El Gobierno se compromete a aflorar la economía oculta, ayudar a las 'pyme' y mejorar las estadísticas

Las nueve horas de debate parlamentario sobre el empleo y la economía irregular terminaron ayer con diversas resoluciones para instar al Gobierno medidas dirigidas a "incrementar las oportunidades de empleo"; inspeccionar, sancionar y aflorar las actividades irregulares; mejorar las estadísticas, y ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pyme). El Grupo Popular se quedó solo en su defensa de amnistía para las empresas que emerjan. Tampoco los socialistas lograron un acto de fe en la política gubernamental por parte de los demás.

Los grupos parlamentarios mostraron ayer menos interés que el miércoles en discutir la encuesta sobre el trabajo irregular presentada al debate por el Gobierno. El pleno se convirtió así en un cruce de propuestas, apenas alterado por descalificaciones políticas.Uno de los pocos momentos calientes llegó cuando el comunista Nicolás Sartorius dijo que "la sombra de los valedores de Boyer es alargada", en un intento de identificar en la política de ajustes a la oposición conservadora y a los socialistas. Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, quien sí insistió en su interpretación de que la tasa real de paro debe estar en el 15,9%, le replicó que "más preocupan al Gobierno las coincidencias entre su grupo y los otros".

La mayoría que respalda al Ejecutivo negoció y anunció su aceptación a diversas iniciativas del Centro Democrático y Social (CDS), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Minoría Catalana. A cambio no encontró apoyo a su primera pretensión: "reconocer la favorable evolución de la actividad y del empleo en el último año, fruto de las medidas económicas y laborales adoptadas por el Gobierno y del esfuerzo conjunto de la sociedad, aun cuando los niveles de ocupación alcanzados no pueden considerarse todavía como satisfactorios".

Tanto los grupos que vieron parcialmente satisfechas sus mociones como diputados de los partidos que encontraron una oposición total de los socialistas -los del Grupo Popular, Izquierda Unida y PDP- votaron a favor de las otras propuestas gubernamentales, pese a que contenían alguna trampa literaria.

Medidas aprobadas

Así, sólo 73 de los 304 diputados presentes -minoría nutrida sobre todo por populares- rechazaron el "instar, en consecuencia, al Gobierno a proseguir orientando la política económica al objetivo prioritario de creación de empleo y a adoptar las medidas económicas y laborales resultantes, en coloboración con los interlocutores sociales, que permitan incrementar las oportunidades de empleo de cuantos españoles permanecen parados y mejorar las condiciones de trabajo de los ocupados".

De estas medidas estuvo ausente cualquier concreción sobre el avance en la flexibilidad laboral, reiterada como necesaria contra el paro y la economía sumergida a lo largo del debate por Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda. El catalán Miguel Roca, cuyas peticiones de mayor liberalización sólo fueron superadas por el Grupo Popular, advirtió que parecía existir el propósito de "seguir con la flexibilidad, pero no hablar de ella".

En resumen, las propuestas para las que los socialistas consiguieron más de medio centenar de votos ajenos son elaborar un plan de recogida periódica de información y de mejora de las estadísticas; reforzar las medidas inspectoras para detectar y sancionar las situaciones irregulares; informar semestralmente al Parlamento de lo anterior y de "cualquier otra medida que se adopte en relación a la economía sumergida"; crear para ello un grupo de trabajo en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso; e invitar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a informar sobre la economía sumergida "y sobre el papel a desempeñar por la negociación colectiva en el afloramiento y regularización de tales situaciones y, en general, para tratar de eliminar rigideces en el mercado".

La iniciativa con mayor aceptación -300 votos de un total de 304-, y ello después de que los socialistas lograran corregir "programa global de apoyo a las pyme" por "conjunto de medidas de apoyo", partió del CDS y prevé actuaciones financieras, laborales y fiscales. El partido del Gobierno votó igualmente a favor de una moción de la Minoría Catalana para constituir una comisión de expertos que elabore un informe sobre el desempleo, después de que desapareciera como objetivo el llegar a "un nuevo modelo estadístico". También apoyó al partido de Roca con el fin de adaptar el sistema educativo a las necesidades del mercado, de "continuar (verbo introducido por los socialistas) la simplificación y racionalización de los trámites y actividades de la Administración central y sus organismos".