Otra vez el cambio... de mentalidad

LA NOTICIA de que el Gobierno prefiere la vía lenta para resolver su promesa incumplida de dar vía libre a la televisión privada es coherente con la política del avestruz que sigue el Ejecutivo en este y en otros asuntos. Al tiempo que ha hecho el anuncio de que la vieja aspiración ciudadana de contar con más canales en el televisor -no sometidos al capricho del poder- quedaba, una vez más, pospuesta, el portavoz del Gobierno y ministro de Cultura ofreció una guinda que aparentaba ser disuasoria: dentro de nada habrá nuevo director general de la radiotelevisión pública. Pero nada de eso servirá para ocultar la verdad llana y simple de que, una vez más, Felipe González y sus ministros prometen lo que no cumplen. O no cumplen lo que prometen.No hay que inquietarse, parece querer decir el Gobierno: no habrá libertad de televisión, pero habrá una nueva televisión del Estado. Esperanza vana. El problema de la televisión de Estado en este país es estructural. La incompetencia de Calviño ha podido agravarlo, pero no es Calviño el culpable de la manipulación de la televisión pública, no es el culpable de la ausencia de la iniciativa social en este terreno, no es el responsable de la desgraciada política informativa socialista. No, por lo menos, el único ni el más importante. El responsable es el Gobierno y el sistema que éste ampara.

Las reiteradas promesas que el presidente en persona ha hecho de regular la televisión privada se ven así, una y otra vez, desmentidas por sus propias decisiones. No estamos ante un fracaso de las estadísticas, como en el caso de los 800.000 puestos de trabajo no creados, ni ante un cambio de política -por lo menos, no se nos ha dicho-, como cuando el referéndum sobre la OTAN. La cosa comienza a parecerse peligrosamente a un engaño. Sonroja repasar las hemerotecas: en marzo de 1984, el presidente González manifestó ante el Congreso la intención de su Gobierno de autorizar la televisión privada antes de finalizar la legislatura. A partir de entonces menudearon las declaraciones al respecto, y en abril de este año, el portavoz anunció que el Consejo de Ministros había aprobado un proyecto de ley -que en realidad resultó ser un simulacro de proyecto- que quería consensuar con la oposición. Tanto el antiguo ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, como el de Cultura, Javier Solana, como el propio presidente, se han prodigado en precisiones sobre el tema, y la Prensa se hizo eco generoso de sus intenciones de conceder tres canales nacionales. Ahora descubrimos que se van a volver a poner a pensar.

La televisión privada no es un regalo que el Gobierno pueda hacer a los españoles, sino el fruto de una organización libre y plural de la sociedad, reconocida por nuestra Constitución. Es también la consecuencia inevitable del progreso técnico en un país que quiera ser libre y no estar sometido a los dictados del poder. Forma parte de los derechos a la libre expresión y a la libre iniciativa económica, y no del capital de prebendas que el Ejecutivo parte y reparte a su antojo. Los socialistas han anunciado reiteradas veces que se aprestaban a resolver esta cuestión, han asumido públicamente compromisos y han prometido plazos. Lo han incumplido todo.

Ahora, el Gobierno ha cambiado los adverbios. La televisión privada ya no será posible "en breve"; ni siquiera se anuncia para dentro de "un plazo razonable", ni mucho menos es "lo primero" que va a hacer el Ejecutivo tras las recientes elecciones legislativas, como también dijeron. Perdida la memoria, el Gobierno asegura que tiene el propósito de iniciar las negociaciones tendentes a regular la televisión privada en España. Pero hace años que esas negociaciones están teniendo lugar -incluso con conspicuos representantes del extranjero- y meses que se entablaron formalmente con el principal partido de la oposición.

Es perfectamente coherente con la manera de actuar algunos de nuestros ministros el deseo de poner puertas al campo. Y es comprensible que, con vistas a las elecciones locales y autonómicas, el Gobierno no quiera prescindir de la docilidad que la televisión de Estado demostró en los recientes comicios y en el referéndum sobre la OTAN. Pero mientras el Gobierno impide a la iniciativa de los grupos españoles dedicarse seria y profesionalmente a preparar cadenas y postes de televisión, los grupos extranjeros, más poderosos y experimentados, anegan con su producción la televisión de Estado y preparan su estrategia para el día, inevitable, en que ni siquiera el fanatismo pueda poner coto a la pluralidad de las ondas. Salvo que se quiera volver a los tiempos del gulag informativo.