La delegación del Gobierno en ACESA pide a Economía que investigue posibles infracciones monetarias y fiscales

La delegación del Gobierno en Autopistas, Concesionaria Española, SA (ACESA), ha presentado varios informes a las direcciones generales de Transacciones Exteriores y de la Inspección Financiera y Tributaria del Ministerio, de Economía para que investiguen la posible existencia de infracciones fiscales o monetarias en el pago de 540 millones de pesetas por el ex presidente de la sociedad José María González Vallés, tras la denuncia de la desaparición de esta cantidad por el actual presidente, Carlos Bustelo. La denuncia alcanza al período de 1979 a 1983.

La decisión de remitir los citados informes a Transacciones Exteriores ya la Inspección Financiera y Tributaria se adoptó después de conocer una resolución favorable del servicio jurídico de la delegación del Gobierno. Tras analizar la documentación disponible, el servicio jurídico aconsejó instar a la Administración para que investigase varias de las operaciones realizadas.Uno de los aspectos que despertó más inquietud a los servicios jurídicos fue que el reintegro de, 540 millones de pesetas realizado por el ex presidente de ACESA González Vallés el pasado 14 de febrero para liquidar la cuantía "a que se limita el escrito de denuncia" fuese realizado a través de un banco extranjero, el Bank of London, South America, lo que podría suponer la realización de algunas operaciones exteriores no declaradas.

Se da la circunstancia de que el descubrimiento de las irregularidades se produjo al renegociarse unos créditos exteriores concedidos en francos suizos a ACESA. Actuó como agente de la operación Creafin, SA, filial del grupo Rothschild Bank AG de Zúrich, por cuya gestión se habría minutado a Barosa, SA -otra filial del grupo en España-, una cantidad superior a los 23 millones de pesetas. Posteriormente, un directivo del grupo Rothschild de Zúrich negó que la citada minuta tuviera que ver con los mencionados créditos, lo que provocó sospechas de posibles irregularidades en la obtención de créditos exteriores.

Cuantiosas pérdidas

Desde que se presentó la denuncia, en mayo de 1985, la delegación del Gobierno en ACESA ha efectuado un control especial sobre todas las actuaciones efectuadas por el consejo de la sociedad. Además de las actividades de vigilancia e inspección estipuladas por la ley -que realiza la delegación del Gobierno en ACESA por tratarse de una concesión estatal- se ha desplegado un celo especial en el control a la vista de las cuantiosas pérdidas que la red de autopistas ha ocasionado al Estado, especialmente por el seguro de cambio. Aunque la explotación de ACESA es muy positiva (1.609 millones de pesetas de beneficio según los resultados del balance), el Estado tuvo que aportar a esta sociedad 13.800 millones de pesetas en concepto de seguro de cambio en 1984. El coste global del seguro de cambio de todos los créditos exteriores recibidos por el conjunto de autopistas españolas en 1984 ascendió a 54.332 millones. La intervención de la Inspección Financiera y Tributaria y de Transaccionea Exteriores, con instrumentos administrativos mucho más ágiles y rápidos, frente a los lentos procedimientos judiciales, puede acelerar el esclarecimiento, según fuentes de la Administración.Paralelamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, que instruye las diligencias sobre el caso, dictó a principios de abril una provideracia en la que consideraba necesarío oír al antiguo director financiero de la entidad Ángel Fernández de la Puebla y a los representantes legales de las sociedades intermediarias que aparecían en la denuncia, a través de las cuales se había canalizado la salida de más de 500 millones de pesetas de la sociedad.

Las irregularidades de ACIESA han despertado también cierta inquietud en círculos de la abogacía madrileña por las acusaciones -vertidas en la denuncia- de que algunos letrados se habrían prestado a librar minuitas por varios millones de pesetas respecto a servicios que no se habían realizado, con lo que, al parecer, sólo se pretendía daz apariencia de normalidad a un sistema de salida irregular de fondos que, según la denuncia, volvían al anterior presidente.