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Reportaje:La Administración de Reagan ante la corrupción de Noriega / 1

El ejercicio 'mafioso' del poder en Panamá plantea un grave dilema político a Estados Unidos

Francisco G. Basterra

Estados Unidos se encuentra ante un serio dilema político con Panamá. Deshacerse de su protegido y hombre fuerte, el general Manuel Antonio Noriega, al que la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) tiene en nómina desde hace más de 10 años, o seguir haciendo la vista gorda y permitir la corrupción y el ejercicio mafioso del poder político y económico por parte del Ejército panameño. Con Noriega, de 47 años, a EE UU le sucede lo mismo que le pasó durante décadas con Somoza en Nicaragua: "Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

Recientemente, en una audiencia en el Congreso, respondiendo a las denuncias de corrupción y narcotráfico contra el Ejército panameño, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, defendió a Noriega y a sus oficiales diciendo: "Sí, pero son los únicos en Centroamérica que no ponen ninguna pega a nuestra presencia y nos dejan hacer lo que queramos". Hasta ahora, Washington ha mirado a otro lado pretendiendo no ver el enorme basurero en que las fuerzas de defensa panameñas estaban convirtiendo al pequeño y pacífico país, salvado hasta ahora de la crisis centroamericana.La importancia estratégica y comercial del canal de Panamá es tan grande para Washington que justificaba un tratamiento político especial de este aliado clave. En el mapa político de Latinoamérica publicado por el Departamento de Estado, las democracias aparecen en color verde, las dictaduras en marrón, y Panamá, en color gris, como régimen "no definido". Panamá es la sede del Comando Sur norteamericano (con una brigada de infantería de 9.300 hombres encargada en principio de proteger el canal), desde el que se proyecta el poder militar estadounidense sobre Centroamérica y el sur del continente.

Pero la abrumadora documentación presentada esta semana contra Noriega, jefe de las fuerzas de defensa panameñas, la antigua Guardia Nacional de Torrijos, por The New York Times (véase EL PAÍS de los pasados días 13 y 14), en la que se le acusa de tráfico de drogas, del asesinato de un crítico del régimen, de blanquear dinero negro, de ayudar a los guerrilleros del M-19 en Colombia, y de espionaje a favor de Cuba, podría provocar una ruptura en la actual situación.

Era un secreto a voces en EE UU que la democracia panameña, que eligió en 1984 a su primer presidente civil tras 16 años de Gobiernos militares, era sólo una ficción. También se sabía que las investigaciones llevadas a cabo por varios comités del Congreso arrojaban un cuadro de un país dominado por 15.000 miembros de un ejército, "eje por el que gira la rueda de la corrupción".

Pero hasta ahora todo había sido a puerta cerrada y mediante documentos clasificados como secretos. Hasta que Seymour Hersh, uno de los mejores reporteros de investigación del país, en The New York Times, y Marvin Kabl, en la cadena de televisión NBC, tiraron de la manta el pasado jueves.

Evidentemente, la CIA y los demás organismos del espionaje norteamericano han puesto en manos de los citados periodistas, que estaban desde hace tiempo tras la historia, todos los papeles necesarios para convertir la noticia en una bomba. El artículo cita pruebas, que ofrece con abundancia, recogidas por las agencias de espionaje de EE UU. Cabe preguntarse por qué se revela ahora este escándalo, que lógicamente no sale a la luz sin que alguien, muy arriba en la Administración, lo autorice.

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Otro importante interrogante es si Estados Unidos ha decidido acabar con el papel dominante político de las fuerzas armadas panameñas y tiene ya un equipo para sustituir a Noriega y sus hombres, y si apoyaría una solución a la filipina.

Paralelismo con Marcos

El propietario del diario panameño La Prensa, Roberto Einsenmann, exiliado en Estados Unidos por su oposición a Noriega, ve grandes paralelismos entre su país y la dictadura de Marcos. Un ejército corrupto controla un país agobiado por graves problemas económicos. Los dos países albergan instalaciones militares norteamericanas de máxima importancia. La diferencia esencial es que en Panamá no existe una guerrilla comunista.

Estados Unidos ha intentado presentar la falsa imagen de una Panamá que recuperó, en 1984, la democracia y es un ejemplo de régimen civil y liberalismo económico que funciona, frente a las convulsiones de sus vecinos del istmo centroamericano. Pero el hecho es que el primer presidente civil desde el golpe de Torrijos, Nicolás Arditto Barletta, un ex vicepresidente del Banco Mundial, designado por Noriega y por Estados Unidos para el puesto, fue elegido mediante fraude. El propio Noriega, que paró el recuento y utilizó a sus matones para sembrar el pánico, logró que Barletta, un economista de la escuela de Chicago, se pusiera la banda presidencial. El vicepresidente norteamericano, George Shultz, enviado a Panamá, se felicitó del ejercicio de democracia de las elecciones.

Pero, meses más tarde, Noriega acabó con el experimento democrático y dio un golpe de palacio derrocando a Barletta, que pretendía investigar el asesinato, que al parecer instigó Noriega, de Hugo Spadafora. Este hecho provocó tensiones con Washington, que congeló créditos a Panamá y comenzó a criticar, a través de su embajador, la excesiva preponderancia de los militares en la vida política. "Hemos visto en las Américas los fracasos de las dictaduras oligárquicas y militares, y cómo la corrupción rampante y el abuso del poder han abierto las puertas al comunismo", dijo el embajador, Everett Briggs. El hombre fuerte de Panamá no ha respondido a estos consejos. Entre tanto, Estados Unidos cambió a su embajador.

Necesidad mutua

Noriega, en unas recientes declaraciones, afirmó: "Estados Unidos y Panamá se necesitan mutuamente. Somos una de sus prioridades estratégicas en la región. Panamá se administra mediante una coordinación entre un equipo de Gobierno civil y los militares. En 1989, el Ejército comenzará a disminuir su papel político". Es posible que para Estados Unidos sea demasiado tarde.

Las revelaciones publicadas la semana pasada son un escándalo, no por la gravedad de las acciones de las que se responsabiliza al hombre fuerte de Panamá, sino porque Noriega era utilizado ya por la CIA desde los tiempos de la Administración de Richard Nixon.

Por motivos democráticos de salud pública, esto pudo haberse atajado mucho antes pero no interesó a Washington. Por eso no es tan hipócrita como pudiera aparecer en un principio la reacción oficial ante la historia. "Es inquietante, y estas alegaciones debieran ser materia de consideración para el Gobierno de Panamá", dice el portavoz del Departamento de Estado. El propio jefe de la diplomacia norteamericana, George Shultz, dice: "Actividades de este tipo son lógicamente de importancia y preocupación para nosotros". El Congreso ha prometido investigar más a fondo las actividades de Noriega y se han levantado voces que piden a Reagan que haga algo y que utilice estas revelaciones para provocar cambios rápidos y de fondo en Panamá. "Las alegaciones son tan completas, amplias y serias que ya estamos más allá del rumor y ha llegado el momento de actuar. Tenemos amigos muy extraños por el mundo pero éste es uno de los más raros", declaró el congresista Gerry Studds.

El pasado otoño, el recién nombrado consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, visitó a Noriega en Panamá y le pidió que cortara con el tráfico de drogas, el lavado de dinero sucio y sus estrechas relaciones con Cuba. Incluso suscitó la posibilidad de buscar una alternativa para sustituirle al frente de las fuerzas de defensa panameñas.

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