La CEOE intentará que el Gobierno dé más facilidades para el despido antes de firmar un nuevo pacto social

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ve muy dificil un nuevo, pacto social si el Gobierno no admite modificar la legislación sobre despido colectivo, adaptándola a la normativa habitual en la Comunidad Europea, según la opinión más extendida en medios patronales. En la reunión que ayer mantuvo la cúpula patronal quedó de manifiesto que para la credibilidad de un nuevo pacto social sería necesario que antes se cumplieran los puntos pendientes del Acuerdo Económico y Social (AES) y, concretamente, el artículo 17, que hace referencia al despido colectivo.

Tampoco la UGT ve clara la posibilidad de un futuro acuerdo -en la misma línea que el AES- porque temen que el Gobierno acabaría cediendo a la presiones de la patronal, sobre todo teniendo en cuenta que sectores gubernamentales están a favor de flexibilizar las condiciones para el ajuste de plantillas.Aunque ayer no habían trascendido las conclusiones de las reuniones que mantuvo la CEOE al más alto nivel, medios patronales mostraron su convencimiento de que la propia organización tendrá serias dificultades para convencer a sus bases de que acepten un futuro pacto social sin antes dejar resuelto lo que ellos mismos denominan compromisos del Gobierno en materia de despido. Lo más que puede producirse es que la concertación se resuelva en esta ocasión entre patronal y sindicatos sin la participación del Ejecutivo. Fuentes de la CEOE aseguraron que "el Gobierno debe eliminar la necesidad de la autorización administrativa para el despido, al igual que se ha hecho en Francia; en caso contrario, será muy, difícil un acuerdo porque sería firmar un nueve pacto sin haber cumplido el anterior".

Sólo España

El artículo 17 del Acuerdo Económico y Social (AES) dice que "el Gobierno manifiesta su voluntad de adaptar y armonizar la legislación interna española en materia laboral al acervo comunitario, del que forma parte la directiva de 17 de febrero de 1975 y a las normas habituales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en esta materia. A tal efecto, las correspondientes propuestas ( ... )". Las propuestas que en su día elevaron CEOE y UGT fueron contradictorias y el Ministerio de Trabajo, a través de una carta personal del titular del Departamento al secretario general de UGT, Nicolás Redondo, dio por cerrado el tema, asegurando que el Gobierno consideraba que la legislación española se adaptaba perfectamente a la comunitaria y que, en consecuencia no hacía falta modificar la normativa.Efectivamente, la directiva de 17 de febrero de 1975 reconoce que, siempre que en cualquier país exista una legislación más favorable al trabajador, podrá mantenerse. La UGT entiende que, en este caso, la legislación española es más favorable que la directiva citada.

La CEOE defendió que, en el ámbito de la CE, sólo Francia -junto con España- mantenía el requisito de la autorización administrativa previa, por lo que Ias normas habituales" de la Comunidad eran precisamente la ausencia de esta autorización.

Ahora, de cara a un posible pacto social, la CEOE esgrime las mismas razones, apoyándose además en que el Gobierno francés ha terminado eliminando la autorización administrativa para el despido colectivo.

Los medios empresariales consultados matizaron, sin embargo, que la CEOE no va siquiera a esgrimir el caso francés, sino que va a a mantenerse en que el artículo 17 del AES recoge en su espíritu un compromiso firme del Gobierno que no se ha cumplido.

En sectores de la CEOE existe además la convicción de que no sólo una parte importante del Gobierno -y sus adláteres- están por una flexibilización más intensa del despido, sino que dentro de la propia UGT, hay también defensores de "una modernización de las relaciones laborales" que pasarían por facilitar la rescisión de los contratos.

Dentro de la central socialista no se niega que puede haber "entre nosotros compañeros que estén a favor de la flexibilidad laboral, pero, en su conjunto, la organización no va a aceptarlo". Los ugetistas saben también que sectores del Ejecutivo no verían mal modificar la legislación.

Nombrar la bicha

Uno de sus dirigentes comentaba con sorna que "no deja de ser curioso que en la campaña electoral sólo un ministro -Narciso Serra- hiciera referencia negativa a la nueva normativa francesa sobre despido". El mismo dirigente, que acompañó en un mitin uno de los ministros socialistas, sacó el tema, advirtiendo que si ganaba la derecha implantaría el modelo de despido francés. Cuando acabó su intervención el ministro en cuestión le comentó que era mejor que ese punto no volviera a nombrarse.Así, las posibilidades de un acuerdo como el AES aparecen cada vez más lejanas. CC OO no parece dispuesta a aceptarlo y, aunque al Gobierno socialista, no le preocupa excesivamente la ausencia de CC OO tras la pasada experiencia del AES, sabe que en esta ocasión el precio de la CEOE va a ser, precisamente, el del despido. Algo que la UGT no parece dispuesta a aceptar.