La estrategia socialista en política economica / y 2

Resulta paradójico oír a las mismas personas defender primero la necesidad de no monetizar el déficit, financiándolo por medio de deuda no pignorable, y dos años después manifestar una extrema preocupación por la carga de dicha deuda en los presupuestos generales. Resulta de igual forma significativo que las mismas autoridades que han decidido gastar más de un billón de pesetas en sanear el sistema financiero privado, omitan esta cifra en las discusiones del déficit público y consideren, sin embargo, gravísimo que la empresa pública industrial pierda -en forma agregada- algo menos de la décima parte de dicha cifra, es decir; menos que el coste financiero de aquel billón. No deja de ser cuando menos curioso que las autoridades económicas hayan decicido que los pasivos financieros emitidos por la banca privada deban ser socialmente más seguros que los generados por el sector público vía Seguridad Social.Creo que el problema del déficit público hay que afrontarlo, no en forma simplista, descubriendo los fallos del sector público, ignorando los del mercado y concluyendo que el sector privado es, más eficiente para todo el público, y que, por tanto, hay que reducir el tamaño del mismo. Pienso que el diseño institucional del sector público actual es inadecuado, porque sus fanciones han tenido necesarimente que cambiar en las tres últimas décadas, mientras que las instituciones públicas no lo han hecho al mismo ritmo, pero que el problema es, exactamente, el de las funciones y la forma institucional más adecuada de realizarlas, de cuya solución se derivará un tamaño óptimo del sector público, pero que discutir en otro contexto el tema en sí del tamaño es poner los bueyes detrás de la carreta. Creo que dos ejemplos de instituciones económicas públicas muy importantes pueden ser significativos de este tipo de planteamientos: la Seguridad Social y la empresa pública.

Con muy contadas excepciones, el tema de la Seguridad Social se plantea en una de dos formas extremas.O0 se señala su déficit y los problemas organizativos y de gestión, concluyéndose que debe privatizarse en todas las actividades posibles -jubilaciones, asistencia sanitaria-, o se defiende que la Seguridad Social debe cubrir más generosamente que en la actualidad mayor número de contingencias. La primera posición tiene como valedores a los grupos de presión potenciales beneficiarios de la privatización (sistema finan ciero privado, médicos, farmacéuticos ... ), partiendo del juició político de que el Estado no debe intervenir en decisiones privadas tales como la aseguración de los in gresos familiares a lo largo del ciclo de vida, caiga quien caiga, que son siempre los que menos tienen. La segunda posición está defendiendo unas transferencias intergeneracionales de renta de los jóvenes a los viejos totalmente injustas e insostenibles a medio plazo.

¿Hay que reducir o ampliar la Seguridad Social? Éste no es,el tema. El problema estratégico qué es lo que se considera socialmente conveniente desde una perspectiva progresista que cubra la Seguridad Social, es decir, qué funciones tiene en una sociedad moderna y avanzada políticamente dicha institución pública. Esto conlleva una serie de decisiones políticas de gran importancia. Por ejemplo, contestar a la pregunta de si la asistencia médica se considera o no un bien público: si la contestación es afirmativa, tal y como es mi opinión, lo razonable sería sacarla del ámbito de la Seguridad Social y financiarla con cargo a los presupuestos del Estado mediante impuestos. En este caso, el que la estructura fiscal sea progresiva o no es crucial. Por ejemplo, contestar a la pregunta de si es mejor que la Seguridad Social cubra muchas contingencias en forma insuficiente o garantice una renta mínima admisible a todos los ciudadanos bajo cualesquiera circunstancias. Si se trata de lo segundo, como es mi creencia, esto implica sostener una posición política clara respecto a la distribución de la renta: es socialmente mejor una distribución con menor dispersión, pero mayor recorrido.

