Ronald Reagan parece haber perdido el control sobre la cabriola iraní. Sus principales asesores elaboraron, en el curso de una reunión celebrada en Camp David el pasado fin de semana, una estrategia para contener los efectos negativos desencadenados por la polémica venta de armas a Irán. Éstos parecen ser sus principales puntos:- Autorizar, e incluso animar, al secretario de Estado, George Shultz, a que haga públicas sus diferencias. Se espera que ello sea para él una válvula de escape que le permita liberar la presión suficiente para posponer su dimisión, un hecho que actualmente parece casi inevitable. No es un secreto que Shultz está harto y que así se lo ha manifestado al presidente. Sus quejas no sólo se refieren a la operación de venta de armas a Irán, sino que también se centran en el programa de desinformación sobre Libia y el ingente esfuerzo preelectoral llevado a cabo por la Administración con el fin de echar por tierra su pública desilusión ante el fracaso de las conversaciones sobre desarme en la cumbre de Reikiavik. Para colmo, la posterior reunión que Shultz mantuvo en Viena con el ministro de Exteriores soviético, Edvard Shevardnadze, demostró que el secretario de Estado tenía razón.

- La celebración de una nueva conferencia de prensa de Reagan para explicar la operación iraní. Lo más dificil para Reagan será reconciliar las explicaciones contradictorias de que su actuación estuvo movida por un sentimiento de compasión hacia los rehenes en Irán y la de que su rescate no fue el objetivo real de la operación.

- Desviar las investigaciones de los comités de inteligencia del Congreso que tienen previsto iniciar sus audiencias el próximo viernes para evitar que se centren en la CIA en la sombra del coronel Olver North que opera al amparo del Consejo de Seguridad Nacional, y que fue creada con el fin de dificultar no sólo las investigaciones parlamentarias sobre Irán sino también las referentes a la ayuda militar facilitada a la contra nicaragüense.

Con este fin, se está invocando la facultad del poder ejecutivo para impedir que declare el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, al que Shultz, en una entrevista televisada, ha señalado como la figura clave de la operación iraní. En su lugar, se ha ofrecido como cabeza de turco el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Casey. Algunos de los mismos altos asesores que al principio afirmaron que la CIA no estaba involucrada en la operación han informado posteriormente que la agencia estuvo representada en todas las reuniones mantenidas con los iraníes y que Casey recibió una orden directa del presidente, en enero, para que ocultara la operación al Congreso.

La Administración de Reagan espera que los temas secundarios, como es el de si notificar una operación secreta diez meses después de iniciarse se corresponde con los plazos de la legislación vigente, darán a los comités del Congreso materia suficiente sobre la que meditar. Incluso en el caso de que el poderoso Casey tenga que dar ahora la cara, su sacrificio es considerado como preferible a permitir que la presión aumente de cara a la toma de posesión en enero de un Congreso mayoritariamente demócrata.

Este plan para limitar los daños de la operación iraní puede tener éxito o no pero, en todo caso, tendrá que dar algún resultado hasta que a alquien, en la Casa Blanca, no se le ocurra una idea mejor o surja alguna otra crisis que desvíe la atención del mundo entero de este asunto.

Cox New Service