La ley del aborto

La experiencia acumulada en nuestra actividad profesional desde la aprobación de la ley despenalizadora del aborto me lleva a discrepar de la opinión manifestada por la dirección de la Organización Médica Colegial, que se posiciona por el mantenimiento de las actuales comisiones de evaluación de las demandas de aborto. Razones básicas, de este desacuerdo son:1. El retraso impuesto en procedimientos que, como el aborto, ve incrementarse el riesgo de la intervención con el tiempo de embarazo transcurrido.

2. La ruptura del secreto profesional, dado que personas ajenas a la demandante y su médico tienen acceso a datos del historial clínico sin que ello haya sido consentido por la mujer.

3. La suposición de que el profesional que apoya la demanda de intervención pueda estar actuando fraudulentamente o que su capacidad de diagnóstico no sea correcta y deba ser evaluada por otros colegas.

4. La continua emisión de informes discoidantes en los que, donde una comisión de evaluación considera denegar un aborto, otra, dos días después, lo considera de todo punto legal y realizable.

La alternativa a esta situación, que lleva el desasosiego durante días a la interesada, que genera enfrentamientos entre profesionales cuyo único fin debiera ser el cuidado de la salud de sus pacientes, sin interferencias mutuas e inútiles, y que crea una falsa sensación de seguridad jurídica y sanitaria, es el reconocimiento de la actuación de profesionales que asesoren objetivamente ante la demanda de aborto, y la tramitación y ejecución de las intervenciones de forma rápida y con garantías de discreción, poniendo las bases que permitan la prevención de nuevos embarazos no deseados posteriores a la intervención, así como las medidas de apoyo psicológico y social que cada caso requiera.-