El Canal de Isabel II y el Ayuntamiento, enfrentados por el pago del agua

"Nos quieren aplicar el mismo reglamento que a todas las empresas públicas, y se olvidan de que hay un convenio firrnado desde tiempo inmemorial cuya última redacción data de 1972. Si el Ayuntamiento no está de acuerdo con este convenio, que lo denuncie y se buscará un nuevo sistema", manifestó Miguel Aguiló, viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal.La diferencia de posturas entre ambos organismos es sustancial. "El Ayuntamiento no debe pagar nada del agua que se consume en servicios públicos, y eso supone que tampoco debería hacerlo en instalaciones como oficinas y matadero y otras como las piscinas o los colegios nacionales", opina Alfredo Tejero, concejal de Hacienda."El agua de una piscina municipal han de pagarla los que se bañan, y no el resto de los madrileños. Y lo mismo ocurre con las demás dependencias municipales", aseguró Aguiló, quien considera que el Ayuntamiento se está beneficiando del convenio. "Nuestra opinión es que el Ayuntamiento está consumiendo más agua de la que se preveía, al haber multipilicado el número de zonas verdes. La compañía del Canal, aun sabiendo que sale perjudicada, no denuncia el convenio, porque iría en perjuicio de los madirileños. Si el Ayuntamiento quiere denunciarlo, que lo haga", manifestó Aguiló.

Aguiló y Tejero coincidieron en que la situación actual sólo permite hacer estimaciones sobre el consumo no facturado, al no haber contadores en las bocas de riego. Las estimaciones del Canal indican que se pueden estar dejando de facturar unos 2.000 millones de pesetas al Ayuntamiento por el agua que sale de las 50.000 bocas de riego y por la que se consume en las 1.400 fuentes públicas y las 90 fuentes ornamentales repartidas por la ciudad.

Téjero, por su parte, afirmó que los impuestos que debería pagar el Canal alcanzarían una cifra superior a la teórica factura del agua consumida por estos servicios, por lo que creen justo no pagar el agua en el resto de servicios públicos. "Sólo la tasa de ocupación de suelo, vuelo y subsuelo senía el 1,5% de la facturación total, que es muy alta", dijo Tejero.

La facturación prevista para este año por el Canal alcanza los 14.000 millones de pesetas, por lo que la aplicación de esta tasa supondría el pago, de 210 millones.

La solución para determinar cúal de los organismos tiene razón sería la instalación de contadores en las bocas de riego, sistema que, al parecer, ninguno de los dos organismos pretende, por su excesivo coste.