Gestiones para que vuelvan a Libia los españoles expulsados

El Gobierno está gestionando el regreso a Libia de los 40 trabajadores españoles que fueron expulsados de ese país, y no teme que se produzcan nuevas; repatriaciones forzosas, según afirmaron fuentes diplomáticas. Ayer se celebró una reunión en el Ministerio español de Asuntos Exteriores, a la que asistieron representantes de las empresas españolas que mantienen contratos con ese país. Fuentes diplomáticas españolas afirmaron también que no habrá sanciones económicas contra Libia, saliendo al paso de las declaraciones hechas el domingo por el director general de Política Comercial Multilateral, del Ministerio de Economía y Hacienda, Apolonio Ruiz Ligero, quien afirmó que se había estudiado un boicoteo comercial.

En el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, se reunieron ayer por la mañana el subsecretario del departamento, Fernan do Perpiñá-Robert, y los directores generales de Asuntos Consulares y Relaciones Económicas Internacionales, Rafael Pastor Ridruejo y Carlos Blasco, con directivos de las 10 empresas españolas que tienen, contratos en ejecución con Libia.Además de Ferrovial y Watt -empresas a las que pertenecían los 40 trabajactores expulsados de Libia el pasado jueves-, asistieron directivos de Entrecanales, Cubiertas y Tejados, Dragados y Construcciones, Agromán, Sintel, Cobra, Irribello y Foster Wheeler.

Aparte de los 40 españoles, fue expulsado también la pasada semana, un ciudadano marroquí que trabajaba en Libia para una empresa española. Los empresarios transmitieron a los representantes de Asuntos Exteriores su "preocupación" por la crisis en las relaciones con Libia, y los efectos que ésta puede tener sobre el trabajo que realizan en ese país.

Medida perjudicial

Según uno de los, asistentes, los diplomáticos españoles afirmaron que -en contra de lo dicho el domingo por Apolonio Ruiz Ligero- no se prevén sanciones económicas contra Líbia.En apoyo, de esta tesis se dijo que este tipo de medidas se tomaría, en cualquier caso, de acuerdo con los otros 11 países de la Comunidad Europea (CE), que no han adoptado por ahora esa posibilidad.

"Ese tipo de medidas es perjudicial para todos y no suele dar resultados satisfactorios", dijo Carlos Blasco. "Esa es una alternativa en la que no se debe pensar", concluyó. Los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmaron también que el deseo del Gobierno es restablecer la normalidad en las relaciones con Libia -cuyo mercado considera "de gran interés"-, y que para ello se espera que puedan regresar los trabajadores expulsados y no se produzcan nuevas expulsiones.

Los diplomáticos afirmaron que el Gobierno está realizando gestiones en este sentido y que esperan que den resultado. En la actualidad, continúan en Libia unos 350 trabajadores españoles.

La reunión celebrada ayer en el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba convocada, en principio, para tratar sobre los problemas consulares de las empresas españolas que trabajan en Libia, e informar a estas sociedades sobre la crisis diplomática entre ambos países.

Sin embargo, los empresarios sacaron a relucir también su preocupación por las deudas que el Gobierno libio y empresas de aquel país tienen contraídas con ellos.

Paradero desconocido

Desde hace dos años el Gobierno español trata de gestionar los impagos libios, que en la actualidad ascienden a una cifra que oscila entre 80 millones y 90 millones de dólares (entre 11.600 millones y 13.050 millones de pesetas). Entretanto, sigue sin abandonar España, y en paradero desconocido, uno de los 11 libios -un diplomático, dos administrativos, tres estudiantes y cinco profesores de la escuela El Fatah de Madrid- expulsados por el Gobierno, siguiendo la decisión tomada por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea.

Expulsión recurrida

Francisco Ruiz, uno de los abogados que se ha hecho cargo de la defensa del estudiante libio Abderramán Ben Hamida, sobre el que pesa una orden de expulsión dictada por el Gobierno español, manifestó ayer a este periódico que su cliente se encontraba en Alicante.De este modo, el abogado salía al paso de las declaraciones de portavoces del Gobierno Civil de esa provincia, que no descartaron el domingo que Ben Hamida hubiera abandonado ya España. Francisco Ruiz agregó que el estudiante libio se halla a la espera de la decisión de los tribunales.

Los abogados, defensores de Ben Hamida han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden de expulsión y confían en que la Sala de lo Contencioso-administrativo adopte una resolución en su reunión de mañana. El estudiante árabe no se presentó en comisaría la semana pasada para ultimar los preparativos de su salida de España.

La policía alicantina busca a Ben Hamida desde hace varios días.

Por otro lado, según afirman fuentes jurídicas, la Fiscalía General del Estado solicitará probablemente a la Audiencia Nacional la paralización del expediente de expulsión del libio Abderramán Ben Hamida.

Por su parte, la Asociación pro Derechos Humanos se dirigió ya la semana pasada al ministro del Interior para pedirle asimismo que el expediente de expulsión contra el alumno árabe fuese paralizado.