Un vidrioso asunto de droga y política

Los colombianos Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, acusados de ser dos capos del tráfico internacional de cocaína, intentan evitar su entrega a Estados Unidos. Los tribunales españoles, tras una compleja batalla legal, han decidido enviarlos a Colombia, pero el Gobierno disiente y ha pedido al tribunal que se inhiba y deje el asunto en sus manos. La sombra de Washington parece estar detrás de la decisión del Gobierno. Estados Unidos acusa a Nicaragua de estar implicada en el narcotráfico, y uno de los detenidos, Ochoa, sería un hombre clave. Se habla de presiones. Del narcotráfico y de los Estados implicados. El principal testigo contra Ochoa, un confidente, murió acribillado a tiros en Estados Unidos hace tres meses. La sala de conflictos del Supremo, que preside Antonio Hernández Gil, deberá decidir si prevalece el criterio de la Audiencia Nacional o el del Gobierno.La complejidad del caso se puso de manifiesto desde el primer día Jorge Luis Ochoa, hijo de una rico terrateniente y ganadero, y Gilberto Rodríguez Orejuela, hombre de negocios, propietario de una cadena de emisoras de radio, principal accionista de un banco y otras numerosas emprejas, fueron detenidos en Madrid el 15 de noviembre de 1984 a requerimientos de la Interpol, por existir en Estados Unidos procesos abiertos contra ambos.

Los dos colombianos habían abandonado su país en mayo de 1984, poco después de que Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, recibiera 11 impactos de bala mientras circulaba en su automóvil por un barrio residencial de la periferia de Bogota. Uno de los miembros del comando que asesinó al ministro, y que fue detenido mientras huía, dijo que la orden partía de los narcotraficantes, y entre ellos citó al clan Ochoa. La razón del crimen, declaró el asesino a la policía colombiana, era que el ministro había firmado la extradición de 10 colombianos a EE UU para que fueran juzgados por tráfico de cocaína. De los nombres revelados por el asesino de Lara Bonílla sólo pudo ser detenido Fabino Ochoa Restrepo, padre de Jorge Luis, pero al poco tiempo fue puesto en libertad y su caso fue archivado.

Ochoa y Orejuela se habían instalado en Madrid, bajo identidades falsas, un mes después del asesinato de Lara Bonilla. A nombre de sus mujeres habían adquirido seis automóviles Mercedes, una residencia con piscina, cancha de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarcón y dos pisos de lujo en la zona más elegante de Madrid. También a nombre de sus mujeres disponían de cuentas bancarias con 62 millones y 15 millones de pesetas. Con ellos se detuvo también a Ulises Betancourt, de 50 años, colombiano residente en Panamá y condenado en su país a 18 años de cárcel como inductor de un asesinato. Fue puesto en libertad bajo fianza y desapareció de España.

Ochoa y Rodríguez Orejuela no pudieron hacer lo mismo, ya que tras ser detenidos fueron acusados de colaboración con bandas armadas, concretamente con el movimiento guerrillero M-19, y se les aplicó la ley antiterrorista. EE UU y Colombia pidieron la extradición de ambos, aunque la petición norteamericana llegó antes.

Implicar a Nicaragua

El interés de Washington por Ochoa es grande, ya que está acusado por un tribunal de Florida de haber llegado a un acuerdo secreto con los sandinistas para utilizar una pista de aterrizaje en Nicaragua que se encontraba al cuidado del Ejército y para elaborar cocaína en un laboratorio instalado en ese país, droga que era exportada a EE UU. Este acuerdo, según la acusación norteamericana, fue convenido con Federico Vaughan, funcionario del Ministerio del Interior nicaragüense, cuyo titular es el comandante Tomás Borge.Estas acusaciones están basadas en el testimonio de Adler Barry Seal, piloto en la guerra de Vietnam, colaborador de la CIA una operación contra el régimen de Fidel Castro y condenado a 15 años de cárcel en Florida y Louisiana (EE UU) por tráfico de droga. Seal había negociado y obtenido la conmutación de su pena a cambio de colaborar con la agencia federal que lucha contra el tráfico de droga, la Drug Enfórcement Agency (DEA).

Seal, como agente infiltrado, declaró haber pilotado aviones repletos de droga entre Colombia y Estados Unidos. Seal aseguró que los aviones partían de una finca de Ochoa en Medellín, hacían escala en Nicaragua y proseguían su viaje clandestino a Estados Unidos. La escala en Nicaragua era para repostar gasolina, ya que aunque los aviones -entre ellos un C-123- tenían autonomía para llegar a Estados Unidos, podían llevar así menos carburante y más droga. Seal, según su propio testimonio, puso al descubierto la operación el 27 de junio de 1984 al aterrizar con un avión repleto de droga -680 kilos de cocaína pura- en Miami y entregarlo a los, agentes de la DEA. A partir de esa fecha, Washington reclama a la Interpol a Ochoa y al funcionario nicaragüense Federico Vaughan. Seal moriría año y medio después de esta operación, acribillado a tiros en pleno centro de la ciudad de Baton Rouge, Estado de Louisiana. La policía detuvo esa noche a cinco colombianos, a los que acusó del crimen. Desaparecía así el principal testigo contra Ochoa, que en el momento de asesinato de Seal llevaba más de 15 meses en la cárcel en Madrid. Pese a su asesinato, el testimonio de Seal puede ser utilizado contra Ochoa, ya que es cerrado, es decir, que se realizó ante un jurado, y tiene perfecta validez en la legislación norteamericana.

