Las empresas portuarias denuncian al delegado del Gobierno en Canarias

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) denunció ante el juez al delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández; al gerente de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) y al comité de empresa del Puerto de la Luz (Las Palmas) "por incumplimiento de obligaciones". La patronal considera que los estibadores portuarios no han sido sancionados, a pesar de no cumplir los servicios mínimos establecidos por la autoridad. Eligio Hernández rechazó ayer estas afirmaciones, manifestando que estos trabajos esenciales se estaban llevando a la práctica normalmente y que se limitaba a "garantizar que se cumpla la ley".

El ambiente que se respira en medios de la patronal de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria (la provincia más afectada por la huelga portuaria de las dos que componen el archipiélago, debido a su eminente carácter comercial) refleja una alta crispación. Durante el día de ayer se celebraron asambleas empresariales para someter a votación la propuesta de la CCE de un paro patronal "por fuerza mayor". Representantes de 150 empresas se reunieron el pasado lunes en una cumbre de la patronal para debatir una inminente paralización de la actividad económica en señal de protesta por el conflicto portuario.La CCE ha recomendado asimismo a sus afiliados que levanten acta por des abastecimiento de materias primas a fin de presentar en su momento una solicitud colectiva de regulación temporal de empleo. La citada confederación teme que al término del paro actual, mañana, se inicie en los puertos canarios una huelga de celo. Andrés Oliva, director general de Tabacanaria (fábrica de cigarrillos), anunció que si no se desbloquea la salida desde Tarragona de siete contenedores con 49.000 kilos de materia prima para su factoría, la compañía se verá obligada, a partir del próximo lunes, a parar el 33% de su producción.

La asociación de portuarios de la provincia de Las Palmas señaló ayer que el real decreto que ordena el servicio público de estiba y desestiba de buques es anticonstitucional, ya que infringe el artículo 86 de la Constitución española, informa Cristóbal Peñate. Este artículo, según los estibadores, establece dos condiciones para el uso del decreto-ley, como son que exista "extraordinaria y urgente necesidad de dictar disposiciones legislativas provisionales" y que estas disposiciones no afecten a los derechos de los ciudadanos.

Cumplir la legalidad

Por otro lado, la comisión empresarial de seguinúento de la crisis portuaria en Canarias, que se constituirá hoy en directiva, podría acordar la paralización de la actividad económica del archipiélago para "denunciar la actual situación ante la sociedad y con el fin de que las autoridades hagan cumplir la legalidad vigente en relación con la aplicación de los servicios mínimos", según declaró ayer Antonio Rivero, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Rivero agregó: "No se trata de un cierre patronal, pues nuestros trabajadores seguirán cobrando, sino de una acción de protesta".Por su parte, un portavoz de los estibadores anunció ayer la posibilidad de que, una vez que concluya la huelga que actualmente se está llevando a cabo, vuelvan a producirse nuevas medidas de presión para obligar al Gobierno a negociar la reforma portuaria.