La precaria situación del vendedor de periódicos

Esta irregular e injusta situación se extendió, hasta 1984, para todos los vendedores de Prensa. Una situación histórica en la que predominó el olvido, la apatía y la falta de colaboración oficial hizo posible una injusticia patente como era la de no admitir en el régimen general de trabajadores autónomos a un colectivo de más de 15.000 hombres y mujeres que se encargaban, a nivel nacional, de la diaria expendeduría de Prensa, revistas y publicaciones. Rotundas negativas oficiales basadas en que el vendedor de Prensa debía constituir, al amparo de una norma laboral fantasma elaborada en 1972, sus propios mecanismos de seguridad social demoraron -hasta 1984- la consecución de un derecho indiscutible para cualquier trabajador, como era el de acceder a las obligaciones de pago de cuotas a la Seguridad Social y posterior beneficio de resultar integrado en las prestaciones de la misma. Tras largas negociaciones, este derecho le fue concedido al vendedor de Prensa por resolución del 27 de diciembre de 1984 por la cual resultaba obligada su adscripción al régimen general de trabajadores autónomos y se le otorgaba, por gracia, una carencia mínima de cotización que no impedía que muchos profesionales tuvieran que acceder a la jubilación a los 70 años.Esta resolución, que beneficiaba a los vendedores en activo, significaba un primer paso obligado para estudiar posteriormente la integración de los cientos de antiguos vendedores, jubilados ya y cuya subsistencia estaba basada, como en el caso de Madrid, en la existencia de un montepío que desde el año 1934, y merced a la aportación de los activos, concedía pensiones que malamente permitían sobrevivir a aquellos a los cuales les fue negada una prerrogativa de carácter nacional como era la de su adscripción al INSS. Dos años de conversaciones en los cuales se ha llegado a fijar el valor concreto de la integración de más de 200 viejos profesionales que están aún sin finalizar.

Aunque entendíamos que una injusticia histórica propiciada por la Administración no era justo debiera ser pagada por el colectivo que sufrió una discriminación patente e injusta, hemos aceptado el pago de la compra de unas pensiones que sobrepasan en mucho las auténticas posibilidades de un gremio que defiende su vida mediante un trabajo que en intensidad y en horarios no tiene parangón con ninguna otra actividad profesional. Sin embargo, el tiempo pasa, los secretarios generales del INSS cambian, los viejos vendedores fallecen sin que se les haga justicia y los organismos estatales no han modificado su actitud.

Queremos, aun con esfuerzo, abonar la cuantiosa suma que se nos exige invocando una ley laboral que no admite integraciones gratis, sino -prácticamente- pago de la totalidad de las pensiones a integrar. Hablamos, gestionamos y suplicamos sin respuesta concreta y definitiva, aunque las valoraciones, eso sí, están realizadas desde mediados de 1985. Doscientos viejos vendedores esperan la justa resolución de sus casos a realizar por una Administración del Estado que pretende ser justa. Hemos renunciado a medidas de fuerza por indicación oficial sabedores del daño que al ciudadano se le origina, al igual que a las empresas, si procedemos al cierre de quioscos en justa protesta por lo que consideramos una actitud injusta y un silencio y a cambio obtenemos silencio, demora e incomprensión para un grupo de hombres y mujeres que carecen de todo por omisión de los poderes públicos y por ignorancia de que el tiempo no tiene la misma significación para un anciano que para un joven.

Incrédulos

Hemos perdido la fe en la buena disposición del INSS para resolver de una vez por todas el problema, pero la visión de más de 200 compañeros en precario confiados en la capacidad de gestión de sus asociaciones profesionales e incrédulos ante la voluntad oficial por resolver su situación, nos hace insistir por todos los medios. Apelamos a la justa decisión que ampara la seguridad de cada español; rogamos se nos atienda no de forma preferente, pues son ya dos los años de gestión; estamos dispuestos a pagar el coste de integración de nuestros viejos -aunque no compartimos esa decisión injusta-, pero suplicamos en nombre de tantos que por la vía que fuere, a nivel de resolución o Consejo de Ministros, 212 vendedores de Prensa hoy y bastantes menos mañana puedan conocer los beneficios sociales que un Estado de derecho requiere y, está obligado a reconocer a unos servidores de la sociedad que hoy les son negados.

Seguiremos llamando a cualquier puerta sin desesperanza y con la seguridad que nos otorga el conocer nuestra obligación para con los viejos jubilados. Y exigimos, y si es preciso rogamos, que la burocracia oficial tenga, al menos por una vez, sentido de la caridad humana, consciencia de sus obligaciones y réplica a la ya desesperada gestión de un grupo profesional que, como el de los vendedores de Prensa de Madrid, intenta también desesperadamente encontrar el hueco preciso para que sus vicios afiliados logren, al fin de sus días, ser considerados beneficiarlos de una pensión a la cual tienen derecho por haber dedicado sus vidas al servicio de una comunidad. Y que este logro sea rápido; la vida no va a darles, desgraciadamente, muchas posibilidades de que el vendedor de Prensa jubilado disfrute de lo tan costosamente adquirido y tan dificultosamente negociado.