Cerco a Doñana

LA MUERTE de decenas de miles de aves en las zonas limítrofes, incluidas las calificadas como preparque, del Coto de Doñana es uno más de los sucesos -todos ellos graves- que vienen afectando desde hace años a este parque nacional y que ponen de manifiesto el cerco de intereses a que está sometida su existencia. Intereses de todo tipo, desde la presión demográfica y económica de los habitantes de las zonas próximas hasta la de las inmobiliarias, pasando por la desidia y la dispersión administrativa de los diversos organismos públicos que tienen competencias sobre Doñana.En el último desastre ecológico que se ha abatido sobre Doñana destacan dos hechos que muestran, una vez más, una preocupante incapacidad de los organismos oficiales que tienen a su cargo la protección del parque nacional. En primer lugar, sorprende la tardanza oficial en detectar el desastre o en reaccionar ante él, ya que los primeros cuerpos de aves muertas se encontraron a comienzos del pasado mes de agosto, y han sido los ecologistas quienes lo han denunciado, a finales de septiembre. Hasta entonces, ni el Icona ni la Administración autónoma habían dicho una palabra del asunto, ni siquiera lo habían comunicado al Patronato de Doñana, que preside el vicepresidente del Gobierno. El primer informe oficial fue remitido por el conservador accidental del parque, el 23 de septiembre, a los organismos responsables de la Administración, pero no se dio a conocer públicamente. Más aún, transcurrió una semana desde que se supo el desastre hasta la convocatoria del patronato para estudiar lo ocurrido.

En segundo lugar, destaca la ineficacia demostrada hasta ahora por la Administración no sólo para controlar la situación, dos meses después de producida, sino también para explicar sus causas, una vez efectuados los análisis de las aves muertas por los organismos competentes. Aunque cabe elogiar los esfuerzos de los organismos que en estos momentos intentan limpiar la zona de cadáveres y controlar el desastre, debe resaltarse la ligereza con que la Junta de Andalucía señaló, en un primer instante, como causa de la mortandad el uso ¡legal por algunos arroceros de un veneno llamado metil-paratión, porque los síntomas de visu apuntaban a ello. El metil-paratión es un compuesto de fósforo que se utiliza para combatir los cangrejos de las marismas, especie resistente que, tras la práctica desaparición del sabroso cangrejo de río español, lo ha sustituido por completo en el consumo humano y cuya fuerza reproductora obliga a combatirlo con todas las armas para evitar daños en los cultivos y caídas de precios por superproducción.

Sin embargo, los resultados, de los primeros análisis de los animales muertos, revelados el miércoles pasado, fueron negativos en todos los sentidos. Es decir, ni se encontró ese pesticida ni ningún otro. Veinticuatro horas más tarde se hicieron públicos los resultados de otros análisis, los del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, que apuntan como causa de la mortandad el producto triclorfón, recomendado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para tratar las plagas del arroz. Estos resultados, cuya veracidad haría recaer la responsabilidad del desastre sobre el Gobierno autónomo andaluz, son rechazados por el consejero de Agricultura, quien, en una especie de huida hacia adelante, apunta ahora a "una enfermedad desconocida" como causa de la catástrofe.

Mientras se llega o no a saber las causas de la mortandad, la vida de la avifauna que habita el Parque de Doñana sigue en peligro, el crédito de los organismos de la Administración está por los suelos y en entredicho la fama de unos agricultores que afirman que no han hecho nada ¡legal. Lo ocurrido revela que para cuidar la naturaleza no basta con acotar zonas o reservas -como Doñana-, sino que es necesario protegerlas eficazmente de las agresiones que vienen de fuera y conseguir en sus entornos y aun en su interior otro equilibrio distinto del actual entre la naturaleza y la actividad humana. Tarea nada fácil, pero a la que no se puede renunciar si España quiere conservar un espacio considerado como la primera reserva natural de Europa.

La ley de 28 de diciembre de 1978, por la que se establece el régimen jurídico del Parque, de Doñana, marca algunas pautas que, de cumplirse, facilitarían esta tarea. Entre otras cosas, requiere del Gobierno la adopción de un Plan Director Territorial de Coordinación de la Comarca (PDTC), cuya puesta en marcha serviría para encontrar un nuevo equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana, indispensable para la supervivencia de Doñana. Este plan ni fue puesto en marcha en su momento por la Administración central ni tampoco ahora, tras el traspaso de competencias, por la Junta de Andalucía. La ley daba un plazo de 18 meses para su elaboración. Han pasado seis años desde que ese plazo venciera.