La decepción de La Haya

LA CUMBRE, de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea (CE), que concluyó ayer sus trabajos en la capital holandesa después de dos días de discusiones enconadas, no ha sido capaz de dar una respuesta positiva a lo que es una demanda casi unánime de la opinión europea: que se pase de una condena verbal del régimen odioso del apartheid a sanciones concretas en el orden económico, únicas medidas capaces de demostrar a los dirigentes racistas de África del Sur que tienen que aceptar un diálogo con la comunidad negra para preparar una transición pacífica hacia un sistema político civilizado.El texto aprobado en la reunión de La Haya es más claro y rotundo en la formulación de la condena de la política del Gobierno de Pretoria que otros documentos anteriores, consecuencia de que la situación se ha agravado en unas proporciones trágicas, con la reimposición del estado de emergencia, decenas de muertos y miles de líderes negros encarcelados. Las demandas contenidas en la resolución de La Haya recogen lo que son hoy las exigencias mínimas para que pueda abrirse un camino de diálogo: la liberación incondicional de Nelson Mandela y de los otros presos políticos y el levantamiento de las medidas que ilegalizan al Congreso Nacional Africano, principal organización que representa a la aplastante mayoría negra de la población.

La misión fundamental de la reunión no era, sin embargo, redactar un texto enérgico condenando al Gobierno de Pretoria sino pasar de las palabras a los hechos. Y ese paso no se ha dado. Conviene recordar que incluso personalidades conservadoras, como el antiguo primer ministro de Australia Malcolm Fraser, han insistido en que la única medida capaz de provocar una evolución en la política de Pretoria es la adopción de sanciones económicas. Ese era el punto decisivo. Pero ni siquiera ha sido aceptada la propuesta de Felipe González, consistente en definir unas sanciones concretas que serían aplicadas al cabo de un mes en el caso de que el Gobierno de Pretoria no respondiese de modo positivo. Lo acordado finalmente es dejar para dentro de tres meses la adopción o no de unas sanciones definidas en los puntos siguientes: prohibición de nuevas inversiones y de importaciones de carbón, hierro, acero y monedas de oro.

Algunos comentaristas consideran que se ha avanzado algo, ya que los enemigos irreductibles de las sanciones, Margaret Thatcher y el canciller Kohl, han aceptado al menos su eventualidad. Pero ninguna interpretación optimista puede borrar la triste realidad de que en La Haya, a fin de cuentas, nueve países que estaban dispuestos a aplicar sanciones se han sometido a la intransigencia de los Gobiernos británico y alemán occidental que, con cierto apoyo portugués, han logrado eludir una decisión -aunque fuese aplazada- de aplicar sanciones. Por otro lado, la resolución estipula que se consultará a otros países industrializados, principalmente EE UU y Japón, antes de actuar. Recordando la actitud en esta materia del presidente Reagan es obvio que ello significa introducir otro factor en el debate -y no pequeño- que pesará en un sentido contrario a las sanciones.

Es un dato positivo que la cumbre se haya centrado en una cuestión internacional y se haya actuado en la línea de marcar una política europea común. Pero si esta evolución se traduce en que las políticas europeas tienen que acompasarse a aquellos Gobiernos que defienden las posiciones más reaccionarias, las consecuencias pueden ser negativas, Ciertamente, las repercusiones en el Tercer Mundo de esta incapacidad comunitaria para adoptar una actitud digna ante el problema surafricano serán graves. Razón de más para que Gobiernos, como el español, que han defendido la aplicación de sanciones, examinen de qué forma pueden presionar, adoptando incluso medidas unilaterales, como ya ha hecho Dinamarca.