El Gobierno autoriza por primera vez a inversores españoles, a comprar acciones de una empresa extranjera

La Dirección General de Transacciones Exteriores ha autorizado por primera vez, y en el marco de la liberalización de las inversiones españolas en el extranjero, la suscripción, por parte de personas jurídicas o físicas españolas, de acciones de Electrolux. La multinacional sueca acaba de lanzar en Londres una emisión de acciones para ampliar su capital social por importe de 300 millones de dólares (unos 42.000 millones de pesetas). La instrumentación de esta inversión no se llevará a cabo hasta que el Ministerio de Economía no dicte las nuevas normas sobre inversión española en valores extranjeros.

Electrolux ha reservado un volumen de acciones equivalente a 50 millones de dólares, algo más de 7.000 millones de pesetas, para posibles suscriptores españoles. A nivel global, la operación ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Transacciones Exteriores, aunque falta por definir la materialización individual de las autorizaciones correspondientes.Las negociaciones mantenidas entre la multinacional sueca y la Administración española para perfilar esta operación presentan una cláusula muy ventajosa para la economía española. Según los acuerdos alcanzados, Electrolux se ha comprometido a que todo el capital suscrito desde España será reinvertido, a través de Ibelsa-Zanussi, en España. Dicha decisión no excluye el posible cierre de la planta de Ibelsa-Zanussi en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La decisión de autorizar la inversión por parte de españoles en acciones de una empresa extranjera se ha producido en el marco del decreto-ley 2236 de 1979 actualmente vigente, que permite permisos discrecionales cuando lo considere la Administración. La normativa actualmente en vigor, y, que se quiere modificar de forma paulatina hasta su total adecuación a la existente en la Comunidad Europea antes del plazo establecido en el tratado de adhesión, permite que la Administración actúe selectivamente a la hora de autorizar o no salidas de divisas por parte de los inversores españoles.

De hecho, la legislación actual abría la posibilidad de que personas físicas y jurídicas adquirieran títulos de renta fija denominados en divisas emitidos por sociedades españolas u organismos internacionales en los que participara España, al tiempo que otorgaba a la Administración el poder discrecional de permitir o negar compras de acciones de empresas extranjeras.

Salidas de divisas

La primera posibilidad fue autorizada en 1979 y luego "congelada temporalmente" desde el verano de 1982, durante dos años, por períodos trimestrales, hasta que el nivel de reservas de divisas se recuperó. La salida de divisas que se produjo en los últimos meses del Gobierno de UCD y el plan de ajuste económico llevado a cabo por la Administración socialista aconsejaron esta suspensión. La autorización para comprar acciones de sociedades extranjeras no se había concedido hasta ahora.No obstante, esta autorización global no se concretará en las personas físicas o sociedades españolas hasta que el ministro de Economía y Hacienda no firme la orden ministerial, en estudio en la actualidad, por la que se liberalizará la inversión española en sociedades extranjeras, según declararon fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio.

La nueva normativa, actualmente en borrador, permite que los españoles -personas físicas o sociedades- inviertan una parte de su patrimonio en valores de renta fija -obligaciones o emisiones a tipos de interés fijo- o de renta variable, como es el caso de las acciones de Electrolux. En principio no va a haber limitaciones sobre la clase de valor en que se produzca la inversión y sí se pretende establecer unos topes sobre el volumen que cada inversor pueda colocar fuera de España, en fución del patrimonio de las personas físicas y del capital y reservas de las entidades.

Los expertos de la Secretaría de Estado de Comercio ultiman estos días la redacción del borrador de la nueva orden ministerial, que deberá ser aprobada por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y publicada en el Bole6n Oficial del Estado. Hasta que no se cumpla este último requisito no se podrá materializar la inversión en Electrolux.

Mantener el cierre

Por otra parte, la multinacional sueca Electrolux mantiene su postura de cerrar la factoría de Alacalá de Henares si la Delegación de Trabajo no aprueba el expediente de rescisión de contratos para 530 trabajadores o, en el cada vez más hipotético caso, llegase a aprobarse el plan de reconversión que Electrolux firmó con el Ministerio de Industria, para Ibelsa-Zanussi.Ayer se celebró la última reunión entre la empresa y los sindicatos, para intentar alcanzar un acuerdo de última hora -el expediente de rescisión está todavía en fase de consultas hasta mañana- que no fue posible. Mientras, tanto en medios sindicales -básicamente UGT- como empresariales crece la sensación de que la Delegación de Trabajo estaría dispuesta a aprobar el expediente de rescisión de contratos presentado por la empresa.