La prueba de Soweto

CON LA imposición del estado de emergencia el pasado 12 de junio, las autoridades surafricanas pretendían no sólo sofocar de raíz lo que se auguraba como un largo verano de manifestaciones contra el apartheid y la ebullición de una actividad política hasta entonces tolerada contra la política de segregación racial, sino también reducir las posibilidades de enfrentamiento directo entre la policía y los grupos de supuestos activistas que forman la columna vertebral de la protesta negra contra el régimen de Pretoria. Se trataba, por tanto, de quitar el agua al pez, prohibiendo todo tipo de manifestaciones durante el período de excepción, de forma que lo que el Gobierno surafricano llamaría instigadores pagados o agitadores profesionales se vieran en la disyuntiva de salir a la luz por sí mismos, sin masas entre las que ocultarse, o tuvieran que esperar a mejor ocasión para seguir trabajando la ira del gueto negro.Esta táctica había servido para que desde el 12 de junio, aunque las cifras de derramamiento de sangre siguieran siendo copiosas -cerca de 300 muertos hasta el momento-, los enfrentamientos más cruentos se produjeran entre grupos raciales negros, fundamentalmente, por disputas tribales y que, consiguientemente, la diálectica callejera de policía blanco-manifestante negro se viera reducida a un relativo mínimo. En momentos en que el concierto exterior para la adopción de sanciones contra Suráfrica cobra fuerza incesante era necesario que las fuerzas de seguridad del régimen permanecieran lo más tranquilas posible y, por añadidura, el espectáculo de la violencia tribal sirviera, para los interesados en ello, como un presunto recordatorio de que la democracia no es universalmente aplicable a todos los pueblos del planeta.

Significativo es también que la represión de la reciente protesta en la ciudad negra de Soweto se encargara a la propia policía municipal de la localidad, negra como sus habitantes, mientras que las fuerzas de seguridad blancas permanecían en un cinturón exterior, prestas a intervenir tan sólo en caso de extrema urgencia. Pese a ello, las afirmaciones de los servidores del régimen de que la situación estaba siendo perfectamente controlada y de que, por tanto, el estado de emergencia se había convertido en un útil válido para devolver la paz a las aglomeraciones negras han saltado hechas añicos con la atroz represión de Soweto.

Reducida la mayoría negra a expresar su protesta contra el régimen a foros menos visibles que la pura acción al aire libre, ésta se había refugiado desde el 12 de junio en una serie de boicoteos a compañías, empresas o entidades asociadas por una u otra razón a la política de apartheid, y particularmente en Soweto al pago de los alquileres de las viviendas del barrio de White City -irónica denominación para lo que es la zona más desheredada de la ciudad-, que habían sido aumentados recientemente. La subida de los alquileres era decisión del Consejo Municipal de la ciudad, integrado por negros, a los que la inmensa mayoría de la población considera, al igual que a la policía del lugar, colaboradores a sueldo del Estado racista. Los disturbios fueron provocados entonces no por los supuestos agitadores de río revuelto, como gusta de recordar la propaganda del régimen, sino por la propia policía negra, que trató de expulsar de sus casas a los que se negaban a pagar. Sólo entonces se generalizaron los disturbios y una parte de la ciudad entró en secesión, probando hasta qué punto es la violencia legal la que ensangrienta las ciudades surafricanas y no un supuesto designio desestabilizador, cuyos hilos invariablemente habrían de llevar a Moscú.

En estos momentos, las dos cámaras legislativas norteamericanas han aprobado sendos textos legales para la adopción de sanciones contra Suráfrica; la Commonwealth se ha comprometido a hacer lo propio, aun dejando atrás a la remolona primera ministra del Reino Unido; la Comunidad Europea habrá de adoptar sanciones a partir del 1 de septiembre ante la evidencia de que no hay concesiones dignas de tal nombre por parte de Pretoria, y la semana próxima el Movimiento de los No Alineados se sumará, sin duda, a ese frente exterior de castigo y repudio a Suráfrica cuando se reuna en la capital de Zimbabue, Harare.