Cajamadrid desafía a Leguina e intenta evitar que los socialistas copen los órganos rectores

El Consejo de Administración de Cajamadrid, la mayor caja de ahorros española, con 970.000 millones de pesetas en depósitos, se negó ayer a modificar su proyecto de estatutos en el sentido deseado por la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta posición mayoritaria de los consejeros, convocados a la sesión con carácter extraordinario, pretende limitar la entrada de socialistas en los órganos de gobierno de la entidad. La presidencia y la dirección de la caja apoyan los propósitos atribuidos a Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad, pero sus posturas han quedado en minoría.

Las discrepancias en el seno del consejo de administración de Cajamadrid empezaron el pasado julio, durante el debate del proyecto de estatutos de la sociedad. Como todas las cajas, la madrileña tiene que recoger y concretar en sus nuevos estatutos el contenido de la ley de órganos rectores, aprobada por el Parlamento hace más de un año y desarrollada en su ámbito por cada comunidad autónoma. Esta ley aumenta la representación de los ayuntamientos, que será mayoritaria en casi todas las cajas.Según fuentes de Cajamadrid, aunque la presidencia y la dirección habían pactado con el equipo regional de Leguina unos estatutos que acenturarían la penetración de los socialistas, el consejo de administración se desmarcó claramente de ellos.

El principal punto de fricción surgió al debatir el reparto del 40% de representación otorgada a los ayuntamientos en los futuros órganos de gobierno. Los hombres de Leguina y el aparato de la caja defienden que impere el criterio mayoritario; es decir, que cada municipio designe para la asamblea de la caja representantes del partido gobernante. Por el contrario, otro sector del consejo, más ajeno a la gestión de la entidad y que perderá sus cargos durante el próximo proceso electoral, mantiene que los ayuntamientos deben enviar representantes en proporción a su estructura política.

Ante al triunfo de éstos últimos en julio, el martes y miércoles fue convocado un consejo extraordinario para replantear el asunto y anticipar la asamblea prevista para el 29 de septiembre. Fuentes oficiales de la caja, tras calificar de "secretas" las deliberaciones, dijeron ayer que el texto está todavía en debate. Pero otras fuentes informadas aseguraron que los partidarios de desafiar a la Comunidad han vuelto a tener mayoría y ni siquiera permitieron anticipar la asamblea.

La batalla de Madrid

La batalla se centra principalmente en los representantes del Ayuntamiento de Madrid. Por el desarrollo de la ley estatal, éstos; sumarán en la asamblea de la caja 26 ó 27, sobre un total de 160 miembros. Con el planteamiento de Leguina, los 26 ó 2 7 serían socialistas. Con el que ha prosperado en el consejo de la caja, los socialistas sólo tendrían 14 ó 15, pues deberían repartir su representación con la oposición conservadora y con la comunista. En Madrid hay 30 concejales socialistas, 23 de la coalición AP-PDP-Ul- y otros 4 comunistas.

Un problema similar se ha planteado en casi toda España. La ley no concreta las formas de designación y reparto de las nuevas representaciones: 40%. las corporaciones locales; 44% los impositores; 11% las personas o entidades fundadoras, que en muchos casos son también municipios, y 5% los empleados.

En los decretos de desarrollo, por regla general, las comunidades gobernadas por socialistas priman a las grandes ciudades; han repartido el 40% de los municipios en proporción a los depósitos que tengan las cajas en cada término municipal, asignando un 40% al mayor. La orientación inversa, infravalorar a las grandes ciudades, ha sido impulsada por la Generalitat de Cataluña.