La Audiencia de Ávila vuelve a procesar a tres directivos de la Caja de Ahorros
La Audiencia Provincial de Ávila mantiene procesados, por el presunto delito de estafa, a los directivos de la Caja General de Ahorros y Préstamos de Ávila Carlos Martín de Velasco, Gonzalo Vegas Valiente y Ricardo Sánchez Encinar, a los que en abril de 1985 les fue levantado el procesamiento por el Tribunal Constitucional al estimar un recurso de amparo.
El alto tribunal anuló entonces la resolución de la Audiencia por darse la circunstancia de que su presidente era pariente de uno de los querellantes. Modificada la composición de la Audiencia Provincial, el 9 de octubre de 1985 este tribunal acordó de nuevo el procesamiento de los tres mismos querellados y la reapertura del sumario, que se encuentra pendiente de conclusión y juicio.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional fundamentó su sentencia en que el magistrado Simón Pérez Martín, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, era pariente en cuarto grado del querellante Jaime Santamaría Bejarano. En consecuencia, se levantó el procesamiento de los tres directivos, a quienes Santamaría y César Calzada acusaban de no haber cumplido, en su calidad de directivos de la Caja General de Ahorros y Préstamos de Ávila, con las condiciones fijadas a un préstamo, lo que había, producido graves perjuicios económicos a los querellantes. Modificada su composición, la Audiencia de Ávila, y presidida accidentalmente por Angel Adolfo Alonso de Prado, acordó, por auto de 9 de octubre de 1985, procesar a los tres directivos de la Caja de Ahorros por existir indicios del delito de estafa y exigirles una fianza solidaria de 42 millones de pesetas, y subsidiariamente a la Caja de Ahorros.
La causa de una bancarrota
La Audiencia Provincial estima que de la investigación judicial realizada se desprende que la inactividad de los directivos de la Caja en relación con el pago de un préstamo al Banco Hipotecario de España motivó que Calzada se quedase sin la finca para cuya liberación había pedido el crédito y que Santamaría tuviera que asumir, como avalista, una obligación que no le correspondía, mientras que la Caja obtuvo indebidamente un beneficio, al destinar sus directivos el crédito de 5,2 millones de pesetas, solicitado por Calzada a satisfacer deudas que no estaban vencidas.Según Calzada, la actuación de los tres procesados fue la causa de que él fuera a la bancarrota, al perder la propiedad de un polideportivo con un solar de más de 7.000 metros cuadrados de superficie.
