El Gobierno de Nicaragua expulsa al obispo Pablo Vega, al que acusa de apoyar a la 'contra'
AGENCIAS, El Gobierno de Nicaragua decidió ayer la expulsión del obispo Pablo Antonio Vega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, al que acusa de "actitud antipatriótica y criininal" al apoyar a la guerrilla antisandinista y justificar una eventual intervención norteamericana en el país. La medida adoptada por Managua consiste en "suspender indefinidamente el derecho" de Pablo Antonio Vega "a permanecer en el país", y será efectiva "mientras se mantenga la agresión del Gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua".
El obispo Vega se encuentra, según el Gobierno de Managua, en Honduras, aunque fuentes religiosas citadas por la agencia Efe señalan que el mismo se hallaba ayer por la mañana en su prelatura, en Juigalpa, pero que posteriormente se marchó y se desconoce su paradero.
Managua señala que el obispo Vega "no sólo justificó la aprobación de los 100 millones de dólares [otorgados por la Administración de Ronald Reagan] a los mercenarios, sino que llegó al extremo de calificar de parcial la decisión de la Corte Internacional de Justicia que condena la agresión de EE UU a Nicaragua".
Por otra parte, el Gobierno de Nicaragua envió ayer una nota de protesta a Washington por la muerte, el jueves, de al menos 33 personas, 12 de ellas niños, en dos acciones de las que se responsabiliza a la contra.
Al menos 32 personas -entre las que hay 12 niños y 12 mujeres- murieron al tocar el camión en el que viajaban una mina antítanque de fabricación norteamericana en la zona de Jinotega, a unos 200 kilómetros de Managiaa. Según el Gobierno sandinista, la mina fue colocada por el Frente Democrático Nicaragüense, grupo apoyado por EE UU.
Otro incidente se produjo el mismo día cuando un comando antisandinista atacó un barco en la costa atlántica del país. En la acción murió un tripulante y otros siete resultaron heridos. El barco,que navegaba en el río Escondido, realiza el trayecto entre la ciudad de Rama y el puerto de Bluefields, el principal de Nicaragua en la costa atlántica.
La nota elaborada por el Gobierno calificó estos hechos de "actos criminales", que denunciará ante organismos internacionales. Según el Gobierno de Managua, la población civil se ha convertido en el blanco de las acciones de la contra.
La información del ataque contra el barco fue facilitada por el presidente del Parlamento, Carlos Núñez, cuando se discutía el texto de condena a la concesión, la semana pasada, de una ayuda a la contra de 100 millones de de dólares (unos 14.000 millones de pesetas) por parte de EE UU.
Dicha condena fue aprobada tras siete horas de debate, a pesar de la oposición de tres partidos de centro y derecha. El Parlunaento afirmó que la ayuda estadounidense a la contra "avala la declaración de guerra" del presidente Ronald Reagan contra Nicaragua.
