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Los pesqueros gallegos apresados en Canadá, condenados a pagar 12 millones de pesetas

La aventura de dos barcos gallegos en aguas de Terranova concluyó, provisionalmente, ayer con una multa de 117.400 dólares canadienses (unos 12 millones de pesetas), impuesta por un juez de Saint John's contra el armador de los buques, acusados de faenar ilegalmente en aguas canadienses y de obstrucción a la justicia de este país. En total, las multas por los barcos y los patronos ascienden a unos 65 millones de pesetas, de los que sólo 13, aproximadamente, deben ser desembolsados. El resto, simplemente presentado en avales.

ENVIADO ESPECIAL

Los capitanes de los pesqueros Amelia Meirama, Jesús Romero, y del Julio Molina, Salvador Omil, han sido puestos en libertad con una fianza de 5.000 dólares cahadienses (500.000 pesetas) cada uno.Sólo una vez depositada esta cantidad y avales por valor de 100.000 dólares -el armador declaró ayer que el dinero ya está aquí, pero no así los avales- recuperarán sus pasaportes y podrán regresar a España. Pero dentro de unos meses deberán volver a Canadá para enfrentarse a un juicio definitivo que decidirá si cometieron un delito cuando faenaban en los límites de las 200 millas de zona económica exclusiva de Canadá, se negaron a obedecer las órdenes de funcionarios canadienses para venir a este puerto bacaladero y trasladaron, rumbo a España, a cuatro funcionarios de pesca de este país.

La huída hacia La Coruña concluyó cuando una patrullera armada les detuvo, con un abordaje espectacular al estilo los hombres de Harrelson en aguas internacionales, a 700 millas de Canadá y 340 millas al oeste de las Azores.

"La decisión del juez es tremendamente dura", declaró a EL PAÍS el armador de los bacaladeros, que asegura que no tiene dinero para pagar las multas e intenta que el Gobierno español les saque las castañas del fuego. Fuentes pesqueras españolas en Saint John's calificaron de improbable esta posibilidad. El armador, Salvador Correa, llegará el lunes a España, donde intentará conseguir las cantidades en metálico y los avales necesarios para recuperar los barcos.

Pero los perdedores de este rocambolesco incidente son los 42 marineros, que, si los barcos y la pesca continúan confiscados en Saint John's porque no se paga la multa, pueden perder su empleo. "Estamos muy decaídos y, como esto no se solucione rápidamente, no se cómo vamos a alimentar a nuestras familias", explicó a EL PAÍS Jesús Romero, patrón del Amelia Meirama.

La repatriación de estos 42 hombres, que están en un hotel local con lo puesto -no les dejaron sacar nada de los barcos y su estancia les cuesta medio millón de pesetas diarias- y sin dinero ni para tabaco, es otro punto oscuro en la historia. El propietario de los pesqueros, Salvador Correa, que se confiesa insolvente, trata de que sea el Instituto de Emigración el que pague los billetes a España de sus marineros, unos 800 dólares canadienses cada uno).

El juez Joseph Woodrow ha impuesto una multa del 20% del valor de los dos barcos y de la pesca confiscada como fianza para su devolución. El tribunal ha valorado los dos arrastreros en 286.000 dólares canadienses y las 190 toneladas de bacalao que están almacenadas en sus bodegas, tras pescar dos meses y medio en aguas de Terranova, en 304.000 dólares (a 1.600 dólares, 1,6 millones de pesetas la tonelada). La sentencia obliga también al armador a garantizar un aval de 469.000 dólares para poder recuperar las embarcaciones. La multa, entre la cantidad que debe ser depositada en metálico y el aval, asciende al 100% del valor total de los barcos y la pesca (587.000 dólares).

"Persecución en caliente"

La defensa valoró a la baja dando una cifra para los barcos y el bacalao de 247.000 dólares canadienses, que no fue aceptada por el juez, quien dijo que asumía la valoración oficial del Gobierno de Canadá, que es donde se presume que se ha cometido la infracción. "La cantidad es alta porque refleja la seriedad del incidente, que obligó a una persecución en caliente en aguas internacionales", afirmó su señoría el juez Woodrow al dar a conocer su decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de mayo de 1986

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  • La sentencia está basada en pesca ilegal y obstrucción a la justicia