Por la boca muere el juez

Varios jueces -el de Cistierna, con el tema del pantano de Riaño, y Jesús María Calderón, en Madrid, entre otros- han empezado a aplicar taxativamente esta semana el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que les recuerda que deben abstenerse de hacer declaraciones a los medios informativos sobre materias sometidas a su jurisdicción. En medio de la polémica y de la creencia de algunos sectores de que la medida puede estar inspirada por el Gobierno, Izquierda Unida ha pedido que comparezca ante el Parlamento el presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil.

El juez Hilario Muñoz, al que ha correspondido el caso de la clínica de abortos descubierta en Salamanca, debe de ser de los que el Consejo General del Poder Judicial considera que no saben leer. Si el portavoz del Consejo, Juan José Martínez Zato, afirma que "los juristas, antes de opinar de algo, deben leerlo"; mantiene que "los jueces aceptarán plena mente el acuerdo si lo leen con serenidad, que es lo que tienen que hacer", y añade, al comentarle la negativa a hablar del juez de Cistierna, que "yo no soy quién para decir nada a ningún juez, pero el de Riaño, como con secuencia de nuestra nota, no debe tomárselo así", ciertamente Hilario Muñoz debe de ser de los que convierten al Consejo en un órgano incomprendido.A primeros de octubre, el juez salmantino procesó a varias personas relacionadas con la clínica de abortos de aquella ciudad. Desde entonces, fue continua mente requerido por los medios de comunicación, y parece que en el CGPJ ha habido comentarios de que él podría ser uno de los que en este órgano califican con los más variados y populares adjetivos, existentes o no: largones, verborreicos, lenguaraces, ver balistas, locuaces o bocazas, términos que, depurados por los miembros de la institución de gobierno de la carrera judicial, han adquirido ya la sin duda más aparentemente jurídica denominación de principio de lergalidad, en homenaje al encargado de los sumarios Palazón o Rumasa, Luis Lerga.

Ahora, cuando este periódico se ha puesto en contacto con el juez Hilario Muñoz para recabar su opinión sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ha obtenido esta respuesta: "No puedo decirle absolutamente nada, porque el Consejo así lo ha ordenado. Acuda a la oficina de información". Mano de santo. Incluso alude a las oficinas de información, que, aunque nadie sabe cómo ni, cuándo se crearán, son presentadas por el Consejo como la gran alternativa al contacto directo con los jueces, aunque éste, insistan, no tenga por qué acabarse, eso sí, administrado con prudencia. ¿Al menos puede decir si se considera usted un juez locuaz? Y termina Hilario Muñoz: "Después de la orden del Consejo, no puedo decirle ni eso".

No ha sido el único. El titular del juzgado de instrucción número 2 de El. Puerto de Santa María, Juan Manuel Grosso de la Herrán, quien, en marzo de 1985, manifestó, antes de procesar al torero Rafael de Paula, que tenía sospechas de que éste era el inductor de los dos hombres que atacaron al amante de la mujer del diestro, no se ha puesto al teléfono, pero ya tenía prevenida a la familia. Una voz femenina, en su domicilio de Cádiz, no esperó siquiera a que acabara la presentación para recitar de corrido "Si quiere que declare algo, no va a declarar nada. Además, no está, y no sé a qué hora llegará"

José María Rives inició en Denia el sumario de la parricida de Ondara, hace escasamente tres semanas. Todos los estamentos sociales se volcaron en favor de la mujer que mató a puñaladas a su marido, con el que había vivido 19 años entre golpes y amenazas, y, en este clima, el juez hizo declaraciones favorables a ella. Parece que su caso salió en la reunión del CGPJ.

José María Rives dice respetar el acuerdo del Consejo, "pero no me atrevo a decir si lo entiendo o no", y no se considera un juez largón, lenguaraz o verborreico: "Todo lo contrario. Si he podido hablar ha sido por la noticia en sí, respondiendo a ' una situación concreta. Lo que dije era materia de opinión, ante manifestaciones públicas en la puerta del juzgado que merecían una respuesta. El juez debe estar más conectado con la realidad social que enclaustrado en una vitrina. Y yo no desvelé resoluciones judiciales, que no suelo comentar ni siquiera con mi mujer".

El acuerdo del órgano de gobierno de los jueces, que provocó largos debates, y al que incluso uno de los vocales que votó a favor reconoce como "desacertado en la forma y, como se ha visto, inoportuno en el tiempo", ha sido contestado. por las tres asociaciones profesionales. Incluso la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que respaldó la medida, puntualizó después que "el derecho a la información pública y a la libertad de expresión constitucionalmente garantizadas no pueden ser limitados ni restringidos con carácter general respecto a todas las actuaciones judiciales".

Nadie en el Consejo pone ejemplos de quiénes son los jueces deslenguados que han motivado una reacción que no todos los profesionales de la magistratura ven ajena a la inspiración del poder Ejecutivo, y que algunos encuentran reiterativa sobre la nota que, pocos días antes, redactó también el Consejo contra la junta de jueces de Madrid, cuando ésta dijo que las investigaciones policiales sobre el juez Martínez Arrieta ponían de manifiesto que el Gobierno no controlaba a la policía.

Todo lo más, citan a Luis Lerga y a Ignacio de Lecea, "al que se jubila del caso Banca Catalana y se le ocurre que tiene que ir a los medios de comunicación a justificarse", o sugieren que se hable con Juan Alberto Belloch, que ha cascado mucho y se pasa un poco siempre".

