Administración, sindicatos y patronal, incapaces de encontrar un sistema antifraude

La exigencia planteada por CC OO de establecer un carácter retroactivo a cualquier medida antifraude hizo imposible anoche que se llegara a un acuerdo entre la Administración, los sindicatos y la patronal. A pesar de los esfuerzos del secretario general de Empleo, Alvaro Espina, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, la reunión convocada ayer para estudiar una fórmula que impidiera la existencia de irregularidades en los comicios sindicales finalizó sin acuerdo. Una propuesta de la CEOE, que parecía tener todas las probabilidades de ser aceptada, quedó en el papel. Lo mismo ocurrió con otras de la Administración y de los sindicatos.

Durante diez horas, la Administración, la patronal y los sindicatos discutieron lo que ellos mismos calificaron como "cuestiones de matiz". Había coincidencia en la filosofía del sistema antifraude. Había coincidencia incluso en el texto. Las diferencias entre las propuestas que cada una de las partes iba presentando eran mínimas. En síntesis se estaba de acuerdo en que la norma que saliera de la reunión tenía que recoger: a) la capacidad de cualquier organización para presentar denuncia sobre posibles fraudes; b) la necesidad de que las denuncias estuvieran documentadas; y c) que la comisión, una vez cumplidos estos requisitos, comprobara la veracidad o no de la denuncia.Aparentemente todo eran coincidencias. CC OO había retirado dos propuestas y había terminado aceptando la presentada por la CEOE. UGT había presentado otra muy similar y la Administración había ofertado una recogiendo algo de cada parte. Una comisión restringida estudiaba a las nueve de la noche un texto definitivo que en síntesis era el siguiente: ante la existencia de dudas sobre fraude, cada parte estaba facultada para presentar denuncia ante la comisión provincial de elecciones. La comisión demandaba en los 10 días siguientes a la mesa electoral correspondiente ratificación o rectificación de la denuncia. Si se ratificaba la misma, se anulaba el acta o las actas. En caso contrario, se daba por válida.

Sólo aparecía una discrepancia: la propuesta de CEOE, a la que se adhirió CC OO, recogía un plazo de tres días para que el denunciante presentara las pruebas pertinentes del posible fraude. La de UGT y la de la Administración no contemplaban este plazo. Pero este no sería un punto de ruptura. Sin embargo, al filo de las diez de la noche, cuando todo parecía solucionado, CC OO planteó que cualquier medida tuviera carácter retroactivo. UGT rechazó la propuesta. En su opinión, admitir este planteamiento supondría aceptar que todo el proceso es fraudulento. "Que decidan los tribunales", argumentó. "Si hay denuncias ante Magistratura, que se pronuncien los jueces". La posibilidad de acuerdo quedó rota en aquel momento.

Álvaro Espina, con evidentes muestras de cansancio en el rostro, anunció poco después que no había acuerdo y que se iniciaría a partir de la próxima semana una serie de contactos bilaterales para intentar un consenso que cada vez aparece como más difícil. Reyes Hidalgo, de CC OO, hablaba de la necesidad de regular un mecanismo antifraude, e insistía en la retroactividad del mismo. Antón Saracíbar, de UGT, proclamaba la imposibilidad de aceptar que se pusiera en entredicho la limpieza del sistema.

Largas reuniones

El caso es que llegar a un texto sobre control electoral, aparentemente tan sencillo y finalmente no aprobado, costó 10 horas y cinco propuestas sobre la mesa que fueron presentadas, retiradas, corregidas, sintetizadas, matizadas y discutidas en plenos, pasillos, reuniones restringidas, reuniones de portavoces y hasta degustando un plato de cocido. Porque el gran impulso para llegar a lo que se creía un acuerdo se produjo en una amigable conversación mantenida entre Antón Saracíbar y Miguel Ángel Ordóñez, de UGT y Reyes Hidalgo, de CC OO, durante el descanso que las partes se concedieron para el almuerzo.Indudablemente, hubo momentos de tensión que incluso se trasladaron a los pasillos. La sangre, sin embargo, no llegó al río. Y si es verdad que hubo momentos tensos, también los hubo relajados, como cuando uno de los sindicalistas contó que en las elecciones del País Vasco un dirigente del metal de UGT había impugnado los resultados obtenidos por ELA en una fábrica de boinas. El narrador de la anécdota decía: "a ver si se enteran que en el País Vasco las boinas de metal se llaman cascos, y en ese caso estaría justificada la actuación de UGT-metal, pero se trataba de boinas de tela".