Equidad limitada

Y esto implica, a su vez, aceptar un grado limitado de equidad intergeneracional y regular sistemas complementarios, voluntarios o no de aseguración particular de. las familias. El resultado final de todo esto no es a priori, una Seguridad Social mayor o menor, sino más sana financieramente y más equitativa. El que sea mayor o menor es un problema del cálculo resultante.

Ante el déficit agregado de la empresa pública industrial se oyen cada vez más voces que señalan su necesaria privatización y la reducción imprescindible del sector público empresarial. ¿Es el mismo excesivamente grande? De nuevo se trata de un mal planteamiento a priori, porque el problema no es de tamaño, sino de los objetivos a lograr mediante el instrumento de política industrial que es la empresa pública.

Privatizar empresas públicas del sector de automoción tiene un sentido claro: en la medida en que se trate de empresas no multinacionales, no podrán sobrevivir en un sector hegemonizado por éstas y, por tanto, su venta a la iniciativa privada tiene un claro sentido. También es posible preguntarse qué función cumple el sector público industrial español en una actividad como la de construcción de maquinaria y bienes de equipo. Ambos son argumentos en favor de privatizaciones y, por tanto, reducciones del tamaño del sector público. Pero también es sensato plantearse que las condiciones de la economía española permiten defender como estrategia a medio plazo la consolidación de un sector alimentario moderno y no dependiente de " las multinacionales (v. g., piscicultura, conservas ... ), que el sector privado se muestra incapaz de construir. Y también cabe preguntarse qué función social cumplen las empresas privadas eléctricas, y por qué el país tiene que pagar los costes financieros acumulados por unas empresas privadas vitales para el funcionamiento de la economía derivados de su irresponsabilidad de inversiones en años precedentes. Son argumentos en favor de un aumento del sector público industrial.

El gran debate sobre la empresa pública en España está por hacer, pero, en cualquier caso, una estrategia adecauda no pasa por el problema de su tamaño y de la reducción de su déficit como únicas variables clave, sino por la discusión de la estrategia de industrialización del país y por la forma más adecuada y socialmente conveniente de instrumentarla. Y su resultado será necesariamente un cambio cualitativo muy importante de la empresa pública y, con seguridad, una empresa pública excesiva en ciertos campos e insuficiente en otros.

Creo que la apuesta en favor de las llamadas nuevas tecnologías está fuera de toda duda, y que la elección de un modelo tecnológico adecuado constituye una prioridad esencial desde el punto de vista estratégico para la economía española. Pero creo también que es fácil equivocarse al diseñarlo. Comentaré un caso que me parece paradigmático: el de la ATT.

Fabricar chips es, en principio, conveniente si se fabrican bien y se sabe qué hacer Con ellos; como lo es fabricar, por ejemplo, cerámica refractaria bajo idénticas condiciones. Lo que no es tan claro es que de ello se derive una mejora tecnológica para el país, ya que esto depende de la contestación a dos preguntas clave: ¿seremos dentro de cinco años capaces de fabricar chips por nuestra cuenta? y ¿sabremos dentro de cinco años utilizarlos mejor en los procesos productivos? Es claro que si la contestación es afirmativa no será por la ATT,, sino por otros motivos, entre los cuales el crucial será haber diseñado una política de dearrollo técnico y asimilación adecuada. Justificar los cuantiosos beneficios concedidos a la ATT para su instalación por razones tecnológicas es un despropósito, porque se tratará de un proceso de pura fabricación no asimilada; defenderlo desde el punto de vista del empleo resulta muy caro. Justificarlo en nombre de la estrategia particuar de la CTNE me parece lo único inteligible, pero en este caso, ¿por qué no decirlo así?, ¿por qué no discutir sobre la conveniencia o no de que los contribuyentes tengan que subvencionar la viculación de la Telefónica a las multinacionales del sector en detrimento del desarrollo de un sector tecnológico distinto?.

