El Gobierno acepta elevar los incentivos fiscales para los futuros fondos de pensiones

El trato fiscal de los fondos de pensiones, uno de los grandes condicionantes del futuro desarrollo de los sistemas privados que complementarán la Seguridad Social, será mejorado con respecto al proyecto enviado a las Cortes la pasada primavera. La principal novedad consistirá en ampliar la deducción de 500.000 pesetas anuales en el impuesto sobre la renta para los trabajadores de mayor edad. Inicialmente, se intenta beneficiar a quienes superen los 40 años.

El Consejo de Ministros que decidió enviar otra vez a las Cortes el proyecto de ley de fondos de pensiones, aprobado la pasada primavera por el Gobierno anterior, se mostró favorable a introducir algunas de las modificaciones sugeridas por el sector financiero, las organizaciones empresariales y los sindicatos.Las variaciones más sustanciales, según fuentes de la Administración, llegarán por la vía de las enmiendas del grupo socialista. Pero éstas ya han sido consensuadas por los diversos ministerios que formularon observaciones de cara a la (decisión gubernamental.

Una de las novedades de mayor envergadura se centrará en elevar el límite de 500.000 pesetas fijado por el anterior proyecto para la deducción anual en el impuesto sobre la renta de las aportaciones que haga al fondo cada trabajador o su empresa. Las mayoría de las sugerencias recibidas coincidían en un punto: en caso de mantener dicho límite, los trabajadores más próximos a la jubilación no tendrían tiempo de acumular -con los mismos incentivos que el resto de los interesados- las suficientes aportaciones para capitalizar sus futuras pensiones privadas.

La solución, consensuada por los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, consiste en ampliar dicho límite a partir de una edad, fijada inicialmente en torno a los 40 años. Por el carácter creciente pensado para esta mejora, la ventaja será especialmente notable a partir de los 55 años, según las fuentes de la Administración.

Había sugerencias orientadas a que la deducción tampoco se limitara al conjunto de la unidad familiar, sino que se ampliara al menos a las personas que trabajen. Pero en este ámbito las resistencias gubernamentales a modificar el anterior proyecto han sido grandes, porque el tratamiento fiscal de los fondos había exigido un previo acuerdo -lento en su gestación- de las secretarías de Estado de Economía y de Hacienda, al principio discrepantes.

Contra la evasión fiscal

El frente formado por Economía y Hacienda ante otras pretenciones más ambiciosas en el terreno fiscal se ha fraguado a partir del propósito de impedir la creciente evasión fiscal de los salarios en especie. Para ocultar al fisco parte del salario de sus directivos, algunas empresas les asignan participaciones en fondos de inversión. Frente a estas prácticas, la ley establecerá que todo salario en especie -pagado por la vía de los futuros fondos o de otras formas de ahorro o inversión ya vigentes- deberá ser declarada por el receptor como condición imprescindible para que su empresa pueda deducir tales aportaciones del impuesto sobre sociedades o beneficios.La prioridad recibida por tal requisito, según las fuentes consultadas, impedirá atender las críticas a cualquier límite en las deducciones, formuladas por bancos y cajas de ahorro. Estos señalaban que el límite atenta a la libertad de cada sujeto y plantea problemas.

Pese a la dificultad de resolver estos problemas, el Gobierno se ha sumado a la opinión expresada por la mayoría de las sugerencias en el sentido de que los impuestos deben estar ausentes del proceso de ahorro y gravar sólo las rentas recibidas al final por el beneficiario de los fondos. Por ello, los tributos y retenciones pagadas con cargo al impuesto sobre sociedades serán devueltas a las entidades gestoras.

Fuera del aspecto fiscal, las sugerencias recibidas por la Administración y las observaciones incorporadas al informe sobre el cual ha decidido el Gobierno han sido menos coincidentes. Con todo, el Ejecutivo también se ha manifestado receptivo a otras modificaciones durante el debate parlamentario.

El anterior proyecto señalaba que para acogerse al sistema de empleo debería reunirse al menos el 90% de la plantilla, porcentaje que parece excesivo a las organizaciones empresariales -algunas de las cuales proponen el que se refiera a colectivos laborales y no a empresas- y escaso a los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha marcado la pauta de una eventual solución: elevar al 100% de la plantilla sin contar a colectivos no fijos.

Mientras el proyecto anterior daba mayoría de dos tercios en la comisión de control a partícipes y beneficiarios, asunto que ha provocado el desacuerdo de las entidades financieras que aspiran a gestionar y depositar los fondos, ahora se admite la posibilidad de que la mayoría socialista acepte enmiendas para equilibrar las representaciones.

Por último, ha sido reafirmada una de las últimas modificaciones del anterior proyecto: elevar del 70% al 75% las que deben dedicarse a deuda pública, valores cotizados en cualquiera de los mercados organizados y títulos hipotecarios, así como incluir en la lista a los inmuebles.