La abogada del dirigente 'etarra' denuncia el caso ante la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados

La abogada de Txomin Iturbe, Christianne Fando, envió ayer un informe sobre la situación de su defendido a la delegación en París de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados con objeto de que lo haga llegar a la sede central, en Ginebra. Fando ha denunciado también la expulsión de Iturbe ante la Comisión de Recursos para los Refugiados en París y tiene la intención de hacerlo ante los tribunales ordinarios por vía administrativa. La abogada recibió ayer desde Libreville una llamada telefónica de su defendido, con el que pudo hablar por primera vez desde que fue excarcelado de Gradignan, el viernes pasado.La letrada indicó ayer que sigue sin lograr información oficial del Ministerio del Interior francés, ante el que también se ha interesado por la expulsión de Txomin Iturbe el delegado en Francia del organismo de la ONU para los refugiados. "Lo único que hemos conseguido que nos digan", declaró la letrada, "es que este asunto se ha tratado a muy alto nivel y que cuando nos ponemos en contacto con el ministerio no se encuentra presente la persona autorizada para facilitamos datos y los que están no tienen capacidad para informar".

La denuncia ante la Comisión de Recursos para los Refugiados, integrada por un representante del organismo especializado de las Naciones Unidas, un magistrado y un delegado del Ministerio del Interior, podría desembocar en un dictamen desfavorable sobre la orden de expulsión, pero sin carácter ejecutivo. El recurso ante los tribunales por vía administrativa puede conseguir una sentencia que anule la orden de expulsión del refugiado, pero tampoco implicaría el regreso automático del presunto dirigente de ETA a territorio francés. "Hay precedentes en el caso de los deportados a Cuba", recuerda Fando, "que consiguieron la anulación de la orden de expulsión que les afectaba, pero se trata de una victoria teórica, porque el Gobierno francés puede dar órdenes para que no se les permita la entrada cuando lleguen a cualquier aduana". "Aunque ganemos en los tribunales", confesó la abogada, "esto puede durar cuatro o cinco años y si el Estado no quiere que regresen, puede detenerlos en la frontera, dictar una nueva orden de expulsión y dar el asunto por zanjado".