El Tribunal Europeo de Justicia suspende el presupuesto de la CE para el ejercicio de 1986

La Comunidad Europea (CE) atravesará la "más grave crisis financiera de su historia" si de aquí a la semana próxima el Parlamento de Estrasburgo y el Consejo de Ministros europeo no logran un acuerdo sobre el presupuesto del año en curso, según vaticinó ayer en la capital belga el comisario europeo Henning Christophersen. La declaración del comisario danés tuvo lugar poco después de que el Tribunal Europeo de Justicia suspendiese el presupuesto de la CE para 1986, tras considerar ilegal su aprobación en diciembre por el presidente del órgano legislativo de la Comunidad, Pierre Pflimlin.

Para paliar esta situación, la Comisión Europea ha puesto rápidamente en marcha el procedimiento tendente ala aprobación de un nuevo presupuesto. Un consejo ministerial de los doce titulares de esa cartera se reunirá el lunes en Bruselas, antes de que el miércoles se inicie en Estrasburgo la negociación entre ministros y Parlamento para tratar de alcanzar un compromiso. "Vamos a vivir tina semana apasionante", recalcó Henning Christophersen.Su fracaso significaría para el comisario que, al no celebrarse ninguna sesión antes de mediados de septiembre, "entramos definitivamente en la crisis" y la CE se financiará entonces provisionalmente mediante contribuciones de los Estados miembros calculadas en base al presupuesto de 1985, previsto para una Comunidad de tan sólo 10 países y cuyo techo asciende al 1,26% del impuesto sobre el valor añadido recaudado, en vez del 1,4%.

"Nos faltará dinero en seguida", precisó Christophersen, antes de revelar que a lo largo del primer semestre de este año la Comunidad había gastado nada menos; que 20.000 millones de ECU (unidad europea de cuenta), por lo que si dispone de un presupuesto idéntico al del año anterior sólo le quedarán para la segunda mitad de 1986 6.700 millones de ECU.

El Consejo de Ministros decidió en febrero pasado llevar ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo al Parlamento de Estrasburgo por votar un presupuesto superior en 628 millones de ECU (86.000 millones de pesetas) al de 32,700 millones de ECU que los representantes de los doce deseaban adoptar, y que además excedía el tope del 7,1 % de incremento del gasto fijado por la Comisión Europea para el año en curso.

Garantizar la continuidad

Pero lejos de anular el presupuesto acordado por el órgano legislativo, tal y como lo pedía el Consejo de Ministros, los magistrados europeos se limitaron simplemente a señalar en su veredicto que a falta de acuerdo entre ambas instituciones el presidente Pflimlin "no podía legalmente constatar que el procedimiento presupuestario había sido decidido". Para garantizar la "continuidad del servicio público europeo", los jueces estipulan, no obstante, que "no puede ser puesta en tela de juicio la validez de los pagos efectuados" hasta el día de su sentencia, lo que equivale a aceptar que durante el primer semestre de 1986 los gastos de la Comunidad Europea se rigen por el presupuesto generoso aprobado por el Parlamento y al que se han ajustado hasta ahora las contribuciones de los Estados miembros.

De todas formas, el comisario Christophersen hizo hincapié en su conferencia de prensa en que un presupuesto que pretendiese hacer frente en buenas condiciones a la ampliación de la CE, otorgando a los fondos estructurales el dinero necesario, debía situarse en 35.000 millones de EC U, 1.700 millones más que los aprobados por el Parlamento Europeo.

Para alcanzar esta cifra sería, en principio, necesario que los recursos de la Comunidad Europea rebasasen el 1,4% de las recaudaciones del impuesto del valor añadido en los doce Estados miembros, a lo que se oponen rotundamente los Gobiernos comunitarios, con la única excepción de Grecia.