A la tercera va la vencida
J. C., La reprivatización de IRSA y las Torres de Jerez se, ha convertido en un complicado laberinto con aires de sainete, que debe ahora quedar resuelto a la tercera ocasión.
La venta de IRSA y las Torres de Jerez fue adjudicada por acuerdo del Consejo de Ministros del 25 de abril pasado a la llamada solución Armero, que estaba constituida teóricamente a partes iguales por un trío compuesto por Emiliano Revilla, de Industrias Revilla, SA; Alejandro Montaña, dueño de Transportes Montaña, SA, y Javier Oraa, secretario general de General Motors en España. El verdadero padre de la criatura era el bufete de José Mario Armero, que había logrado un auténtico encaje de bolillos para engarzar en un objetivo común a tres personajes aparentemente desconocidos entre sí.
Sin embargo, tras un sospechoso retraso durante todo el mes de julio y cuando el Patrimonio del Estado y los compradores tenían la documentación a punto de firma ante notario, la Administración decidió sorprendentemente dar marcha atrás, alegando alteraciones sustanciales en la composición de la oferta adjudicataria ocurrida entre el 25 de abril y la firma del contrato.
En efecto, quien realmente compraba era Emiliano Revilla. Javier Oraa había protagonizado una llamativa espantá, con amenazas soterradas de acudir a los tribunales por "utilización indebida de nombre". ¿Estaba o no el hombre de General Motors en España, al corriente de la operación? Misterio. Alejandro Montaña, por su parte, se quedaba con un simbólico 1% de la operación a efectos de firma y el compromiso de recompra posterior por parte de Revilla.
Mil millones más
Pero él alegato de la Administración sonó a superfluo. Todo el mundo parecía saber en Madrid lo que había detrás de la oferta Armero menos quien lo tenía que saber. Se consumó así un espectacular resbalón por parte del Consejo de Ministros, resbalón que, en plena canícula, ha pasado ciertamente desapercibido.
El ministro Solchaga decidió así sacar de nuevo la prenda a venta, en concurso abierto. Las condiciones mínimas exigidas por el Patrimonio no han variado sustancialmente: exigencia de pago de 3.000 millones de pesetas al contado -valor adjudicado a las Torres de Jerez- y preaval bancario para los pagos aplazados. El grupo Zóbel, que cuantitativamente presentó en el segundo concurso la oferta más elevada, ofreció en la anterior ocasión 12.050 millones de pesetas, pagaderos en 7 años.
Todo hace suponer que el boom inmobiliario que conoce Madrid desde primeros de enero y la publicidad dada a las cifras de la anterior licitación surtirán el efecto de elevar las cifras de la puja. "Sueño con conseguir 1.000 millones más", ha manifestado una fuente del Patrimonio.