Falta de tecnología

De nuevo se trata de un problema que hay que plantearse dentro de una perspectiva estratégica de mayor horizonte. La carencia de un sector tecnológico propio constituye un estrangulamiento muy grave de la economía española, cuya competitividad como país avanzado no puede depender de los niveles relativos de salarios reales pagados en la década de los años sesenta.

Pero hacer una opción en favor de todas las tecnologías de punta es una autopía, e igualmente peligroso sería favorecer sólo las tecnologías blandas muy generadoras de empleo. La clave se encuentra en los procesos de difusión y asimilación, y esto exige un plan cienciatecnología realista a largo plazo, que considere como prioritaria la asimilación. de aquellas técnicas avanzadas que sean competitivas en los sectores en que quepa pensar que un esfuerzo continuado puede ser ventajoso para la industria española.

La opción por un modelo tecnológico que nos permita ser competitivos en todo es pura fantasía, y el abandono de los sectores tradicionales, un disparate.

Frente al modelo de competitividad para dentro de la división internacional del trabajo en el mundo quizá fuera más sensato plantearse un marco tecnológico que nos permitiera a medio plazo ser complementarios en el seno de un área económica supranacional como la Comunidad Europea, y competitivos como miembros de la misma frente al resto del mundo. Y no olvidemos que, si bien a corto plazo la tecnología determina los salarios reales eficientes, a largo plazo la causalidad es bidireccional, y en buena medida, cuales sean los salarios reales mantenibles en términos competitivos por la economía española dependerá crucialmente del modelo tecnológico elegido.

En la medida en que la crisis es de origen industrial, es claro que políticas de demanda diseñada para hacer frente a crisis de naturaleza muy distinta -como la de los años treinta- no constituyen una solución, sino sólo medicina sintomática. Habría resultado, por tanto, suicida instrumentar en los pasados años políticas expansivas de demanda, que habrían impedido el logro de los equilibrios básicos anuales y esterilizado toda política de saneamiento y disciplina financiera.

El ajuste logrado constituye el mayor activo de la política económica desde 1982, y es un capital que no debe dilapidarse en forma irresponsable pensando que nos podemos embarcar en una política de expansión indiscriminada. E incluso restan por terminar algunos aspectos del ajuste. Pero la economía española se ha saneado lo suficiente como para pensar que se pueden tratar de diseñar algunas políticas selectivas de demanda si el comportamiento del sector exterior sigue siendo satisfactorio, porque resulta un tanto paradójico que, dadas las condiciones internas, nuestra economía sea prestamista en términos netos del resto del mundo. Todo lo anterior significa que el Gobierno tendrá que diseñar políticas selectivas y discriminadas de expansión allí donde el ajuste se pueda considerar por terminado y que deberá utilizar la modesta palanca de la inversión pública con algo más de imaginación, no dedicándola solamente a obra pública civil.

Creo, en consecuencia, que el gran reto del Gobierno en la próxima legislatura va a ser cómo equilibrar adecuadamente la eficiencia y la equidad, tras un período en que la primera ha privado claramente sobre la segunda. Y la equidad implica un diseño del sistema fiscal, que no sólo persiga el aumento necesario de la capacidad recaudatoria, la fijación de unas ofertas concretas de bienes públicos, el diseño de una Seguridad Social que explicite nítidamente los componentes de transferencia inter e intrageneracional, la fijación de una línea de pobreza por encima de la cual se encuentren todos los ciudadanos por el hecho de serlo, y un acuerdo respecto al reparto de los aumentos de productividad global de la economía entre excedentes, rentas salariales y transferencias.

El mejor resultado que nos podría ofrecer a la mayoría de los ciudadanos un Gobierno socialista dentro de algunos años sería haber asumido -como ya lo ha hecho- las exigencias de la eficiencia en la asignación de los recursos, y resolver en forma progresista los interrogantes formulados en el párrafo precedente; porque la eficiencia, como fin de sí misma, es la supuesta característica de neoliberales y conservadores.