Una amenaza para la industria española
Las nuevas reglas de origen aprobadas por la Comunidad para el comercio hispano-portugués afectan a una serie de productos de gran sensibilidad para los sectores españoles que los producen. Se trata de mercancías cuyas importaciones están ya sometidas a restricciones cuantitativas frente a la Comunidad y terceros países, y que ahora soportan los aranceles más elevados como medida de protección de nuestra industria durante el período transitorio.Entre ellos, sobresalen los televisores en color, las máquinas de coser domésticas, electrodomésticos de línea blanca, calculadoras, equipos de alta fidelidad, magnetófonos y vídeos; los automóviles, motocicletas, tractores agrícolas y buques; los derivados del cobre y aluminio; las máquinas herramientas y los rodamientos. Estos productos representan un 15% del total de las importaciones procedentes de Portugal. El hecho de que la Comunidad haya favorecido a las ventas de sectores de débil implantación en Portugal hacen que el nuevo reglamento parezca dirigido a beneficiar indirectamente a otros países europeos.
Las relaciones comerciales hispano-portuguesas dentro del marco de la Comunidad Europea quedaron reguladas por el llamado reglamento 846, aprobado por ambos países en mayo de 1985 y que fue comunicado en su día a la Comisión Europea. El acuerdo comercial hispano-portugués cubre los productos originarios de ambos países. En síntesis, la razón de ser de este acuerdo radicaba en que Portugal mantenía con España aranceles más altos que los fijados para otros países comunitarios. Como además, ambos Estados negociaron períodos transitorios y desarmes arancelarios distintos en su adaptación a la CE, se imponía una reglamentación bilateral para esos años.
El valor añadido
Portugal y España se concedieron mutuamente derechos arancelarios nulos para los productos industriales, salvo una lista de productos considerados sensibles en que el desarme será progresivo. Estas manufacturas que pueden perjudicar la producción española, esencialmente textiles y derivados del corcho, están sometidos además a unos límites cuantitativos. España exigió además que los productos importados de Portugal tuvieran entre un 50%-70% de valor añadido portugués, para evitar que el acuerdo pudiera convertirse en una vía que utilizaran otros países para vender sus productos en España sin pagar los aranceles vigentes.
Precisamente fue este alto porcentaje el argumento utilizado por el nuevo Gobierno portugués para presentar su denuncia ante la Comisión Europea. El Gabinete presidido por Aníbal Cavaco e Silva presentó el pasado 12 de marzo, nueve días después de la entrada en vigor del reglamento comunitario que recogía el acuerdo bilateral, una propuesta de modificación, fundamentada en la necesidad de la industria portuguesa de proveerse de productos semitransformados en el exterior y en el bajo valor del coste de su mano de obra, lo que convertían ese límite del 50%-70% en una cláusula "leonina".
La Comisión dio desde el principio la razón a Portugal, a pesar de que España se mostró dispuesta a renegociar a la baja esos baremos y se opuso a una modificación que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de la CE por mayoría cualificada. La modificación del reglamento rebaja los porcentajes de valor añadido portugués a un 40%-30%, según los productos, que pasarán en dos años a ser de sólo un 30%-20%, inferiores a los que la propia Comunidad exige a terceros países. El recorte los sitúa, según los expertos, en índices equivalentes a los del valor de comercialización, con lo que muchas empresas europeas y de otros países no tendrán más que abrir líneas de montaje o incluso oficinas de ventas en Portugal para poder competir con precios más bajos en España.
E,spaña argumenta que en los tres, meses de vigencia del acuerdo se ha corregido en parte el fuerte desequilibrio de Portugal en su comercio con España. Ahora, las desviaciones del tráfico comercial, uno de los objetivos a evitar por la Comunidad, serán aún más pronunciadas. Las exportaciones españolas a Portugal asecendieron el pasado año a 91.237 millones de pesetas, mientras que las importaciones fueron de 40.094 millones. En los cinco primeros meses de este años las ventas españolas sumaron 48.258 millones y las compras, 21.126 millones de pesetas.
