La acusación particular pide penas de más de 500 años para los procesados por el síndrome tóxico

Francisca Sauquillo, una de las abogadas que ejercen la acusación particular de los afectados por el síndrome tóxico, solicitó ayer penas superiores a los 500 años, para cada uno de los cinco principales procesados en el caso de la colza. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que representa a personas afectadas y a familiares de 72 muertos por el síndrome tóxico, pidió indemnizaciones individuales para las víctimas de hasta 90 millones de pesetas.

Francisca Sauquillo pidió también la absolución para otros seis de los 42 procesados. La abogada presentó ayer, último día del plazo, sus conclusiones provisionales ante la Audiencia Nacional, y otro tanto hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).Para los hermanos Ramón y Elías Ferrero y para Cándido Hernández, Sauquillo pide las penas más altas: 744 años para cada uno. Para Antonio Aguado y Jesús Portillo pide 530 años. Para los hermanos Miguel y Fernando Bengoechea solicita 292, años de cárcel, y para Juan Antonio Pastor Ruiz y sus hijos, Juan Antonio y Mariano Pastor Muñoz, 268 años.

Asimismo, pide 220 años para Salvador Alamar; 206 para Jorge Pich, y piara Enrique Salomó -sobre quien recaen las acusaciones más graves, según el informe fiscal-, 200 años.

A 26 de los procesados pide indemnizaciones de 15 millones de pesetas para los herederos o personas más directamente perjudicadas por la muerte de cada afectado. Establece también, para las lesiones que hayan comportado incapacidad permanente, indemnizaciones que oscilan de los 90 millones de pesetas por gran incapacidad a 25 millones de pesetas por incapacidad parcial.

Francisca Sauquillo subraya en su escrito la vinculación causal existente entre el aceite tóxico y el envenenamiento masivo, que se produjo, según afirma, por la acción delictiva conjunta de unos importadores de aceite para uso siderometalúrgico, gerentes químicos y propietarios de refinerías de aceites industriales y alimentarios, y almacenistas.

"En consecuencia, todos ellos, y no sólolos pocos implicados por el fiscal, son responsables de las muertes y lesiones producidas", señala el informe. El ministerio fiscal presentó su calificación provisional el pasado 9 de abril y, según su informe, el número provisional de muertos por ingestión de aceite de colza adulterado era de 584 personas, y el de afectados ascendía a 24.992.

Ayer finalizó el pilazo para que las acusaciones particulares presentaran sus escritos de calificación provisional. A partir de este momento, los defensores de los procesados tendrán que presentar sus respectivas calificaciones, para lo que cuentan de plazo hasta el próximo 30 de septiembre. La OCU ejerció la acusacilón particular ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional horas antes de que finalizara el plazo de presentación de sus demandas.

La OCU presentó demandas por responsabilidad civil por fallecímiento contra 25 procesados, y pide 15 millones de pesetas por fallecido y 15.000 diarias por atención facultativa antes del fallecimiento. Para siete de los procesados solicita indemnízaciones por lesiones en un cuadro que va desde los 10 hasta los 90 millones de pesetas, caso este último por afectados con gran incapacidad. Se demandan también indemnizaciones de 10.000 pesetas diarias por atención médica/afectado.