Otro fracaso del Gobierno

Transcurridos más de cuatro meses; desde que se iniciara la aplicación de las incompatibilidades, los ciudadanos españoles, usuarios y médicos, seguirnos, sin apreciar la más mínima mejora en la asistencia sanitaria. Ni las consultas se han desmasificado ni se ha elevado la calidad. Muy al contrario. La Administración ha continuado por la vía economicista que ha caracterizado los cuatro años de gestión socialista. El recorte de prestaciones ha llegado a extremos tan incomprensibles para un país desarrollado como la implantación de las consultas compartidas, mediante las cuales miles de enfermos pierden su derecho a ser atendidos por un médico para pasar a ser tratados por una enfermera.Por lo que respecta al sector médico, las incompatibilidades tampoco resuelven el elevado índice de desempleo que existe en la actualidad. En algunas áreas concretas, sin suficiente número de especialistas, incluso se han producido vacíos asistenciales. Se confirman así las predicciones de la Organización Médica Colegial (OMC), como también se confirman las intenciones del Ministerio de Sanidad, que ya el pasado año, en su publicación Oferta y demanda de médicos en España, explicaba cómo en la próxima década apenas se van a crear 1.000 nuevos puestos de trabajo.

El fracaso del Gobierno se ha mostrado asimismo en el sistema seguido para la aplicación de las incompatibilidades. En principio la misma, Administración afirmaba triunfalmente que el número de médicos declarantes era de 17.000, cuando, según las estimaciones de la OMC, el número de declaraciones debería rondar las 60.000, puesto que en esa cifra se estima el número de médicos que trabajan en alguna institución pública y además tienen ejercicio privado. Se trata de una compatibilidad que admite la ley, pero que obliga a declarar.

Medidas de presión

Así pues, la mayoría de los que tenían que declarar no declararon, y cabe pensar que gran parte de los declarantes no optó por uno de los puestos, como se les pedía, según se deduce de las comunicaciones oficiales y de las cartas enviadas por la Administración a los médicos en los dos últimos meses. Medidas de presión y apertura de expedientes disciplinarios por supuestos incumplimientos, que confirman la falta de efectividad de la estrategia planteada por el Gobierno para conseguir la renuncia espontánea de los médicos a sus derechos.

Junto a tal cúmulo de fracasos hemos asistido a la aprobación de una ley de Sanidad que en nada responde a lo prometido en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español ni a lo que inicialmente se propuso el Ministerio de Sanidad. No es, por, tanto, de extrañar que el Gobierno tratara de ocultar que su gestión no ha servido absolutamente para nada, recurriendo para ello al manido recurso de desprestigiar a los profesionales de la medicina, a quienes trata de presentar ante la opinión pública como los responsables de unos profundos males estructurales. Y así hemos llegado al fin de la primera legislatura socialista, que lejos de poner en marcha la reforma sanitaria que los españoles deseábamos, se ha servido del alarmismo y de la crispación para ocultar a la opinión publica lo que los médicos pensábamos.

Primero fue la acusación, lanzada desde los medios oficiales, de que la OMC había incitado a la desobediencia civil. Recordemos una vez más que la realidad fue muy diferente, y que en su día los asesores jurídicos de la OMC recomendaron a los médicos que pudieran estar afectados por las incompatibilidades que presentaran la declaración solicitada por la Administración pero sin incluir en la misma la opción de los puestos de trabajo, por entender que era la fórmula mejor para defender sus derechos.

Después vino el calificar de sanción la simple aplicación de la ley, y el hablar de sancionados al referirse a los que no habían optado por uno de los puestos que desempeñaban, por saber que la ley preveía dejarlos automáticamente en el que más les interesaba.

Por último, y ante las contradicciones y falta de argumentos de los dirigentes socialistas, los ataques a los médicos llegaron a extremos como el protagonizado por el director general del Insalud, quien llegó a afirmar que los facultativos que no habían presentado su declaración eran "los menos honrados", dando por entendida, la falta de honradez del conjunto del colectivo médico, acusación que ha llevado a la OMC a la presentación de una querella por presunto delito de injurias.

Una vez más habrá que repetir que en el caso de las incompatibilidades los médicos siempre hemos estado de acuerdo, no con la ley, actual, sino con una ley adecuada a las peculiaridades del sector sanitario que respete los derechos legítimamente adquiridos y por la, cual el facultativo se dedique a un puesto único y adecuadamente retribuido.