España mantiene su oposición a la nueva política mediterránea de la Comunidad Europea

Siete horas de negociación intensiva en la noche del lunes al martes no bastaron para que España y la presidencia británica de la Comunidad Europea (CE) alcanzasen un acuerdo sobre la política de cooperación con los países terceros ribereños del Mediterráneo. Pasadas las dos de la madrugada de ayer, Pedro Solbes, secretario de Estado para la CE, que encabeza la delegación española, afirmó que se habían producido "avances menores" pero añadió a renglón seguido que "las discrepancias seguían siendo sustanciales".

"Veo difícil", prosiguió, "llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de agosto", aunque no descartó del todo que la famosa política mediterránea sea finalmente aprobada este mismo mes a nivel de embajadores de los doce ante la CE, cuyos responsables de Exteriores darían su luz verde en otoño.Formalmente, el secretario de Estado someterá ahora, según reza el comunicado publicado al término del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el resultado de la discusión al Gobierno de Madrid para que decida si puede ser aceptado, pero el propio Solbes dejó claro de antemano que los logros obtenidos eran aún insuficientes para poder dar el visto bueno.

Un portavoz británico hizo, sin embargo, hincapié en que la oferta de su país a sus interlocutores españoles era de "tomar o dejar" y recalcó que en caso de rechazo español se volvería a negociar sobre la base de la anterior propuesta holandesa, menos favorable a las tesis españolas.

La base de la discusión entre la presidencia, los representantes españoles y la Comisión Europea fueron las modificaciones aportadas por el Reino Unido al anterior proyecto de compromiso elaborado por Holanda que, según Solbes, supone un "tímido acercamiento a nuestra postura, a pesar de que los cambios introducidos son generalmente más formales que reales".

Los tres principales puntos en litigio abordados durante la conversación tripartita conciernen al volumen y reparto de los contingentes agrícolas exportados de Canarias hacia la Comunidad, así como la modulación del precio de entrada de sus productos de la tierra en la CE.

España teme que la agricultura del archipiélago, que no forma parte de la unión aduanera -el eje de la naturaleza y del funcionamiento de la CE-, resulte desfavorecida en relación, sobre todo, a la de los países del Magreb, si levanta prematuramente su bloqueo y permite así la puesta en práctica de la política mediterránea. El objetivo de esta política consiste en proporcionar a los países ribereños del Mediterráneo, especialmente a los del norte de África, compensaciones por las consecuencias negativas que ha tenido para sus economías la ampliación de la Comunidad a España y Portugal.

España mantiene que Canarias y el sector de frutas y hortalizas no pueden ver todavía empeorada su situación actual frente a países que no pertenecen a la Comunidad. La solución en base a aportaciones financieras encuentra fuertes resistencias entre los países del norte de la CE, mientras Francia, que tiene grandes intereses en el área mediterránea, ejerce una fuerte presión para que esta nueva política sea por fín adoptada.

Los titulares de Exteriores deberían haber dado en abril a la Comisión Europea un mandato para poner en obra este modelo de cooperación, pero las resistencias de Madrid lo han retrasado hasta ahora, y anteayer el secretario del Foreign Office británico y actual presidente de la CE, Geoffrey Howe, comentaba con ironía que la "política mediterránea se parece al cometa Halley: se acerca pero nunca llega".

El embajador español ante la CE, Carlos Westendorp, reconocía, por su parte, al término de una ronda de conversaciones, que la delegación de la que formaba parte "se sentía muy aislada y presionada en la negociación en curso", que se desarrolla en un ambiente tenso y con íntercambios, a veces, de diatribas.

Importaciones textiles

En cuanto a las relaciones económicas con terceros países, la Comunidad ha finalizado las negocíaciones para la renovación del acuerdo de limitación de 'importaciones de productos textiles con 15 países proveedores, según informaron ayer fuentes de la Comisión Europea. Sin embargo, faltan por concluir las conversaciones con otros 12 Estados, entre ellos los principales productores, para lograr el conjunto de 27 acuerdos bilaterales en los que se fundamentará el nuevo compromiso multifibras para el período 1986-1990.

Según fuentes comunitarias, la renovación de los acuerdos se ha hecho, en términos generales, en base a disposiciones ligeramente más liberales que las ahora vigentes. La firma oficial de los compromisos bilaterales tendrá que esperar a la entrada en vigor del nuevo acuerdo multifibras, que será el cuarto de los negociados por la Comunidad Europea con los países de los que provienen sus importaciones textiles.

Las conversaciones para la renovación, que se desarrollan en Ginebra en el seno del Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT), han entrado esta semana en su fase decisiva. Las discusiones más dificiles son las que conciernen a Pakistán, Hong Kong, Brasil e India, que plantean exigencias "irreales", en opinión de medios comunitarios. China tiene suscrito un acuerdo con validez hasta 1988, mientras que Taiwan está sometida a una restricción unilateral de sus ventas por parte de la CE.

Los países mediterráneos que exportan productos textiles a la Comunidad, como Turquía y Marruecos, al igual que los de África, el Caribe y el Pacífico gozan de acuerdos preferenciales y no están sometidos a las limitaciones del acuerdo multifibras.