Las tribulaciones de la familia Piconi

Entre los meses de julio a octubre de 1983 la policía detuvo, en diferentes puntos de la Costa del Sol y en Barcelona, a 11 miembros de la familia Piconi por su presunta participación en el asalto de seis furgones y oficinas postales, en los que en total se obtuvo un botín aproximado de 200 millones de pesetas. A pesar de que han pasado casi tres años desde que se inició la investigación, el sumario contra la familia Piconi continúa abierto y seis de sus miembros siguen en prisión, lo que ha provocado que presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional. El caso se ha complicado con la confesión de un delincuente arrepentido, que ha acusado en Roma a dos de los procesados de estar implicados en un asalto en Italia.

Las tribulaciones de la familia Piconi empezaron el 29 de julio de 1983, a las 16.15 horas, de la tarde, cuando cuatro miembros del clan italiano fueron sorprendidos al intentar asaltar una camioneta postal en la zona de la Playa de San Juan, en Alicante. Los asaltantes desbordaron el bloqueo disparando contra los agentes e iniciando una larga y arriesgada carrera que finalizó con la detención de los hermanos Mario y Michelli Armini, de Paolo Piconi y Femero Nicolantti y la recuperación del botín. Este fue el principio del fin.Entre el 29 de julio y el 10 de octubre de 1983, la policia de Madrid y Málaga especializada en delincuencia internacional detuvo en diferentes puntos de la Costa del Sol y en Barcelona a diez personas más, presuntamente implicadas en el asalto a los furgones correos. Cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad por el juzgado de guardia, mientras que otros tres permanecieron algunos meses en prisión y alcanzaron. la libertad, después de pagar fianzas que llegaron a las 500.000 pesetas.

Más de 200 millones de botín

Los juzgados de Benidorm, Alicante, Málaga, Reus y la misma Audiencia Nacional reabrieron algunos, expedientes que estaban aún por resolver. El juez los acusó formalmente de haber participado en el robo de un furgón correo en Campello de Altea (Alicante), al que interceptaron en el kilómetro 99 de la carretera. de Benidorm a Alicante el 12 de agosto de 1983. Según el juez, la misma banda asaltó, siete días después, en la estación de ferrocarril de San Vicente de Raspeig (Alicante), el tren correo y se apoderó de más de 168 millones de pesetas. El tercer asalto tuvo lugar el 6 de septiembre, bajo un puente, en el término municipal de Campello, (Alicante), cuando interceptaron un furgón correo que hacía, pocos minutos que había abandonado la estafeta. En esta ocasión el botín ascendió a 15 millones de pesetas. El juez les imputa también el asalto al tren Barcelona-Madrid, a su paso por la estación de Puigvert-Artesa (Tarragona), realizado el 19 de agosto de 1982, donde robarón unas planchas de oro que pesaban más de tres kilos. Por último, se les acusa del desvalijamiento de la oficina postal de Marbella (Málaga) también en agosto de 1983.A medida que avanzaba la instrucción de la causa, los abogados defensores reclamaron reiteradamente ante el Juzgado y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la libertad provisional de los detenidos, algunos de los cuales iniciaron una huelga de hambre en protesta por lo que consideraban una interpretación arbitraria y abusiva de la ley.

El pasado mes de febrero los seis detenidos del clan Piconi plantearon la petición de libertad provisional ante el Tribunal Constitucional. Los abogados defensores aseguran que cuando fueron detenidos -julio de 1983-, el máximo de prisión preventivo establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal era de 30 meses y, en virtud de esta ley, debían de haber sido puestos en libertad sin fianza el 29 de enero pasado. La Audiencia Nacional, sin embargo, amplió el plazo de prisión preventiva a 48 meses, aplicándoles la reforma de la ley de diciembre de 1984.

En opinión de los abogados, la aplicación de esta ley y la ampliación del período de prisión preventiva de 30 a 48 meses es una clara vulneración de los principios constitucionales amparados en los artículos 17 -derecho constitucional a la libertad y a la existencia de plazos fijos y reales de prisión preventiva- y el apartado 3 del artículo 9, en el que se garantizan la iretroactividad de las leyes penales, a no ser que favorezcan al encausado.

El Tribunal Constitucional aceptó, a princios del pasado mes de marzo, la reclamación de los detenidos. Los abogados defensores esperan que en los próximos meses se dictará una resolución favorable, tal y como sucedió el pasado mes de enero, cuando este alto organismo ordenó que se otorgara la libertad provisional para los últimos cinco empresarios procesados por la causa de la colza.

Las investigaciones en torno al clan Piconi se han complicado en las últimas semanas, a raíz de la petición de extradición realizada por un tribunal de Roma contra Francesco Piconi y Fernero Nicolantti, a quienes se les acusa de haber participado en 1975 en el asalto a un furgón postal en Italia. Esta acusación se basa en las declaraciones que realizó recientemente en Italia un delincuente arrepentido, que al parecer había trabajado, en alguna ocasión, con el clan Piconi y que pretendía así beneficiarse de las medidas de gracia. El juzgado de la Audiencia Nacional, en el que se ha planteado la extradición, ha informado desfavorablemente sobre esta petición de extradición realizada por Roma, por considerar que se trata de un asunto que en España estaría ya amnistiado.