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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La aristocracia sindical

A Lo largo de las últimas semanas se han venido produciendo una serie de huelgas, o avisos de huelga, cuyo denominador común reside en la pertenencia de los huelguistas al sector público, entendido éste en el sentido amplio de la palabra. Pilotos, estibadores, médicos, transportes en común son algunos botones de muestra de este súbito, y preelectoral, resurgir de las reivindicaciones, algunas de ellas resueltas como por encanto. La proximidad de los comicios parece tener un efecto excitante para los asalariados del sector público y una influencia balsámica sobre los responsables de quienes depende atender las reivindicaciones.El hecho, sin embargo, de que las huelgas (o los avisos de huelga) se produzcan casi exclusivamente en el sector público y el que afecten a colectivos cuyas remuneraciones suelen situarse por encima de las del promedio plantea la cuestión de la eventual vigencia de aquello que los teóricos del movimiento obrero dieron en llamar aristocracia obrera. Es decir, aquellos colectivos cuyo papel en la producción les coloca en una situación privilegiada frente al resto de los asalariados.

El desarrollo de la crisis económica, la extensión del sector público y la persistencia de prácticas corporativistas han producido una fragmentación profunda de nuestra sociedad en colectivos poco solidarios los unos con los otros. A veces, las líneas de fractura tienden a oscurecer incluso las viejas distinciones de clase. Tal es el caso, por ejemplo, de las diferencias que existen entre aquellos trabajadores que gozan de puestos de trabajo prácticamente vitalicios y el inmenso colectivo de jóvenes que busca afanosamente su primer empleo, especialmente de aquellos, que han sufrido un tropiezo (antecedentes penales, accidente físico, formación profesional incompleta) antes de su incorporación 9 la población activa. Las diferencias entre estos colectivos son más importantes que las que separan a un cuadro, medio de un obrero especializado. También tienden a aumentar las diferencias que separan a los trabajadores que disponen de empleos estables (esencialmente, aunque no exclusivamente, quienes acampan en las nóminas públicas) de aquellos otros cuyo empleo está sometido a los avatares de la competencia y del mercado. El cierre de una empresa mediana en un barrio industrial de cualquier gran ciudad española despierta mucho menos interés que el apagado de un horno alto en Sagunto, y la situación en que quedan unos y otros trabajadores tiene pocos rasgos en común.

Para los sindicatos, esta situación plantea una serie de problemas de difícil solución. Efectivamente, un buen número de sus miembros se recluta dentro de estas categorías privilegiadas, pero eso les lleva, en ocasiones, a convertirse en portavoces de demandas que chocan con los intereses del resto de los asalariados. Hace algún tiempo podía pensarse que las ventajas que obtuvieran los unos se difundirían al resto de los trabajadores, razón por la que la lucha sindical en las empresas públicas tuvo un eco y una universalidad de la que hoy carece. La segmentación producida por la crisis económica, sin embargo, ha aislado a unas categorías de las otras y ha convertido en corporativismo lo que un día representó la vanguardia del movimiento obrero.

Algunos sindicatos de los llamados de clase han comenzado a distanciarse de las reivindicaciones de estos colectivos. Tal es el caso de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) en Francia, que ha realizado un notable esfuerzo de modernización y puesta al día del pensamiento sindical. El problema es complejo y no resulta fácil conciliar una visión amplia de los intereses de la clase obrera con prácticas que, en algunas ocasiones, están más cerca del sistema gremial de la Edad Media que de las necesidades y esperanzas del mundo moderno. Que estas cuestiones se planteen con mayor crudeza en período electoral no hace sino subrayar el carácter particular de las reivindicaciones de esos colectivos. La solución requiere, por parte de los responsables políticos, la firme decisión de hacer prevalecer en todo momento los intereses generales de la nación sobre los de cada grupo, por muy poderoso que éste sea.

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