El Gobierno apoya la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez

El Gobierno reconoció ayer que apoya la incomparecencia de 90 guardias civiles citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elisabeth Huerta Sánchez, en relación con la denuncia de torturas formulada por Tomás Linaza Euba, padre del etarra Tomás Linaza, deportado a Cabo Verde. El oficio remitido el pasado 28 de agosto a la juez Huerta, por orden del director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santa María, daba cuenta de las razones que determinaron al Gobierno a tomar este acuerdo.

En el oficio dirigido a la juez Huerta, un teniente coronel de la Guardia Civil, cuya firma aparece ilegible, da cuenta de que el director general del cuerpo, a la vista del oficio de 14 de julio último, por el que interesaba la comparecencia de 90 guardias civiles "en virtud de denuncia de supuestos, malos tratos", ha dispuesto comunicar a la mencionada juez "que existen fundadas razones que aconsejan el no disponer las interesadas comparecencias".El oficio continúa señalando que "no parece claramente que concurra el presupuesto legal de los artículos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para la práctica de reconocimiento en ruecla, que exige la existencia de una persona ya determinada expresamente contra la que se dirijan los cargos".

El docurnento en poder de la juez Huerta, que se negó ayer a informar sobre su contenido, prosigue: "Evidentemente, en el reconocimiento en rueda que se pretende no se dan los supuestos legales, ya que no hay constancia de que se hayan dirigido cargos contra ninguno concreto determinado de los citados a comparecer; ya que de lo que se trata es de descubrir un hipotético culpable, para lo cual existen otros medios legales de investigación, distintos de la pública), humillante exposición masiva y corporativa de cientos de personas inocentes, sometidas al subjetivo criterio de un denunciante".

El siguiente párrafo del documento dice así: "A estas razones se unen el perjuicio al servicio, y dadas las circunstancias concurrentes, poderosas razones de seguridad que resulta obvio exponer, y que han determinado que el Gobierno de la nación haya acordado que no se cursen órdenes de comparecencia de los relacionados".

Tanto el abogado de Linaza, Txema Montero, como otros Juristas consultados por este periódico manifestaron que el recurso a este tipo de diligencias es consecuencia de la falta de colaboración de la Guardia Civil para identificar a los supuestos autores de la tortura.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Juan José Martínez Zato, señaló que "el Consejo no puede ni debe decir nada en lo que afecta al orden jurisdiccional". Añadió que tratándose de una actuación judicial sobre la que no se ha recibido queja de ningún particular ni institución, el Consejo no tiene por qué intervenir. Martínez Zato resaltó que, en todo caso, ante la negativa de unos funcionarios a comparecer ante la justicia, la autoridad judicial tiene resortes para responder jurisdiccionalmente.