Críticas a un juez en Valencia por ordenar redadas masivas de prostitutas y clientes
Decenas de prostitutas, dueños de clubes, proxenetas y simples sospechosos fueron detenidos el pasado día 28 en Valencia durante una redada ordenada y dirigida personalmente por Guillermo Forteza, titular del Juzgado de Instrucción número 14, de guardia esa noche. En la madrugada de ayer, el mismo juez ordenó otra operación similar. Jueces, fiscales y abogados de diversas ideologías han manifestado su malestar y preocupación por estas y otras actuaciones de Forteza. El Colegio de Abogados debatía anoche una nota de queja, ya que, según denuncian dos colectivos de abogados, con estas actuaciones se han podido quebrantar derechos reconocidos por la ley.
En el haber de Guillermo Forteza figuran hechos como los intentos de detención del ginecólogo de su mujer, por no atenderla con la urgencia que él requería, o del conductor de un camión que golpeó levemente su coche; el procesamiento del grupo de teatro Els Joglars, por un presunto delito de escarnio a la religión; el encarcelamiento de una mujer que se rió y le tuteó al prestar declaración; y el intento de que declarara ante él una juez de distrito que osó enfrentársele.Tres redadas ordenadas por él en los últimos 20 días, dirigidas contra la droga -la primera- y contra la prostitución, le han hecho aparecer como obsesionado por preservar la moral tradicional -se ha declarado "católico apostólico romano"- y las buenas costumbres. En aquélla fueron detenidos traficantes de poca monta y jóvenes con la postura de hachís justa para el consumo propio durante el fin de semana. En la segunda, al mando de 12 dotaciones de la Policía Nacional, fue ordenando casi una por una la detención, de varias decenas de prostitutas, proxenetas y sospechosos en unos jardines inmediatos al Palacio de Justicia.
Alrededor de un centenar de detenidos pasaron casi 48 horas hacinados en los calabozos de la Jefatura de Policía, cuyos medios se vieron desbordados. Pese a que oficialmente la operación fue calificada de "justificada", sectores policiales progresistas dudaban de que en todo momento se hubiesen respetado los derechos de los detenidos. Noventa y dos personas pasaron a disposición judicial el viernes.
Situación insostenible
El auto de prisión dictado para muchos colapsó la cárcel de mujeres de Valencia. El centro, con capacidad para 45 reclusas, suele albergar unas 65. Otras 26, la mayoría dedicadas a la prostitución y algunas acusadas de favorecer esta práctica no castigada por el Código Penal, fueron instaladas en pasillos y salas de estar, sin sábanas ni toallas. La situación empeoró el lunes al producirse otros 11 ingresos de mujeres que no podían continuar en los calabozos de la Policía.La situación llegó a ser "insostenible y muy tensa", según las funcionarias de la prisión, cinco en total, que hubieron de atender incluso varios casos de síndrome de abstinencia. "Estamos todas desquiciadas, presas y trabajadoras", afirmaron.
El juez de Vigilancia Penitenciaria hubo de peregrinar por los 16 juzgados y las cuatro salas de lo Penal de Valencia para instar la revisión de la situación de algunas detenidas por si fuera posible otorgarles la libertad condicional. Finalmente, pudieron salir libres una veintena de chicas.
Un grupo de abogados que intentó asistir a los detenidos el viernes se planteó la posibilidad de presentar una querella por presunta prevaricación contra el juez. Enterado Guillermo Forteza, hizo llamar a un miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados para comunicarle que no podía tolerar "semejante ataque a la independencia del juez". Estos hechos han servido de base para que dos grupos de abogados -los que asistieron a los detenidos y la Sección de Penalistas- elaboraran sendos informes dirigidos a la junta de gobierno del Colegio, que ayer tarde debatía una nota de queja ante el presidente de la Audiencia Territorial de Valencia. Los letrados han denunciado irregularidades en las detenciones y en el trámite judicial.
Preocupación profesional
La preocupación por el caso Forteza es compartida por integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de Jueces para la Democracia. Consultadas por este periódico, fuentes de ambos colectivos que no quisieron identificarse "para no comprometerse" aseguraron: "El malestar es general por una situación que escandaliza y nos desacredita". A propósito de la afiliación de Forteza a la APM, fuentes de la dirección valenciana de esta asociación dijeron que "la APM no hace causa común con él".El caso no ha sido denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al margen de algún comentario privado y verbal dirigido a alguno de sus miembros. No obstante, algunos jueces se extrañaron de la inhibición mostrada por "la autoridad competente", aludiendo a la cúpula de la Audiencia Territorial.