Los abogados de Ochoa afirman que el asesinato del agente infiltrado es un montaje de los servicios secretos norteamericanos, ya que Seal no podría ser repreguntado ni puesto en evidencia en caso de que Ochoa fuera juzgado en Estados Unidos.

Existen otros dos testimonios contra Ochoa, aunque de menor importancia, ya que son dos agentes de la DEA que conocen los hechos por lo que Seal les informaba, ya que eran sus contactos con el departamento.

El caso de Orejuela no tiene connotaciones políticas, pero se ve afectado por la notoriedad del de su compañero. Orejuela está reclamado por la justicia de Estados Unidos y Colombia por la venta de cocaína a gran escala en Los Ángeles y por dirigir el área financiera de una red de narcotráfico cuyas operaciones se contaban en decenas de millones de dólares. La policía estadounidense incautó a la organización de Orejuela dinero, armas y droga, y un rancho en el Estado de Alabama que tenía, pista de aterrizaje para los aviones que llegaban con droga de Colombia.

Los acusados contraatacan

Los dos acusados afirmaron desde un principio que su detención era un montaje político, y acusaron, a su vez, al policía español que les detuvo, Fernando Cos Gallón, de haber sido recomendado por las autoridades norteamericanas para que se hiciera cargo del caso. Los dos colombianos afirmaron que Cos les propuso "denunciar al Gobierno de Nicaragua como promotor y protector del tráfico internacional de estupefacientes" a cambio de que no prosperara la petición de extradición de EE UU. Cos, por su parte, acusó a los colombianos de intentar sobornarle.A partir de aquel momento se inició en la Audiencia Nacional un largo y tortuoso proceso. Un rosario de resoluciones en todos los sentidos posibles empezó a salir de las plumas de los magistrados. Así, y sucesivamente, se acordó primero juzgarlos en España, luego entregarlos a EE UU y finalmente enviarlos a Colombia. Estas resoluciones, contradictorias, fueron posibles por los cambios de los miembros de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y a que algún magistrado modificó radicalmente y sin razón aparente el sentido de su voto. Tras 36 resoluciones y mil peripecias, la Audiencia acordó, por cuatro votos contra tres, conceder las extradiciones de Ochoa y Orejuela a Colombia y Estados Unidos, pero dio preferencia a la petición colombiana, atendiendo fundamentalmente al principio de nacionalidad de los detenidos.

Contra la decisión no cabía recurso, pero el Gobierno no se resignó y pidió a la Audiencia Nacional que se inhibiera al ejecutar su decisión. La Audiencia, lejos de inhibirse, advirtió al Gobierno que las decisiones de los tribunales también son de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo, porque, a su entender, la petición del Gobierno es una maniobra para cambiar la decisión de la Audiencia y entregar a EE UU a los colombianos.

El conflicto de competencias deberá resolverse por una sala especial del Tribunal Supremo, integrada por seis miembros, tres magistrados y tres consejeros de Estado, que está presidida por Antonio Hernández Gil, que recientemente sufrió un atentado contra su vida. El fallido atentado fue asumido por ETA.

Todos los países a los que afecta el caso, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua e incluso Cuba, se han interesado por él en diferentes instancias. Las presiones no se han hecho esperar, aunque la intensidad es diferente según los casos y no se, reconocen. Fuentes que conocen los entresijos del proceso han destacado como sintomáticas las visitas que han intercambiado los ministros de Justicia de EE UU y España, Edwin Meese y Fernando Ledesma.

Un portavoz gubernamental ha rechazado la existencia de presiones y ha afirmado que el. Gobierno es partidario de la petición norteamericana. Fuentes próximas al ministro de Justicia se han negado a comentar las presuntas amenazas de la mafia colombiana, que habría llegado a amenazar a dos ministros del Gobierno. Un portavoz dijo que no existía ninguna preocupación, aunque reconoció que sí existió a raíz del atentado contra Hernández Gil.

Mañana, a puerta cerrada, Hernández Gil, los magistrados José Luis Ruiz Sánchez y Pedro Antonio Mateos García y los consejeros de Estado Gregorio Peces-Barba del Brío, Landelino Lavilla y Miguel Vizcaíno Márquez dirán la última palabra.