Un presunto traficante asegura al juez que la Guardia Civil le pagaba con droga

José Fernández Burgos, detenido en junio pasado en Málaga con 90 kilos de hachís introducidos en España a través de un chalé propiedad del capitán Luis Ruiz Ruiz, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola que trabajaba para el grupo antidroga de la Guardia Civil de Sevilla, que recientemente le había pagado un servicio con kilo y medio de cocaína. Fernández Burgos -identificado en principio como José Burgos Martínez, a causa de su documentación falsa- asegura que el grupo de Sevilla y el capitán Ruiz han tenido conocimiento de entradas de drogas en España y que los servicios sabían, obviamente, que traficaba con la droga que recibía.

Ante el juzgado han declarado hasta el momento el capitán Ruiz Ruiz, jefe de un grupo antidroga de Málaga hasta su traslado a Tarifa y actualmente en situación de disponible forzoso; el capitán del grupo antidrogas de Sevilla Diego Navarro Carretero, el brigada Francisco García Vivas y el guardia segundo Juan Fernández Delgado, ambos adscritos al grupo de Sevilla, y supuestamente implicados por el confidente en el tráfico de drogas.José Fernández Burgos declaró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola que era confidente de la policía y de la Guardia Civil y que el capitán Ruiz Ruiz, durante un tiempo jefe de un grupo antidroga de Málaga y al que había alquilado un chalé de su propiedad por medio de un contrato verbal, desconocía en principio la operación de la entrada de los 600 kilos de hachís.

Sin embargo precisa que éste y el grupo antidroga de Sevilla tuvieron conocimiento de la entrada de los estupefacientes posteriormente y estaban al corriente de otra. operación en la que iban a introducirse 4.000 kilos por la misma vía y con la misma organización.

Según el supuesto confidente y colaborador de la Guardia Civil, la operación de los 600 kilos de hachís en la que fue detenido "la había utilizado como señuelo para ponerles posteriormente 4.000 kilos de hachís". "La operación", añade el supuesto confidente de la Guardia Civil, "fue un fracaso por la precipitación del policía que me detuvo". En esta operación, la policía, por problemas desconocidos, sólo intervino 90 de los 6,00 kilos de hachís que entraron desde Marruecos a España a través del chalé propiedad del capitán Ruiz.

Conocimiento previo

José Fernández Burgos explica posteriormente que la operación de los 4.000 kilos de hachís que iban a introducir por la misma vía en España "la estaba llevando a cabo con el grupo antidroga de la Guardia Civil de Sevilla y que para ello tenía que contactar con el brigada Vivas". El supuesto confidente insiste en que la operación de los 4.000 kilos de hachís era conocida por el capitán Ruiz y el capitán jefe del grupo antidrogas de Sevilla, Diego Navarro Carretero.Jose Fernández Burgos precisa que había alquilado el chalé al capitán Ruiz, al que conoce "por haber hecho algunos trabajos con él", y que colaboraba asiduamente, con el grupo antidroga de la Guardia Civil de Sevilla.

El supuesto confidente afirma, en una de sus declaraciones, que el kilo y medio de cocaína que le fue intervenido por la policía en su domicilio de Torremolinos le había sido entregado por la Guardia Civil de Sevilla como pago a un servicio donde gracias a él cogieron 17 kilos de esta sustancia estupefaciente a dos colombianos hace dos o tres meses.

José Fernández Burgos añade que por la operación de los 600 kilos de hachís en la que fue detenido -aunque sólo le intervinieron 90 kilos- iba a cobrar 6.000 pesetas por kilo, o sea, 3.600.000 pesetas, que recibiría en droga -un total de 60 kilos de hachís-, que evidentemente vendería o distribuiría posteriormente.

Inhibición de la juez

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola, María Teresa Gómez Pastor, dictó recientemente un auto inhibiéndose del caso a favor de la Audiencia Provincial de Málaga. Argumentaba que a José Fernández Burgos le habían sido intervenidas armas y munición -depósito de armas- en su domicilio de Torremolinos, y explicaba que ese delito era más grave que la intervención de los 90 kilos de hachís y el kilo y medio de cocaína.El defensor de Fernández Burgos presentó un recurso de reforma contra la decisión de la juez explicando que todas las armas intervenidas al mencionado confidente poseían su licencia y guía de pertenencia debidamente autorizadas por la Guardia Civil.

Sin embargo, la magistrada se reafirmó en su inhibición, y el defensor de Fernández Burgos ha interpuesto un recurso subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial de Málaga que actualmente se encuentra pendiente de resolución.

Fuentes próximas al abogado defensor de Fernández Burgos consideran que la magistrada pretende "lavarse las manos" de un asunto excesivamente delicado en el que aparecen supuestamente involucrados en el tráfico de drogas miembros de la Guardia Civil. El propio Fernández Burgos precisa en su declaración al juzgado que algunas de las armas que le fueron intervenidas le habían sido regaladas por miembros de la Guardia Civil con los que había trabajado.

La Guardia Civil ordenó el pase a la situación de "disponible farzoso" del capitán Ruiz Ruiz, mientras que sobre el resto de los supuestamente implicados no ha tomado ninguna decisión hasta el momento.

Asimismo, la Dirección de la Guardia Civil ha iniciado una investigación interna sobre este caso, pero fuentes oficiales del instituto informaron a este periódico que sus conclusiones no se harán públicas hasta que haya un pronunciamiento de la autoridad judicial sobre la responsabilidad de los presuntos implicados.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil -clandestino- ha puesto en conoc¡miento de los responsables de Interior y de Defensa la supuesta implicación de otros miembros de la Guardia Civil de Sevilla por las declaraciones firmadas de otros dos confidentes del cuerpo -Luis Manuel Moreno Antúnez y José Antonio Luque Almansa- en casos anteriores al mencionado.

Estos dos confidentes detallan que recibían habitualmente de la Guardia Civil de Sevilla droga como pago a sus servicios. Obviamente la Guardia Civil conocía también que éstos traficaban posteriormente con la droga que recibían, según tales declaraciones.