Delgaditas, no

DOS MUJERES jóvenes aspirantes a ingresar en la Compañía Telefónica Nacional de España han puesto en evidencia la existencia de unos curiosos criterios de selección laboral que recuerdan, en una primera lectura, a los utilizados indudablemente en otra época y en sistemas políticos distintos para conseguir la pureza racial, si no fuera por lo tragicómico de esta posibilidad. Es preferible pensar que bajo los niveles de salud que exige Telefónica se oculta sencillamente el pueril deseo de evitar en el futuro el absentismo laboral.Pero cuando la rigidez de las normas es, como en este caso, tan evidente -peso y tallas determinados por los estándares masculinos y exclusión de personas que presenten alguna amputación o malformación que afecte a la estética general, por ejemplo-, la aplicación a rajatabla de baremos que tienen un inconfundible tinte anacrónico lleva a plantearse, no tan sólo la discriminación evidente sobre personas que responden al arbitrario criterio de la normalidad fisiológica dictado por la CTNE, sino incluso si merece la pena una sociedad capaz de negar el derecho al trabajo a los más castigados por la enfermedad o la suerte. Asusta pensar, además, que esta situación no sólo se da en Telefónica, sino en muchas otras compañías públicas y privadas.

Es indignante que una empresa pública haya de ser sancionada por la autoridad laboral por negarse a admitir en su plantilla a una muchacha que tuvo la mala fortuna de padecer una desviación de columna en su infancia, o que a alguien que haya perdido una oreja, un dedo o sufra deformación congénita "que afecte a la estética general" se le despoje del derecho a demostrar su capacidad intelectual o laboral. Que María Isabel Brito sea estigmatizada por la compañía por su escoliosis e Isabel Muñoz rechazada por falta de peso -según el estándar masculino- pone en tela de juicio la propia legalidad del sistema de selección laboral de la empresa.

Pero estos hechos son tordavía más sorprendentes por venir de una empresa pública y Cuando el partido hoy en el poder -del que es militante el presidente de la empresa- ha expresado reiteradamente su deseo de ayudar a la integración de los minusválidos en la sociedad. Cabría preguntarse para qué ofrece el Ministerio de Trabajo importantes ayudas a la contratación de minusválidos, si los válidos a secas, pero delgaditos, son rechazados.

Los directivos de la compañía se han empeñado en demostrar que María Isabel Brito e Isabel Muñoz no son aptas para ingresar en la empresa. Su terquedad tiene menos, sentido todavía si se tiene en cuenta que ambas jóvenes han presentado certificados médicos probando su total capacidad para desarrollar el trabajo. Más parece que la empresa pública juega con el fenómeno de una abundancia tal de mano de obra que le permite seleccionar sin pudor alguno no sólo a los más sanos, sino a los mejor formados. Pero la actitud de la empresa es simblemente sexista, injusta, ridícula y enriquecedora no ya para cualquiera que presuma de socialista, sino para el que lo haga de cuerdo.

No sabemos si las jóvenes rechazadas por Telefónica llegarán a entrar jamás en la compañía. Pero su gesto al denunciar estas situaciones debe servir, al menos, para reformar una sociedad que hace de la estética y de la fortaleza fisica valores prioritarios y elementos de discriminación y también para que la sociedad exija que cambien algunos modos y algunos directivos de las empresas públicas, pero no por bajitos, sino por incapaces.