El poder judicial expedienta a dos magistrados de la Audiencia madrileña
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que preside Pablo García Manzano, ha abierto expediente disciplinario al presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, Faustino, Molinedo Gutiérrez, de 67 años, y al magistrado del citado tribunal José María López-Asúnsolo, de 58, por presuntas irregularidades observadas en procedimientos penales. El Consejo ha acordado poner los hechos en conocimiento del fiscal del Estado por entender que pueden ser constitutivos de delito.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas por la fiscalía de la Audiencia de Madrid y entre ellas destacaban las demoras en resolver peticiones de libertad de presos preventivos, solicitadas por el fiscal. Entre ellas figuraba un detenido cuya libertad fue acordada en octubre de 1985, pero no se envió el telegrama informando sobre la decisión del tribunal hasta ocho meses después, cuando se descubrieron los hechos. Otros detenidos han pasado en prisión preventiva más tiempo que la pena solicitada para él por el fiscal.La comisión disciplinaria del Consejo, que conoció los hechos a través de informes elaborados por el fiscal y por el presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, ha acordado de oficio reexpedir la documentación al fiscal del Estado, en cumplimiento del deber que le impone el artículo 409 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
El citado artículo señala: "Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno, u otro órgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma, considere que un juez o magistrado ha realizado en el ejercicio de su cargo un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procediere el ejercicio de la acción penal ( ... )".
Otros responsables
El Consejo, según un miembro de la comisión disciplinaria, ha iniciado acciones únicamente contra los magistrados, que son, los que entran en el ámbito de sus competencias, pero eso no quiere decir que se detecten otras responsabilidades en otros funcionarios, dependientes del Ministerio de Justicia, sobre los que el Consejo no tiene competencia.A este respecto, la fuente citada aventuró la posibilidad de que el asunto pueda ser más complejo. En ese caso en el expediente se depurarían las responsabilidades de los jueces, para lo que es competente el Consejo, y para exigir las responsabilidades de otros presuntos implicados se tomarían testimonios a los organismos competentes.
La Comisión Disciplinaria del Consejo ha nombrado a Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta, magistrado del Tribunal Supremo y jefe de la Inspección del Consejo, como instructor del expediente, para que realice una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, así como de otros que puedan resultar de las pesquisas.
