La tragedia de Lima

EL EXTERMINIO por el Ejército de cientos de presos en las tres cárceles peruanas de Lurigancho, Santa Bárba ra y de la isla de Frontón no es sólo un acto que inspira un inmenso horror, sino también un serio motivo de preocupación respecto al desarrollo democrático en América Latina y en Perú en concreto. Cualesquiera que hayan sido las condiciones en que los hechos se han producido, se trataba de presos, que estaban por tanto encerrados y custodiados por el Estado, responsable entre otras cosas de su seguridad. Si el Estado mismo ha permitido que algunas de esas cárceles se hayan transformado en verdaderos fortines, en los que los presos mandaban, disponían de armas, construían trincheras y paredes, ello puede servir para explicar a posteriori la tragedia; pero nunca será una justificación válida para un Estado de derecho, y lejos de exonerar a los Gobiernos y a los militares peruanos de su culpa, arroja sobre ellos una doble responsabilidad. La que se deriva de los hechos recientes y la que proviene de la situación que los generó.En este sentido, es evidente que los tremendos errores cometidos a lo largo de años en cuanto a permitir unas condiciones totalmente anormales en las cárceles en las que se encontraban cientos de prisioneros de Sendero Luminoso -y que ahora las autoridades ponen de relieve para dar una explicación de la horrible matanza- no se pueden achacar al Gabinete de Alan García; las primeras responsabilidades se remontan sin duda a la etapa anterior. Y aún más al proceso llevado a cabo por los militares bajo la dirección del. general Velasco Alvarado, que, con el aplauso irreflexivo de sectores progresistas europeos, contribuyó decisivamente a la destrucción económica y política de Perú y sentó las bases de la degradación que el país sufre actualmente.

Dicho esto, es preciso recordar que uno de los rasgos de la nueva política que el primer presidente del APRA en la historia de Perú prometió fue precisamente que combatiría el terrorismo con toda la firmeza necesaria, pero dentro de los marcos de la ley. Por eso, al margen de la simpatía que despierta el talante progresista y reformador de Alan García, la tragedia de las cárceles ha sido un terrible fracaso para él, la negación sangrienta de la política que él mismo había anunciado.

El terrorismo de Sendero Luminoso presenta uno de los casos de fanatismo criminal más extremos que se ha conocido en la historia de América Latina; la vaga referencia ideológica al maoísmo no permite comprender ese fenómeno, que no tiene nada que ver con lo que ha sido el movimiento revolucionario chino; probablemente, su raíz se relaciona mucho más con la desesperación, la miseria, la incultura o el desfase cultural total con el mundo moderno, de poblaciones marginadas durante siglos en las regiones de los Andes.

Sendero Luminoso, con motivo de la reunión de la Internacional Socialista, pudo planear un golpe de efecto para demostrar una de sus tesis más demenciales e irracionales: que todos los Estados son iguales, que no hay diferencia entre un sistema democrático con un pro grama progresista y una dictadura militar. La tragedia de Lima estriba en que, en este caso concreto, esa demostración se ha hecho; el asalto a las cárceles se ha realizado con los métodos propios del peor y más vituperable régimen dictatorial.

A pesar de ello, todo indicá que la población peruana ha considerado que el Gobierno se había encontrado en una situación prácticamente sin salida, y que no había tenido otraa operación que conffiar a las fuerzas armadas Ia reconquista de las cárceles. Incluso Alfonso Barrantes, alcalde de Lima y dirigente de la coalición de izquierda que disputó la primera vuelta de la elección presidencial a Alan García, ha dado su apoyo al Gobierno, si bien con reservas en cuanto a los métodos empleados. Pero, aceptando la necesidad de entender lo complejo y difícil de la situación y las amenazas ominosas que se ciernen sobre el proceso democrático peruano, las informaciones recogidas hasta el momento ponen de relieve que el Ejército se ha comportado de manera innecesariamente cruel, con un desprecio notable hacia la vida humana.

En este punto surge fatalmente la comparación, aunque las circunstancias fuesen totalmente distintas, con el caso del asalto en Bogotá al Palacio de Justicia; ahora, al cabo de muchos meses, sale a la luz que las fuerzas armadas colombianas actuaron por su cuenta, despreciando al Gobierno legal. En Perú, la resistencia dentro de las fuerzas armadas a aceptar las órdenes del poder constituido es un problema viejo; y, por ahora, se sabe muy poco sobre las condiciones en que han tenido lugar los asaltos de las tres cárceles cercanas a Lima. Lo que sí se sabe es que muchos militares han considerado siempre que el exterminio de los presos de Sendero Luminoso era el mejor procedimiento para defender la ley.