El Grupo Popular presentará un 'paquete' de medidas que incluye someter la reinserción de terroristas a control parlamentario
El Grupo Popular presentará esta semana en el Congreso una proposición de ley tendente a endurecer las medidas penales para delitos de terrorismo. La creación de un complejo servicio de espionaje, el sometimiento del proceso de reinserción de terroristas al. control parlamentario y la imposibilidad de acortar las penas a aquéllos que estén incursos en delitos de terrorismo son algunas de las medidas que incluirá esta iniciativa parlamentaria.Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular (AP), ofrecerá el próximo miércoles, en el debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Felipe González, un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas contra el terrorismo.
El diputado aliancista José María Ruiz Gallardón trabajó todo el fin de semana con el equipo de juristas del Grupo Popular para elaborar una amplia gama de medidas penales y policiales contra la violencia terrorista. Fuentes del Grupo Popular dijeron ayer que el presidente de AP, Manuel Fraga, había pedido que este informe le fuera entregado con toda celeridad.
"Entregaremos a Fraga un listado de medidas y él decidirá si se plasman en una proposición de ley", dijeron estas fuentes. La redacción del texto habrá de realizarse como cualquier proyectó de ley, con su articulado. Cabe también la posibilidad de que Fraga opte por la vía de la proposición no de ley, lo que significaría que su grupo instaría al Gobierno para que adoptase las medidas propuestas. Entre ellas está la creación de un servicio de espionaje dedicado exclusivamente a descubrir los focos terroristas y una mayor protección de los objetivos habitualmente elegidos por los violentos. Para una mayor "eficacia represiva", AP propone reactivar la lucha policial con la creación de unidades especiales.Excepcionalidad
En el campo penal, los aliancistas proponen mantener el carácter de excepcionalidad a la hora de conceder medidas de gracia. En ningún caso las penas para estos delitos se acortarán, por lo que habrán de cumplirse íntegramente, sin posibilidad de acogerse a ninguna reducción.
Las medidas de reinserción, que en la actualidad decide el Ministerio del Interior y aprueba el Consejo de Ministros se verían sujetas, si se imponen las tesis de AP, a control parlamentario.
Manuel Fraga ha insistido personalmente en que este trabajo debe tener prioridad absoluta. Esta urgencia está llevando a los expertos juristas de AP á realizar un esfuerzo extraordinario, dado que, según uno de los redactores, esta labor, realizada a un ritmo normal, ocuparía todo el verano.
Modificar el Código Penal
"Las medidas que proponemos exigirán la reforma de siete leyes, la mayor parte de ellas orgánicas", dijeron las mismas fuentes. Entre ellas habría que modificar distintos apartados del Código Penal, de la ley de Enjuiciamiento Criminal, de las medidas urgentes contra bandas armadas -ley Antiterrorista- y de la ley general Penitenciaria.
Los redactores del texto reconocen serias dificultades para encajar jurídicamente algunas de las medidas y, prácticamente, ya se ha abandonado la idea inicial de buscar una fórmula ajustada a' derecho que permitiera la ilegalización de Herri Batasuna.
"Aunque cambiara la ley que regula la inscripción de partidos políticos, ello no afectaría a la legalización de Herri Batasuna, que ya es un hecho irreversible, dada la irretroactividad de las leyes", explicaron con desánimo.
Fraga pedirá el próximo miércoles, en la sesión de investidura del presidente del Gobierno, un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para luchar contra el terrorismo. El líder aliancista está especialmente preocupado estos días por la violencia etarra, según confirmaron fuentes de su partido.
En este contexto, en Alianza Popular se ha visto con preocupación el indulto concedido recientemente por el Gobierno español a dos shiíes libaneses condenados por el intento de asesinato de un diplomático libio.
Una vez concluida la investidura, el Grupo parlamentario Popular tiene la intención de hacer efectiva su petición de que el ministro del Interior en funciones, José Barrionuevo, comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso. Esta solicitud tiene que ver con el atentado de la pasada semana contra miembros de la Guardia Civil que causó 10 muertos.
Alianza Popular insistirá en que la presencia de Barrionuevo se produzca a finales de mes y no se posponga hasta septiembre.
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