Unos 4.000 contribuyentes, perjudicados por un fraude superior a 1.000 millones de pesetas en el impuesto sobre el lujo

ANDREU MISSÉ Unos 4.000 contribuyentes han resultado perjudicados por un fraude superior a los milIones de pesetas en el pago del impuesto sobre el lujo, realizado por más de 15 vendedores y concesionarios de automóviles en varias localidades catalanas, principalmente Sabadell, Badalona, I'Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet, Igualada y Manresa, entre otras.

Aunque las irregulariades se efectuaron antes de abril de 1982, sus efectos no se conocieron hasta féchas muy posteriores y en algunos casos los perjudicados aún no han tenido conocimiento de ello.

Los perjudicados por el fraude son compradores de vehículos a plazo que pagaron el impuesto al concesionario confiando en que éste lo ingresaría posteriormente a Hacienda y que les entregarían las cartas de pago al final de la operación. Con la legislación anterior, el contribuyente disponía de un mes para pagar a Hacienda, después de la matriculación del vehículo. Ello suponía una importante fuente de finaciación para los concesionarios, que aplazaban indefinidamente los pagos, ya que los recargos por atrasos eran muy reducidos. Lo que se inició como un sistema irregular de financiación de los vendedores acabó en un importante fraude, pues al final muchos prefirieron cerrar el negocio a pagar la deuda que Hacienda había descubierto.

En los últimos días, el servicio de recaudación de la Generalitat ha incrementado sus actuaciones, con más de 30 requerimientos diarios, exigiendo las correspondientes cartas de pago a los contribuyentes que figuran como deudores del impuesto. Ello ha provocado un notorio malestar entre los afectados, que descubren ahora que el impuesto que pagaron a los vendedores de los vehículos no fue ingresado a Hacienda. A raíz de estas actuaciones han cerrado los establecimientos Dofer, en I'Hospitalet de Llobregat, y Autostadi, en Sabadell, dejando numerosos perjudicados, según fuentes de la Generalitat.

A partir de abril de 1982, la Administración modificó el sistema de recaudación y exigió el certificado de la carta de pago del impuesto sobre lujo como requisito previo para la matriculación. Este tipo de irregularidades se ha detectado también en otras comunidades autónomas.

Difícil reclamación

La Generalitat ha enviado más de 10.000 requerimientos a los contribuyentes que aparecían -como deudores. Los afectados se dirigieron a los vendedores, a quienes habían satisfecho el impuesto, los cuales en muchos casos optaron por pagar la deuda para evitar que se decubriera el fraude. Por esta vía, la Generalitat ha recuperado más de 600 millones de pesetas que había deja de ingresar la Administración central antes de 1982, cuando el tributo aún no se había cedido al Gobierno catalán. En otros casos, ante el gran volumen de la deuda reclamada, algunos vendedores optaron por cerrar sus establecimientos y desaparcer, dejando a más de 4.000 perjudicados. La reclamación de éstos resulta muy difícil. Por una parte, la Administración persigue a los compradores, que son los sujetos pasivos, según la ley. Éstos pueden reclamar a su vez por la vía judicial, procedimiento, que está resultando infructuoso. La Administración ha dado facilidades a los perjudicados, procurando eliminar las sanciones.