Belloch, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Bilbao y portavoz estatal de Jueces para la Democracia, cree que la frase anterior "no ha podido decirla ninguna persona seria del Consejo" y opina que la admonición de éste a los jueces es "inoportuna, porque está hecha en un momento de enfrentamiento entre jueces y el Ministerio del Interior, por un lado, y asociaciones judiciales, como la mía, y el propio Consejo, por otra. Incluso si la única intención fuera atacar la lergalidad, cabría argüir que el que más sufre es el derecho de los ciudadanos a ser informados y que se limita la libertad de expresión de los jueces, cosa que no hace la Constitución, que sí nos limita la de asociación".

La idea de redactar un texto contra lo que se considera locuacidad de jueces y magistrados fue introducida en el orden del día del pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 6 de noviembre por Sergio de Otto, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Quienes creen ver en el acuerdo del Consejo algún tipo de inspiración del poder Ejecutivo y opinan que la idea de tirar de las orejas a los jueces estaba en relación con el anterior acuerdo contra la Junta de Jueces de Madrid recuerdan que Sergio de Otto accedió al CGPJ a propuesta personal del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. A esto responde un compañero suyo del Consejo que "no tiene por qué estar influido por el Gobierno, aunque coincida con él".

Acciones disciplinarias

Pablo García Manzano, redactor del texto que triunfó en la votación, no cree que exista esta vinculación entre el acuerdo del día 6 de noviembre y el que se tomó días antes contra la Junta de Jueces de Madrid. "Pretendimos", afirma, "llamar la atención a los jueces de manera mesurada y quisimos eliminar todo lo que sonara a amenaza, aunque si hay que ejercer acciones disciplinarias, se ejercerán". Para él, "la nota está lejos de intentar impedir al juez que se manifieste contra el Gobierno".Otro vocal, Valentín de la Iglesia, quien vio derrotada una propuesta de dulcificar el texto aprobado "propuesta que redactó como un mal menor, porque encontraba inoportuno hacer otra nota, cuatro días después de la de la Junta de Jueces, e inadecuado el tono admonitorio y prohibitivo de la que se nos proponía, dado que ya existen, en las leyes penales y orgánicas, las correspondientes sanciones para conductas que excedan de la esfera de discreción legalmente exigida"-, sí ve vinculación entre la gestación de la regañina a los jueces y el conflicto anterior entre la Junta de Madrid y el Ejecutivo, y reconoce que la idea de hacer pública una nota en el sentido de ésta surgió en el pleno extraordinario del 27 de octubre, a raíz del comunicado de la Junta de Jueces de Madrid. Ese pleno, fue su caldo de cultivo".

"Sí, incidir sobre la libertad de expresión individual de los jueces en un momento en el que el Consejo ya había entendido que debía advertir a la Junta de Jueces de Madrid podía interpretarse como que tomábamos partido en el conflicto Ejecutivo jueces", dice el vocal Emilio Berlanga, que votó en contra del acuerdo. Berlanga recuerda la existencia del artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("Los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas fisicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones") y piensa que "si existe una conducta sancionable, se sanciona y se acabó, pero el acuerdo tiene un tono de admonición, de advertencia velada a los jueces, que lleva ya un principio de coartarles la libertad de expresión y puede influir en su ánimo, lo cual me parece absolutamente inadmisible".

Fricción entre poderes

El portavoz del Consejo, Juan José Martínez Zato, es tajante cuando ve Iógico y natural" que pueda haber "fricciones entre los poderes de un Estado democrático", y añade: "Ahora, si se cree que, para demostrar la independencia, es necesario un enfrentamiento constante y permanente con el Ejecutivo, eso no hay Estado que lo resista. Puede que tal cosa esté en el ánimo de alguien, pero no en el del Consejo".Varios miembros del CGPJ insisten en que los jueces aquejados de excesos verbales son pocos. El magistrado Joaquín Navarro, cuyas opiniones están con frecuencia en los medios de comunicación, piensa que, si lo creían así, "hubiera bastado con dirigirles una pequeña advertencia amistosa, y no adoptar un acuerdo con carácter general y público. Por eso pienso que es legítimo interpretar que el acuerdo va mucho más allá de sus propios términos, que ha habido una iniciativa del Gobierno".

"La concepción del juez como funcionario al que cabe reprimir no es ajena al Coñsejo", dice Joaquín Navarro. "Parece que va buscando que respondamos a la imagen del dicho 'eres más serio que la bragueta de un juez", que el juez español siga siendo, en general, un ciudadano inhibido y replegado sobre sí mismo. Y es que, cuando el Gobierno elaboró la Ley Orgánica del Poder Judicial, tenía ún gravísimo recelo ante el Consejo anterior, que no estaba legitimado por el Parlamento, y recortó tremendamente sus competencias. Tras muchos borradores, variaron la fórmula de elección -Ya no iban a tener que convivir con un Consejo siempre hostil-, pero no modificaron las competencias, lo que hace que el CGPJ no encuentre su ubicación en el juego de poderes y, ante cualquier bosquejo de enfrentamiento institucional, le entre la vocación gobernadora, la tentación disciplinaria de meter en cintura a los jueces".

Llamada al despacho del juez Lerga, padre del principio de lergalidad. También en la plaza de Castilla parece haber hecho estragos la admonición del Consejo. Una secretaria explica: "Me dice que lo siente, pero que no puede hacer nada, ni ninguna declaración". Es la grandeza de pasar primero a la historia por inventar los principios, y la modestia de quitarse después de enmedio.