España acepta una negociación tripartita para intentar el desbloqueo de la política mediterránea de la CE

La presidencia británica del Consejo de Ministros comunitario, la Comisión Europea y la delegación española iniciaron ayer, a última hora de la tarde, una negociación tripartita para intentar desbloquear la nueva política mediterránea de la Comunidad Europea (CE), que España ha vetado hasta el momento. La discusión empezó tras la nueva oferta del Reino Unido, más cercana a las tesis españolas que la anterior de la presidencia holandesa, que aprobaron a grandes rasgos 10 de los 12 ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el edificio Charlemagne. Portugal se opuso por motivos diferentes a España.

Pedro Solbes, secretario de Estado para la CE, que encabeza la delegación española, se mostró, sin embargo, muy pesimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo esta misma noche porque, dijo, "observamos algún progreso en la nueva proposición, pero aún es insuficiente". Solbes reconoció, no obstante, la utilidad de la reunión reducida porque los "temas tratados son de índole tan técnica, que no merece la pena abordarlos en un foro más amplio y político". "Nos han pedido un esfuerzo", agregó, "y lo vamos a hacer, pero no oculto que las partes están aún bastante distanciadas como para lograr un compromiso rápido".Horas antes, el titular español de la cartera de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, aseguró que la política mediterránea no sería aprobada en esta sesión del Consejo de ministros de la Comunidad Europea, aunque dio a entender que podría serlo antes de las vacaciones del verano, acaso en la última reunión de ministros que tendrá lugar el próximo jueves.

La política mediterránea de la CE pretende compensar las consecuencias que la ampliación de la Comunidad ha tenido para los países terceros ribereños del mediterráneo, pero su adopción ha sido vetada hasta ahora por el Gobierno de Madrid, que intenta evitar que los productos agrícolas de Canarias resulten perjudicados con relación a los del norte de África.

Las principales objeciones españolas conciernen al volumen y reparto de contingentes de las exportaciones agrícolas del archipiélago y la modulación del precio de entrada. "Damos una batalla", afirmó el secretario de Estado, "no tanto para resolver problemas actuales sino para evitarlos en el futuro".

Aunque en los últimos tiempos los puntos de vista de España y sus demás interlocutores comunitarios habían parecido acercarse, el mantenimiento de algunas revindicaciones españolas ha provocado una subida de tono en las discusiones sobre el asunto, que quedaron nuevamente ayer de manifiesto por el titular francés de la cartera de Exteriores, Jean Bernard Raimond.

El representante francés aseguró ante la Prensa que Francia -el país más interesado en la aprobación de esta política, puesto que favorece a sus antiguas colonias-, "no está dispuesta a tolerar una revisión del Tratado de Adhesión" de España y del estatuto particular que concede al archipiélago canario. "Eso, es exactamente", añadió, "lo que pide Madrid". Ante sus colegas, el jefe de la diplomacia gala recordó que el problema debería estar resuelto desde abril y pidió una solución urgente.

Preocupación en Canarias

Por otra parte, en Canarias se subraya que la agricultura isleña sufrirá un fuerte colapso si los ministros de Asuntos Exteriores no acuerdan aumentar las cuotas de los contingentes que se aplican en la actualidad a 10 productos canarios de exportación, al haber quedado el archipiélago fuera de la Política Agraria Común (PAC), informa Carmelo Martín. El Gobierno autónomo teme que una respuesta negativa de este órgano decisorio comunitario resucite en las islas el conflicto empresarial que puso el pasado mes de mayo en la picota al Gabinete socialista que preside Jerónimo Saavedra.Los técnicos de la comunidad autónoma se acogen al último párrafo del apartado cuarto que figura en el artículo 25 del Acta de Adhesión para recabar de la CE el compromiso de que en octubre se mejorarán las condiciones de acceso de los productos contingentados al mercado europeo. Apoyan su petición, además, en un acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de finales del año pasado, que garantizaba la revisión técnica de las restricciones a las exportaciones agrícolas canarias.

La representación oficial española ha vetado hasta ahora la ampliación del mandato de negociación con los países terceros mediterráneos para forzar una dispuesta de la CE favorable a las demandas canarias. Los contingentes (cupos calculados al obtener la media de las exportaciones registradas en el período 1,982-1984) no han surtido un efecto demasiado negativo en la agricultura de las islas durante 1985 porque fueron aplicados a partir del mes de marzo una vez transcurridos los principales meses de la zafra en el archipiélago. De no incrementarse los contingentes actuales para 1986 se ahogaría la expansión de los cultivos de aguacates, flores cortadas y plantas ornamentales y se dejarían de exportar 53 millones de kilos de tomates, aguacates, cebollas y plantas vivas. Dicho extremo acentuaría la tesis de algunos sectores económicos de las islas partidarias de modificar el tratamiento diferenciado que recibe Canarias en la CE para optar por su total integración.