El informe optimista de la OCDE

APENAS UNA semana antes de que comience la campaña electoral, se acaban de conocer los últimos datos de coyuntura de la economía, española y el informe anual que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realiza sobre la política económica en vigor. De este modo se obtiene el marco en el que finaliza la legislatura socialista, determinado de la manera más objetiva posible: datos estadísticos puros y el trabajo de una organización que, ¡aunque suele consensuar y limar muchas de sus conclusiones, analiza las economías de todos los países de nuestro entorno.El resultado es necesariamente ambigüo, aunque las autoridades económicas españolas, al presentar las cifras de inflación del mes de abril, el paro del primer trimestre y el informe de la OME, han procurado sacar provecho. Relacionando estos elementos, la OCDE opina que que aunque la inflación tienda a la baja (tendencia que todavía no puede ser considerada como definitiva) y el paro haya contenido su aceleración, ambas magnitudes se encuentran todavía muy lejos de las de los países europeos, por lo que los resultados de la gestión socialista pueden ser considerados como "mixtos". Las promesas de la Administración de que este año se reducirá el déficit público punto y medio, hay que tomarlas con precaución y observar su traducción real. También cabe la duda de ver cómo se compatibiliza la continuación en el ajuste que recomienda la organización, con el programa electoral socialista de obtener el mayor crecimiento sostenido posible, en una economía calificada como "ya saneada".

El informe de la OCDE sobre la economía española de este año presenta algunas novedades, de entre las que cabe destacar la extensión del texto, relativamente inhabitual y tal vez debida a que en el año pasado no se publicó. El informe contiene dos secciones especiales de muy distinto interés. En una de ellas se analiza el problema del desempleo en España y se ponen de relieve las rigideces del sistema de determinación. de los salarios en nuestro país. En la otra, se describen los problemas de la Seguridad Social, los energéticos y los de la reconversión industrial. El interés de esta sección es bastante escaso, pues los autores del informe renuncian explícitamente a emitir juicio analítico alguno. Todo queda en una larga, y a veces confusa, descripción de los problemas. Por lo demás, en su conjunto, el informe es de un optimismo moderado.

El interés principal se centra en las recomendaciones de política económica. Tras enumerar los logros obtenidos los dos últimos años, señala que los progresos en la lucha contra la inflación han sido "relativamente lentos" y que los objetivos de la política de rentas han sido poco ambiciosos. De estas premisas se obtiene la conclusión fundamental de que, en el futuro, el objetivo principal de la política económica debe consistir en acompasar el crecimiento de los precios y de los salarios al de nuestros vecinos, y ello a pesar del alto nivel de paro existente en España y de la persistencia de un fuerte excedente en las cuentas con el exterior, estimado en 5.100 millones de dólares en 1986 y 3.800 millones de dólares en 1987. Para los expertos de la OCDE, la reducción de las tensiones inflacionistas debe continuar siendo el objetivo prioritario de la política económica española.

Esta impresión se confirma cuando el informe sostiene que para que la política monetaria alcance el grado de credibilidad necesario es preciso que los objetivos de la misma se anuncien antes de fijar el marco de la política de rentas. La afirmación es discutible. El grado de credibilidad de la política monetaria en España ha sido, hasta el presente, lo suficientemente elevado como para no necesitar de modificaciones. Por otra parte, si el Estado renunciase a ocupar un lugar central en el proceso de concertación social, no habría problema de compatibilidad de objetivos entre la política monetaria y el crecimiento de las rentas. Los agentes sociales conocerían el marco general de la política económica y valorarían las consecuencias de un eventual abandono del mismo. Es la excesiva presencia del Estado en el proceso de determinación de los salarios la que conduce a la posibilidad de un conflicto de objetivos entre la política de rentas y la monetaria. La solución de este problema, por tanto, no debe buscarse en el ordenamiento temporal de los objetivos, sino en la correcta asunción de las funciones que a cada uno competen.

La Administración debe fijar el marco de la política económica y los agentes sociales deben negociar dentro de este marco o, si se salen de él, aceptar las consecuencias. Es de lamentar que los redactores del informe de la OCDE no hayan sabido plantear un problema de esta envergadura en los términos adecuados.

Finalmente, el informe aborda el problema del déficit público, reconociendo su importancia y la necesidad de reducir su cuantía. La cifra avanzada por la organización para el conjunto de las Administraciones públicas, según las definiciones de la Contabilidad Nacional, es la de un 6,1% del PIB en 1985, es dcir, 1,2 puntos más que en 1984.

Tanto para 1986 como para 1987 los expertos de la OCDE prevén un crecimiento del 2,9%. También prevén un aumento del empleo a partir de este año y una reducción de la inflación el año próximo. En todo ello son menos optimistas que las autoridades españolas, aunque no puede decirse que el tono general del informe sea pesimista. El peso dado a los problemas estructurales, especialmente al del empleo, significa que el enfoque básico de nuestros problemas es correcto, aunque a veces el informe sea farragoso y poco convincente.