Los jueces intentan reinar sobre la ola de detenciones provocada por el estado de emergencia en Suráfrica

La batalla por el imperio de la ley frente al estado de emergencia vigente en Suráfrica, y también en Zimbabue, se abre paso con grandes dificultades en los tribunales. De acuerdo con las estrictas leyes de emergencia impuestas por Pretoria, sólo el Parlamento o los tribunales quedan al margen de la prohibición de informar sobre detenciones [ya superan las, 8.000] o sobre protestas antigubernamentales. Desde que se iniciaron las vacaciones parlamentarias, los tribunales son el único espacio desde el cual se puede cuestionar el estado de emergencia.

.[El número de personas que permanecen detenidas sin haber sido juzgadas se eleva a 8.400, según un informe hecho público ayer por denominado Grupo de Investigación Ciudadana, creado en el seno de la Universidad de Johanesburgo para defender los derechos de las víctimas del estado de emergencia decretado el pasado 12 de junio por las autoridades surafricanas. La legislación de represiva permite no revelar la identidad de los detenidos.]La justicia surafricana tiene una probada reputación de independencia. Los jueces son nombrados por el jefe del Estado, pero no pueden ser destituidos si no media una recomendación expresa de sus colegas en la magistratura.

En Natal, por ejemplo, los tres miembros del Tribunal Supremo desestimaron varias provisiones del estado de emergencia, en vigor desde el 12 de junio, relajando las restricciones a la Prensa y permitiendo que los detenidos vieran a sus abogados. En Harare (Zimbabue), el juez supremo Enoch Dumbatschena reiteró en una de sus sentencias la independencia de ¡ajusticia frente al Gobierno y el caos que se produciría de ignorarse las sentencias de los tribunales.

El estado de emergencia está a punto de cumplir en Zimbabue 21 años de vigencia ininterrumpida. El comentario de Dumbatschena era una respuesta al caso de dos funcionarios de aduanas blancos que comparecieron 10 veces ante el Tribunal Supremo y otras audiencias porque, tras ser puestos en libertad por los tribunales en tres ocasiones, fueron nuevamente detenidos por las autoridades, sin que éstas presentaran razones jurídicas para ello. El Gobierno aducía la legislación de emergencia para justificarse.

Para el juez John Didcott, de la ciudad surafricana de Durban, algunos apartados de la legislación de emergencia son "ininteligibles" o de una vaguedad tal que carecen de sentido. "No tienen ni pies ni cabeza ( ... ); quien quiera que sea el que las escribió, escribió un montón de insensateces". Refiriéndose a una cláusula que declara ilegales "aquellas declaraciones que debiliten o socaven la confianza pública, o de cualquier parte del público, en la conclusión del estado de emergencia", dijo que era "excesivamente vago". "Realmente no tengo ni idea de lo que significa", añadió.

El diario de Johanesburgo The Star publicó un editorial cuyo título rezaba: 'Si un juez no puede entenderlo, ¿quién puede?'; a continuación decía: "Cuando un Gobierno recurre a leyes que sus ciudadanos no pueden entender, entonces se hace plausible la conclusión de que el motivo de éstas no es el fomento del orden, sino la intimidación por sortilegios".

Asistencia al preso

Una de las provisiones a las que se oponía el juez Didcott era la prohibición, excepto para los funcionarios gubernamentales, de visitar u obtener información de un detenido. El juez explicó que éste puede necesitar hablar con su abogado sobre un asunto no relacionado con el estado de emergencia; por ejemplo, el pago del colegio de su hijo o cualquier caso similar. Didcott concluía en su sentencia que el presidente Botha había rebasado sus poderes en este particular.Al margen de la disposición que sostenía que algunas definiciones del concepto "declaración subversiva" son excesivamente vagas desde el punto de vista legal (en la práctica, los periodistas todavía trabajan bajo el yugo de la censura), otra parte fundamental de la sentencia garantizaba a los abogados poder hablar con sus clientes detenidos.

Según un experto constitucionalista, el profesor Dion Basson, de la universidad de Pretoria, éste es un "pronunciamiento que destaca por su activismo". "Esto confirma", explicó, "que la justicia en Suráfrica está haciendo verdaderas piruetas para preservar los derechos individuales, a pesar de que no tenemos una carta de derechos". Para Helen Suzman, portavoz de la oposición blanca al Gobierno, esta decisión "puede ser un freno para el Gobierno y la policía de seguridad, que han actuado de forma arbitraria y casi irreal".

Fallos adversos al Gobierno

El fallo del juez de Durban, sin embargo, no ha sido el primero adverso al Gobierno. A principios de este mes, el Tribunal Supremo de Johanesburgo ordenó a la policía que liberara a un técnico de sonido de la televisión de raza negra, Spokes Mashiani. que había sido arrestado cuando visitaba a su novia en la universidad de Witwatersrand. Unos días después, una monja irlandesa de la orden dominica, la hermana Clare Harkin, fue puesta en libertad por orden de un juez en Ciudad del Cabo. Los policías que les arrestaron no pudieron aportar razones suficientes que justificaran la necesidad de su detención "para mantener el orden público". En el caso de Mashiani, el juez recordó a la policía que la legislación de emergencia, por "amplia que sea, todavía pone algunas limitaciones a la detención de personas". "Es deseable e incluso saludable que a un oficial le sea recordado que hay unos límites y que puede ser convocado ante un juzgado de primera instancia para dar cuenta de sus acciones", dijo el juez Gladstone.La sentencia de Durban tuvo como consecuencia casi inmediata el acceso a casi 4.000 detenidos, según los abogados, y la puesta en libertad de algunos; entre ellos, el director de periódico de raza negra Zwelakhe Sisulu, de 33 años de edad, hijo de Walter Sisulu, dirigente del Congreso Nacional Africano, colega y compañero de cárcel de Nelson Mandela.

En Harare, el fallo del juez supremo Dumbatschena resumía su actitud, que bien podría ser la de los tribunales en Suráfrica, declarando que "quizá sea necesario recordarse a uno mismo, de tiempo en tiempo, que el primer y más sagrado deber de un tribunal, siempre que sea posible, es la administración de justicia a aquellos que la requieran desde arriba o desde abajo, ricos o pobres, negros o blancos; es decir, tratar de hacer justicia entre hombre y hombre y entre hombre y Estado". Citando a un lord del derecho británico, Atkin, Dumbatschena continuó: "Uno de los principios de la libertad ( ... ) es que los jueces no deben respeto a las personas, simplemente se colocan entre el sujeto y cualquier intento de entremeterse en su libertad por parte del Ejecutivo, siempre atentos a que el uso de la fuerza esté justificado por la ley".

En aquellos países donde es frecuente la detención preventiva, dice Dumbatschena, ésta es una "preocupación constante" de la justicia. "Algunas veces", explica, "[las detenciones] crean conflictos innecesarios entre la justicia, la custodia de los derechos de los ciudadanos que buscan su protección en los tribunales, y el Ejecutivo, guardián de la seguridad del Estado".