Fiscales progresistas piden que se despenalicen todos los abortos hasta los tres meses de embarazo

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) -que agrupa a unos 100 fiscales del total aproximado de 600 que integran la carrera fiscal- solicita la despenalización total del aborto hasta los tres meses de embarazo y la inclusión, a partir de ese momento, junto a los tres supuestos ya despenalizados, de la indicación social. El acuerdo se produjo durante el primer congreso ordinario de la mencionada asociación, que eligió al nuevo secretariado, cuyos nueve miembros eligieron a su vez presidente de la UPF a José María Mena.

El congreso, celebrado en Madrid el pasado fin de semana, aprobó la gestión del secretariado saliente, presidido por Fernando Jiménez Lablanca, quien declinó presentarse a la reelección. En cambio, los congresis tas criticaron la despenalización parcial del aborto y, por mayoría, acordaron "la despenalización total de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, admitiéndose a partir de ese momento el llamado sistema de indicaciones, entre las que debe incluirse la indicación social".La UPF pedirá al Ministerio de Sanidad que no admita el posible fraude de los médicos que aleguen la objeción de conciencia para no practicar el aborto en establecimientos, públicos, mientras lo realizan en centros privados. El congreso denunció que en algunas comunidades autónomas las comisiones de evaluación de los hospitales exigen para la práctica del aborto más requisitos de los previstos en la ley y, en algunas ocasiones, convierten a los médicos en calificadores jurídicos de la procedencia o no del mismo.

La UPF se pronunció a favor de la instauración del jurado puro, integrado por ciudadanos legos en derecho, quienes determinan en solitario los hechos, aunque expresando las razones de su convicción, e individualizan la pena, tras la calificación jurídica realizada por el tribunal de derecho.

Contra la corrupción

El congreso dedicó una especial atención al fenómeno de la corrupción y a sus causas. Tras dejar constancia de que no se trata de una singularidad específica de la administración de justicia, "se expresó la solidaridad de los reunidos con los funcionarios judiciales y fiscales que, en los últimos meses, han adoptado firmes medidas frente a dicho intolerable fenómeno", según una de las conclusiones.Otros acuerdos muestran la preocupación- de la UPF por la falta de garantías de los internamientos de incapaces y se mostró favorable a una nueva ley de menores, proponen la creación de juzgados de tutela permanentes y expresan la necesidad de avanzar por el camino de la sustitución de las penas privativas de libertad por otras menos destructivas.

La UPF expresó su simpatía con la lucha del pueblo de Nicaragua por la libertad y la justicia.