El ministro de Justicia peruano dimite en disconformidad con los hechos de las cárceles

El ministro de Justicia de Perú, Luis González Posada, ha presentado su renuncia irrevocable al presidente de la República, Alan García, por lo que denominó "razones de orden moral". González Posada se ha convertido así en la segunda víctima de la crisis desatada en el país tras la violenta represión de los motines en tres cárceles de Lima. El pasado lunes fue relevado el director de la Guardia Republicana, Máximo Martínez Lira.

Luis González Posada declaró, tras anunciar su dimisión, que las "actuaciones de las fuerzas del orden excedieron toda autorización del Consejo de Ministros y violaron elementales principios humanitarios, legales y cristianos". Aseguró que el Consejo de Ministros "no autorizó bajo circunstancia alguna los excesos criminales que después se produjeron". El propio presidente de la República denunció el viernes que muchos presos, inermes y rendidos, habían sido fusilados. De acuerdo con versiones extraoficiales, a falta de una cifra oficial, el número de muertos asciende a 300 en Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

González Posada dijo que, a pesar de que el Ministerio de Justicia no había tenido intervención alguna en estos sucesos, los hechos se produjeron en una de sus dependencias, es decir, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y ello le obligaba "moralmente" a presentar la renuncia al cargo.

De hecho, la dimisión se daba por descontada, ante la notoria ausencia del ministro de Justicia en los momentos más críticos de esta crisis. Cuando se iniciaron los amotinamientos, el pasado 18 de junio, los comunicados oficiales fueron leídos ante las cámaras de televisión por el ministro del Interior, Abel Salinas, porque, según versiones periodísticas, González Posada "estaba muy afectado".

En realidad, su incomparecencia le convirtió en blanco de numerosas críticas desde la oposición, medios de Prensa e incluso sectores del propio partido gubernamental (APRA), por lo que consideraban una falta de solidaridad. Como ministro de Justicia, González Posada era, en última instancia, el responsable del sistema penitenciario, pero, de hecho, su importancia dentro del Gobierno trascendía ampliamente los límites de este cargo. Conocido como uno de los más cercanos asesores y colaboradores del presidente de la República, González Posada era también un hombre controvertido y discutido dentro de las propias filas apristas por los mecanismos de influencia que se le atribuían.

Entierros clandestinos

El diario La República informó ayer que soldados fuertemente armados realizaron una serie de entierros clandestinos de algunos muertos en la represión de los motines en las tres cárceles. Según testimonios citados por ese periódico, dichos enterramientos se efectuaron en diversas localidades del departamento de Lima. La República señala las de San Vicente Cañete, Imperial, Mala, Chilea y San Antonio. Vecinos de esas localidades declararon que entre el 19 y el 22 de junio pasado efectivos militares procedieron aenterrarlos cadáveres de algunos de los muertos durante los motines.Por su parte, el comité ejecutivo de APRA emitió ayer un comunicado en el que afirma que "pueblo y fuerza armada" constituyen un conjunto "patriótico, nacionalista y revolucionario" y agrega que no permitirá que se produzca "el odio entre civiles y militares". El texto también condena "los excesos de las fuerzas del orden" en la represión de los motines.